En mayo de 2021, el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador (GTRM)  llevó a cabo su tercera ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA por sus siglas en inglés) para identificar las necesidades y prioridades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Más de 120 encuestadores de 21 organizaciones socias encuestaron a 2.278 grupos familiares1 representando a más de 9.000 personas. La mayoría de los respondientes fueron mujeres (80,6 por ciento) y representaron a hogares con un promedio de 3,9 personas2. 

De acuerdo a la JNA, las necesidades principales de las personas venezolanas en Ecuador incluyen el acceso a alimentación (87 por ciento), al empleo/medios de vida (65 por ciento), al alojamiento/albergue (53 por ciento) y el acceso a servicios de salud (25 por ciento). Sin embargo, algunos de estos resultados varían según el tiempo de permanencia en Ecuador3  ya que la importancia del acceso a la educación y documentación es mayor para quienes llevaban más de un año en el país. Del 46 por ciento de los grupos familiares encuestados con niños y niñas en edad escolar, una preocupante tasa del 32 por ciento no asistía a la escuela (incluyendo educación virtual). Además, el 5,3 por ciento de los grupos familiares tenía personas de la tercera edad, 9,3 por ciento personas con alguna discapacidad y el 18,5 por ciento tenía personas con enfermedades crónicas. Entender estas realidades demográficas de la población  meta es clave para diseñar intervenciones que aborden las necesidades y promuevan la inclusión y el acceso a servicios de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.

Con respecto a los grupos etarios, el 45 por ciento de las personas venezolanas encuestadas tenían entre 26 y 35 años de edad, representando una población joven en edad productiva y con gran potencial de contribuir positivamente al mercado laboral. En términos del acceso a medios de vida, el 38,5 por ciento de las personas refugiadas y  migrantes de Venezuela encuestadas están desempleadas, comparado con el 6,3 por ciento de sus pares ecuatorianos4.  El promedio de ingresos laborales mensuales individuales de los grupos familiares encuestados (USD 50,15 por persona) se encuentra por debajo de la línea de pobreza nacional (USD 84,05). En este contexto, y en el marco del nuevo ejercicio de regularización anunciado en 2021 por el Gobierno del Ecuador – un proceso que actualmente está en fase de planeación y cuya implementación se prevé para 2022 – los socios del GTRM planean priorizar la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes. Esto incluye promover su autosuficiencia y su empoderamiento para que puedan satisfacer sus necesidades de manera segura y sostenible, al tiempo que generan ingresos y potencian la economía local. Con un 73 por ciento de los grupos familiares viviendo en Ecuador durante más de un año y afirmando que planean seguir viviendo en Ecuador, resulta clave avanzar en su integración socioeconómica. Por otro lado, con un 37 por ciento de los grupos familiares  reportando haber experimentado discriminación o incidentes de xenofobia, los socios del GTRM planean darle continuidad a acciones que aborden la xenofobia, que representa uno de los obstáculos para la integración social de personas venezolanas y que tiene un impacto negativo sobre su acceso a servicios y las oportunidades de integración.

La documentación también representa una barrera significativa para la integración en Ecuador. El 62 por ciento de las personas venezolanas encuestadas no tiene visa o su permiso ha expirado, y se encuentra, por ende, en situación irregular; esto coincide con la tendencia sobre la irregularidad reflejada en otros estudios interagenciales que serán referenciados en este capítulo y con los datos oficiales de población publicados y actualizados regularmente en r4v.info. Las iniciativas de regularización en el país deberán tener en cuenta todos los tipos de documentos de país de origen que tienen o necesitan las personas venezolanas para poder diseñar un proceso que sea accesible para la mayoría. Por ejemplo, la JNA indicó que el 69,1 por ciento tiene una tarjeta de identidad válida, mientras que sólo un 24,9 por ciento tiene un pasaporte expirado; 19,8 por ciento tiene un pasaporte válido; 9,7 tiene una tarjeta de identidad válida; y el 3,7 por ciento no tiene documento de identificación alguna.

Escenario de planificación específico del país

Ecuador es un país de tránsito y destino para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, a pesar de los cierres de fronteras y restricciones de movimiento impuestas para combatir la pandemia por COVID-19. La creciente irregularidad de estos movimientos ha resultado en mayores riesgos de protección y altas vulnerabilidades para las personas refugiadas y migrantes, e implica desafíos para los socios del GTRM que buscan identificar y asistir a personas con necesidades. Los socios del GTRM en Ecuador desarrollaron un Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos, validado por las autoridades nacionales, para identificar los flujos de población, estimar movimientos irregulares, planificar respuestas y proveer la asistencia relevante.

