Patricia salió de Venezuela sin saber que nunca regresaría. Como microbióloga, su trabajo la llevó a una conferencia en Costa Rica, donde se vio obligada a quedarse después de que su esposo le advirtiera que su seguridad en casa estaba en riesgo.

Estuvo sola durante nueve meses mientras trabajaba para traer a su familia, comenzando desde cero. Primero encontró una casa vacía donde vivir, donde lloraba cada noche antes de dormir, pero una red de amistades costarricenses la ayudó a reconstruir su vida. “Llegaron con camas, una nevera, una cafetera, una licuadora, sábanas, toallas, ropa…”, recuerda Patricia. “No tenía cómo agradecerles lo suficiente.”

Cuando su familia llegó, la adaptación no fue nada fácil. Sus hijos enfrentaron discriminación en la escuela. Su esposo tuvo que aprender a hornear, ya que su título de contador aún no ha sido reconocido. Patricia, con determinación, perseverancia y el apoyo de organizaciones, incluidas las socias de R4V, que la ayudaron a estructurar su negocio y obtener capital inicial, abrió su propio consultorio, ofreciendo desde acupuntura hasta reiki para restaurar la salud de sus pacientes.

Hoy, tras superar el inmenso desafío emocional de empezar de nuevo, se sienten agradecidos. En Costa Rica han encontrado calidez, estabilidad, seguridad y libertad: “Mientras esperábamos nuestra residencia, no podíamos viajar. Ahora, sueño con recorrer el mundo y compartir lo que sé.”

Situación 
En 2024, las personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe enfrentaron importantes desafíos para satisfacer sus necesidades básicas, como el acceso suficiente y nutritivo a alimentos. Estos desafíos se derivaron principalmente de dificultades económicas relacionadas con la falta de acceso a empleo formal. Alrededor del 42% de los 2.79 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en la región, y el 78% de personas de otras nacionalidades que intentaban llegar a uno de los 17 países de R4V, experimentaron inseguridad alimentaria. En Curazao, más del 85% de los hogares de personas venezolanas enfrentaron inseguridad alimentaria severa o moderada, seguidos por Perú y Colombia, con más del 50% de los hogares en la misma situación. 

Las poblaciones más vulnerables incluyeron a personas en situación migratoria irregular, recién llegadas y en tránsito. Entre los grupos más afectados se encontraron mujeres embarazadas y en período de lactancia, niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores, poblaciones indígenas y personas con enfermedades crónicas. 

Factores externos, como la dependencia de bienes importados y eventos climáticos, también impactaron la seguridad alimentaria. En Ecuador y Colombia, el fenómeno de El Niño afectó gravemente sectores clave como la agricultura, la ganadería y la pesca, lo que provocó un aumento en los precios de los alimentos y limitó el acceso a una alimentación adecuada. Además, más de dos millones de personas venezolanas permanecieron en situación irregular, con altas tasas de empleo informal, a menudo asociado con salarios bajos y otros riesgos de protección. 

La inestabilidad económica, los eventos climáticos y otros desafíos obligaron a muchas personas refugiadas y migrantes a adoptar mecanismos negativos de afrontamiento, como reducir la ingesta de alimentos, priorizar la alimentación de sus hijas e hijos a costa de la propia, o recurrir a la mendicidad para sobrevivir. 

Respuesta 
En 2024, el Sector de Seguridad Alimentaria brindó apoyo, a través de 84 organizaciones, a 694.200 personas vulnerables, incluidas personas refugiadas, migrantes y miembros de comunidades de acogida afectadas en 16 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de las actividades incluyeron asistencia alimentaria directa, apoyo en especie (como distribución de kits de alimentos y comidas calientes), y asistencia en efectivo o cupones (CVA), como vales de alimentos. 

Otras actividades realizadas por las y los socios del sector incluyeron fortalecimiento de capacidades y mejoras específicas en infraestructura esencial, como la donación de equipos de cocina en Chile y el apoyo a comedores comunitarios en Perú. 

Entre las buenas prácticas destacadas se encuentran el desarrollo y la difusión de información estratégica, el establecimiento de herramientas de monitoreo y la optimización de intervenciones. En Colombia, la coordinación entre los grupos de trabajo de Nutrición y Seguridad Alimentaria permitió una asistencia más focalizada, fortaleciendo la respuesta y avanzando en el desarrollo de estándares mínimos para la atención en emergencias. En el Caribe, se distribuyeron vales de alimentos, mientras que en Guyana se entregó asistencia alimentaria en especie a comunidades remotas. 

Lecciones Aprendidas 

Para lograr un enfoque más eficaz, intersectorial e integral para personas refugiadas y migrantes, el Sector de Seguridad Alimentaria fortalecerá en 2025 la coordinación con los sectores de Integración, Protección y Salud. También se reforzará la coordinación con los gobiernos de los países de acogida para avanzar en la inclusión de personas refugiadas y migrantes en los sistemas nacionales de protección social y garantizar el acceso sostenido a la asistencia alimentaria. 

Brindar información clara y multilingüe sobre los programas de asistencia alimentaria disponibles y los criterios de elegibilidad sigue siendo esencial. Estos esfuerzos permitirán una respuesta más adaptada que atienda de manera más eficaz las necesidades de las personas refugiadas y migrantes. 

Finalmente, se continuará proporcionando asistencia alimentaria directa a personas refugiadas y migrantes (en destino, en tránsito y varadas) con altos niveles de inseguridad alimentaria y que enfrentan riesgos de protección. Esto incluye la distribución de canastas básicas de alimentos, comidas calientes y transferencias monetarias. 

Situación 
En Colombia, Ecuador y Perú—los tres países que acogen a la mayor población de personas refugiadas y migrantes venezolanas—el proceso de matrícula escolar sigue siendo un obstáculo para muchas familias. En Trinidad y Tobago, el acceso a la educación formal es aún más limitado, lo que ha llevado a la implementación de servicios educativos no formales para garantizar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. 

Según el RMNA 2024, en Ecuador, el 36% de las niñas y niños refugiados y migrantes no asisten a la escuela debido a la imposibilidad de pagar las tarifas escolares, mientras que en Perú, el 45% enfrenta barreras económicas relacionadas con los costos de transporte. En 2024, niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados continuaron enfrentando importantes desafíos para acceder a servicios educativos, lo que limita el pleno ejercicio de su derecho a la educación. Entre las barreras identificadas se encuentran la falta de documentación, requisitos administrativos y la imposibilidad de cubrir los costos escolares. También según el RMNA 2024, al menos el 32% de las niñas y niños venezolanos en países de acogida requieren servicios educativos, cifra que asciende al 42% entre quienes se encuentran en tránsito. En tránsito, como en Centroamérica y México, enfrentan barreras aún más severas para acceder a la educación. 

Respuesta 
Durante 2024, R4V centró su respuesta educativa en tres prioridades clave, beneficiando a 107.000 personas migrantes, refugiadas y miembros de comunidades de acogida. Estas acciones fortalecieron el acceso, la permanencia y la calidad de la educación para estas poblaciones. 

La primera prioridad fue garantizar el acceso y la permanencia en los sistemas educativos. Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay brindaron apoyo financiero, distribución de kits escolares y actividades de refuerzo académico para facilitar la integración de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y otros países del Caribe y Centroamérica, los esfuerzos se centraron en brindar orientación sobre los procesos de matrícula mediante campañas y canales de comunicación. En Curazao, los sectores de Educación y Protección trabajaron conjuntamente a través de los Grupos de Trabajo sobre Refugiados y Migrantes, facilitando la planificación e implementación intersectorial e integrando preocupaciones de protección—como la salvaguarda infantil y el estatus migratorio regular—en la programación educativa. 

Para ampliar el acceso educativo de niñas, niños y adolescentes en tránsito prolongado, se desarrolló la iniciativa Pasaporte de Aprendizaje Regional, con contenidos adaptados a sus necesidades. El proyecto Ruta Educativa, implementado en países centroamericanos, proporcionó espacios adecuados para niñas, niños y sus familias en tránsito, recopiló información sobre sus necesidades educativas y registró sus niveles de competencia mediante evaluaciones para medir el progreso a lo largo del trayecto. 

La segunda prioridad fue promover el reconocimiento, validación y acreditación de aprendizajes previos. En los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y México, se promovió la implementación de la Política Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación (PRVA) para reducir las brechas de acceso y mejorar la permanencia escolar. Esta política facilita el acceso y la continuidad educativa de niñas y niños refugiados y migrantes al reconocer aprendizajes previos, incluso sin documentación, y ofrecer apoyo inclusivo y flexible. Esto permite una integración más fluida en los sistemas nacionales y reduce el riesgo de deserción escolar, asegurando la continuidad educativa sin repeticiones innecesarias ni exclusiones. 

Finalmente, las y los socios también priorizaron el fortalecimiento de la coordinación intersectorial. La integración con otros sectores, como protección, transporte humanitario y seguridad alimentaria, facilitó el acceso a documentación, transporte escolar y alimentación para mejorar la asistencia y permanencia escolar a nivel nacional. A nivel regional, las y los socios de GRE-LAC apoyaron a los Ministerios de Educación en la coordinación y respuesta educativa humanitaria, con 20 miembros activos, asegurando una respuesta educativa durante emergencias, desastres y situaciones de movilidad. También se colaboró con organizaciones y plataformas regionales y globales como REDLAC, entre otras. 