Luego de las elecciones de 2021, el Gobierno ecuatoriano entrante anunció un nuevo ejercicio de regularización para abordar las necesidades de cientos de miles de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en situación irregular y promover su integración económica y social. En 2022, este ejercicio incluirá los procesos de registro y de recolección de datos adicionales sobre la situación actual de las personas venezolanas en Ecuador. El GTRM contribuirá a este proceso apoyando el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operacionales del Gobierno, facilitando la comunicación con las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, y coordinando la implementación del proceso en los territorios. La regularización irá de la mano de los esfuerzos de integración, permitiendo a los socios del GTRM abordar las necesidades humanitarias de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que serán identificadas a lo largo del proceso.

Asumiendo que las personas venezolanas seguirán entrando al país por rutas irregulares, se estima que 551.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela estarán viviendo en Ecuador para finales de 2022, mientras que unas 252.000 estarán transitando a países terceros durante todo el año.

En 2022, las 53 organizaciones socias del GTRM se enfocarán en abordar las necesidades humanitarias, de protección, y de integración de las personas venezolanas en las 24 provincias del país. Esto incluye la provisión de apoyo técnico y material para el Gobierno,  así como la  asistencia directa a las personas refugiadas y migrantes para promover su acceso al nuevo proceso de regularización. En paralelo, los socios del GTRM priorizarán la promoción del acceso a empleo decente, el apoyo al autoempleo, la reducción de la xenofobia, mejorar el acceso a servicios financieros, redes de seguridad social y a la documentación, al igual que otras estrategias que permitan la autosuficiencia de las personas refugiadas y migrantes y su integración en Ecuador. En donde sea apropiado, los socios del GTRM proveerán asistencia monetaria multipropósito y sectorial en efectivo y cupones (CVA por sus siglas en inglés) y promoverán la complementariedad entre CVA y los medios de vida, para evitar la dependencia en la asistencia humanitaria y contribuir positivamente a la reactivación de la economía del país. Las alianzas con actores de desarrollo, instituciones financieras y el sector privado permitirán promover la sostenibilidad y la visión a largo plazo de la integración de personas refugiadas y migrantes en Ecuador.

Las organizaciones socias del GTRM trabajarán en coordinación con actores del Gobierno nacional, así como con gobiernos locales relevantes, para desarrollar sus capacidades y fortalecer el sistema de asilo y los servicios migratorios, así como abordar los riesgos de protección. Además, buscarán transversalizar la  movilidad humana en las políticas públicas para fomentar la inclusión de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los sistemas de protección social y servicios públicos como la salud, educación y WASH. Estrategias inclusivas de protección e integración priorizarán a personas venezolanas  en necesidad viviendo en Ecuador, al igual que a personas en situación de vulnerabilidad en las comunidades de acogida más afectadas, en particular en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Se estima que cuatro ciudades albergan más de la mitad de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela: Quito, Guayaquil, Manta, y Cuenca, respectivamente5. 

La respuesta también abordará las necesidades más urgentes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades de acogida afectadas para salvaguardar su bienestar, enfocándose en las vulnerabilidades y preocupaciones de protección que surgen de los movimientos irregulares y el impacto sobre la población local. Asistencia alimentaria y no alimentaria (NFI por sus siglas en inglés), albergue temporal, comunicación con comunidades (CwC, por sus siglas en inglés), manejo de casos de protección (para la reunificación familiar, casos de Violencia Basada en Género (VBG), niños y niñas separados o no acompañados, entre otros) y otras formas de asistencia de emergencia serán provistos en su mayoría a personas venezolanas en tránsito por Ecuador, particularmente en provincias fronterizas como Carchi y El Oro. No obstante, también se tendrá en cuenta a aquellas personas viviendo en contextos vulnerables en otras zonas, al igual que las necesidades de sus comunidades de acogida en el marco del impacto económico provocado por la pandemia por COVID-19. Los programas de transferencias monetarias para comida, salud, alojamiento y otras respuestas sectoriales complementarán  la asistencia entregada en especie y será provista tanto a personas en tránsito como aquellas que viven en Ecuador en situaciones de vulnerabilidad, con el fin de salvaguardar su bienestar y apoyar los mercados locales.

La priorización geográfica de la respuesta se basará en las necesidades identificadas a través de la JNA, la revisión de datos secundarios y otra información relevante. Los criterios de focalización serán aplicados con base en metodologías de priorización teniendo en cuenta consideraciones socioeconómicas y de protección al igual que herramientas de coordinación interagenciales. Se mejorará la comunicación en doble vía para involucrar a personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida a lo largo del ciclo programático y para recibir insumos directos durante la toma de decisiones, con base en mecanismos sólidos y proactivos de retroalimentación. Esto implica tener en cuenta sus necesidades, preocupaciones y capacidades en todas las fases de la respuesta humanitaria, respetando el derecho a ser escuchados y a estar involucrados en las decisiones que les afectan.

Consideraciones de género y edad se han integrado en el proceso de planificación, incluyendo el Marcador de Género y Edad (MEG), con más del 50 por ciento de los socios del GTRM buscando transversalizar el género, edad y discapacidad, y otro 17 por ciento enfocado en transversalizar la igualdad de género. Por otro lado, aproximadamente el 60 por ciento de los socios en Ecuador reportaron que evaluaciones ambientales incidieron parcialmente en el diseño de sus actividades dentro del plan de respuesta.

Con respecto a la prevención, respuesta y mitigación del riesgo de VBG, el Sector de Protección y sus Sub-sectores trabajarán de manera complementaria con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno para implementar protocolos de VBG y organizar capacitaciones sobre la protección de personas LGBTIQ+ en contextos de desplazamiento. El Sector de WASH priorizará las medidas de higiene menstrual, el acceso a servicios para personas con discapacidades, y asegurar un acceso seguro a infraestructuras sanitarias en escuelas, albergues temporales y a lo largo de las rutas para mitigar los riesgos de VBG. El Sector de Educación promoverá la educación integral sobre la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.

En cuanto a la Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS), la estrategia del plan de respuesta 2022 en Ecuador incluye al Sector de Seguridad Alimentaria con la implementación de evaluaciones de riesgos con actores e instituciones que proveen servicios de alimentación, incluyendo albergues y comedores. La estrategia incluye, además, la identificación de puntos focales de PEAS entre los diferentes socios por parte del Sub-sector de Protección de la Infancia; y el desarrollo de iniciativas que fortalezcan capacidades sobre PEAS con todos los socios, bajo el liderazgo del Sector de Protección y sus Subsectores.

Los principios de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP por sus siglas en inglés) y de la Centralidad de la Protección estarán en el centro de todas las intervenciones de los socios del GTRM, considerando siempre las capacidades, necesidades y vulnerabilidades de las personas refugiadas y migrantes. El principio de ‘acción sin daño’ será otra consideración clave durante procesos de seguimiento y monitoreo a la respuesta. Esto con el fin de identificar cómo las actividades del GTRM han afectado el bienestar de las personas refugiadas, migrantes y las comunidades de acogida, a fin de adaptar las intervenciones de los diferentes socios de la plataforma nacional. El Sector de Seguridad Alimentaria realizará ejercicios de monitoreo post-distribución, mientras que el Subsector de VBG llevará a cabo encuestas de satisfacción. Además, se realizará una retroalimentación continua a través de metodologías participativas, Evaluaciones Conjuntas de Necesidades, y Evaluaciones Rápidas Interagenciales, entre otras iniciativas, que contribuyan a las decisiones programáticas de los socios del GTRM. Se fortalecerá la comunicación con comunidades (CwC) para asegurar el acceso efectivo a información sobre servicios disponibles, derechos y responsabilidades, en estrecha colaboración con organizaciones de base comunitaria para así potenciar sus capacidades locales. Para ello, los socios del GTRM buscarán desarrollar campañas y productos intersectoriales que brinden información a personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida sobre cómo acceder a programas y/o servicios en idiomas, formatos y medios de comunicación entendibles y apropiados culturalmente.

[1]        Debido a restricciones impuestas para combatir la pandemia por COVID-19, la encuesta se llevó a cabo por teléfono y alcanzó a personas venezolanas en 21 de las 14 provincias. La población meta corresponde a hogares compuestos de personas venezolanas o grupos familiares mixtos (con personas ecuatorianas y venezolanas) residiendo en el país o en tránsito a través de Ecuador y que reciben o han recibido asistencia (en los últimos 12 meses) de los socios del GTRM. El tamaño de los hogares oscilaba entre uno y cuatro miembros, pero había algunos de hasta 12 personas. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario estructurado en KOBO en mayo de 2021. https://www.r4v.info/es/documenVgtrm-ecuador-eva/uacion-conjunta-necesidades-mayo-2D21

[2]        En las bases de datos utilizadas para llevar a cabo la encuesta, la mayoría de las personas beneficiadas eran mujeres. Todas las personas encuestadas respondieron preguntas sobre el hogar entero que representan. Sin embargo, la encuesta también incluyó a personas sin familiares acompañantes. Los resultados fueron también reflejados.

[3]        Alojamiento/albergue es la segunda necesidad más grande para familias que llevan en el país menos de seis meses, y desciende a tercer nivel para grupos familiares que llegaron antes. Para familias que llevan en Ecuador menos de un mes, la documentación, artículos de higiene y el transporte son necesidades significativas.

[4]       INEC, Encuesta Nacional de Empleo,Desempleo y Subempleo, Mayo 2021: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/inec-publica-cifras-de-empleo-de-mayo-2021-2/

[5]        Con base en datos de escolaridad del Ministerio de Educación, año escolar 2020 – 2021

La JNA demostró que la falta de recursos financieros y/o ingresos es uno de los obstáculos principales para que las personas venezolanas puedan cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, entre más alto sea el ingreso, mayor fue el número de hogares venezolanos que reportó tener acceso suficiente a alimentos. Agravado por la pandemia por COVID-19, aproximadamente un 37 por ciento de las personas venezolanas viven en situación de pobreza, mientras que el 28 por ciento vive en situación de pobreza extrema6. Además, el 66 por ciento de los grupos familiares venezolanos encuestados que tuvieron que mudarse de sus hogares mencionaron que lo hicieron en busca de un alojamiento más económico. El acceso a servicios también ha sido limitado por la falta de recursos económicos para cubrir los costos del  transporte, de la tecnología para acceder a la educación virtual, de medicina y pagos de documentación, entre otros. De acuerdo a la JNA, un hogar venezolano de hasta cuatro miembros tiene un promedio combinado de ingresos de tan solo USD 158,20 al mes. Esto es considerablemente menos que el costo de la canasta familiar básica de familias ecuatorianas de cuatro personas (USD 712,85) o el costo de la canasta familiar vital (USD 502,90). Mientras que el 52 por ciento de los hogares venezolanos reportaron contar únicamente con  ingreso laboral, también se reportó que la fuente principal de ingreso no laboral corresponde a la asistencia humanitaria (31,9 por ciento), incluyendo aquella provista por los socios del GTRM.

Más actores humanitarios en Ecuador han empezado a utilizar PTM como modalidad de implementación a raíz de la pandemia por COVID-19: para el plan de respuesta del 2022, 21 socios planean realizar PTM sectorial (incluyendo los sectores de Seguridad Alimentaria, Salud, Alojamiento y Educación), mientras que 20 socios entregarán asistencia multipropósito a través de transferencias monetarias recurrentes o de una sola entrega. Los PTM representan el 24 por ciento (USD 70 millones) de las actividades del RMRP 2022 en Ecuador. El Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias  Monetarias (PTM) coordinará las modalidades de efectivo y/o cupones, para asegurar que sean complementarias. Esto incluye adaptar los montos de las transferencias al costo de vida y canasta familiar; alinear el PTM en todas las provincias y organizaciones; armonizar los mecanismos de transferencia; y abogar por que se mejore el acceso a servicios financieros y se flexibilicen los requerimientos de Conozca a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés, estándares de identificación y autenticación para servicios financieros) para personas refugiadas y migrantes.

Los hogares venezolanos consultados a través de la JNA priorizan gastos relacionados a alimentación, vivienda, salud, educación e higiene. Por ende, la primera prioridad del Grupo de Trabajo de PTM será apoyar a que los socios del GTRM hagan una transición gradual de efectivo y/o cupones sectoriales hacia programas de transferencia multipropósito, incrementando los fondos transferidos bajo programas de asistencia multipropósito. Para lograrlo, el Grupo de Trabajo proveerá asistencia técnica a actores que implementan PTM y apoyará estudios que ayuden en el diseño de las intervenciones.

La segunda prioridad será seguir involucrando a proveedores de servicios financieros para ampliar las soluciones disponibles que permitan entregar las transferencias monetarias a personas refugiadas y migrantes de Venezuela, muchas de las cuales no poseen documentación válida. El Grupo de Trabajo compartirá experiencias y soluciones de otros países con el fin de aplicarlas en Ecuador a través de iniciativas como la Declaración Conjunta de Asistencia en Efectivo de la ONU (UNCCS por sus siglas en inglés), la Red Colaborativa para la Entrega de Efectivo (CCD por sus siglas en inglés) y la Asociación de Aprendizaje de Asistencia en Efectivo (CaLP por sus siglas en inglés).

La tercera prioridad será promover el intercambio de buenas prácticas entre socios sobre el monitoreo de los resultados de los PTM multipropósito y recolectar evidencia que permitan mejorar el diseño de las actividades.

[6]        PMA, Evaluación de Seguridad Alimentaria (EFSA), 2021: https://www.r4v.info/es/document/pma-analisis-de-vulnerabilidades­-socioeconomicas-de-la-poblacion-venezolana-en-ecuador