Lecciones Aprendidas 

Los desafíos persistieron a lo largo de 2024. Aunque varios países avanzaron en facilitar la matrícula, los marcos normativos siguen siendo un obstáculo, y los requisitos de documentación aún limitan el acceso y la permanencia en el sistema educativo. La estrategia colectiva adoptada por las y los socios de GRE-LAC ha demostrado que la coordinación efectiva entre ONG, gobiernos y actores educativos es esencial para garantizar una educación inclusiva durante emergencias. Esta colaboración permitió una respuesta más unificada, optimizó recursos y aseguró que ningún grupo quede atrás. 

En 2025, el Sector de Educación priorizará esfuerzos de fortalecimiento de capacidades inclusivas que integren activamente las voces y necesidades de los grupos más vulnerables, incluidas personas con discapacidad y niñas. El empoderamiento de las comunidades locales será clave para garantizar la sostenibilidad y pertinencia de las intervenciones educativas. Además, el avance en tecnología y herramientas digitales será fundamental para fortalecer los sistemas de gestión de la información, permitir un mejor seguimiento de los trayectos educativos y apoyar la toma de decisiones basada en datos para respuestas más eficaces y equitativas. 

Situación 
En 2024, las personas migrantes y refugiadas en la región enfrentaron múltiples desafíos para acceder a servicios de salud. El aumento de la violencia, la inestabilidad política y la búsqueda de mejores oportunidades impulsaron nuevos flujos migratorios, llevando a muchas personas a tomar rutas peligrosas. Estas rutas expusieron a las personas a condiciones extremas y crecientes riesgos para la salud, incluyendo problemas de salud mental, enfermedades y lesiones. La violencia sexual también siguió siendo una preocupación grave, con un aumento de casos reportados entre quienes atravesaron la selva del Darién en los primeros meses del año. 

El RMNA 2024 destacó que el 79% de las personas refugiadas y migrantes en Colombia, el 32% en Ecuador y el 39% en Panamá necesitaron atención médica mientras intentaban llegar a otro país. Por ejemplo, el acceso a atención materna fue severamente limitado para mujeres embarazadas. 

El acceso a atención médica integral también siguió siendo limitado para personas migrantes y refugiadas en destino, debido a barreras como recursos financieros insuficientes, obstáculos administrativos, estatus migratorio irregular y temor a la discriminación. Según el RMNA 2024, el 58% de las personas venezolanas refugiadas y migrantes necesitaban algún tipo de atención médica. En varios países de acogida, los sistemas de salud enfrentaron desafíos significativos para garantizar una gestión clínica oportuna, a menudo debido a limitaciones de capacidad, recursos y demandas concurrentes sobre los servicios nacionales. 

Respuesta 
En 2024, los socios del Sector Salud coordinaron esfuerzos para apoyar a personas migrantes, refugiadas y comunidades de acogida, alcanzando a 454,900 personas (28% de la población objetivo). Se implementaron un total de 8.500 actividades por 135 organizaciones, el 85% en forma de asistencia directa. Las y los socios priorizaron el acceso a atención médica, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de la salud, con énfasis en atención primaria, salud sexual y reproductiva (SSR), y apoyo en salud mental y psicosocial (SMAPS). Las sesiones de fortalecimiento de capacidades estuvieron dirigidas a personal de salud y actores comunitarios, abordando temas como primeros auxilios en salud mental, prevención y respuesta a la violencia basada en género, y atención materna. 

La mayoría de las actividades se enfocaron en facilitar la inclusión de personas refugiadas y migrantes en los sistemas nacionales de salud mediante afiliación a la seguridad social u otros mecanismos de inscripción, principalmente en Colombia, Perú y Ecuador. En Brasil, Chile y Trinidad y Tobago, se realizaron campañas temáticas sobre salud mental, prevención de enfermedades y acceso a servicios de salud. 

Los socios de R4V continuaron mejorando el acceso a servicios de salud. En Perú, se trabajó con autoridades nacionales para promover la cobertura temporal bajo el Seguro Integral de Salud (SIS) para personas migrantes y refugiadas con condiciones específicas, como aquellas que viven con VIH. En Panamá, se apoyó la formulación de un plan para fortalecer la atención médica a personas refugiadas y migrantes, identificando desafíos, oportunidades y estrategias, asegurando un enfoque inclusivo y sostenible. 

Lecciones Aprendidas 

Durante 2024, se avanzó en la prestación de servicios de salud para personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida. Sin embargo, persistieron desafíos en cobertura y acceso, especialmente en la continuidad de servicios de salud en zonas remotas y contextos de alta movilidad. La infraestructura limitada y las políticas nacionales dificultaron aún más una respuesta integral en salud. En 2025, los esfuerzos se centrarán en mejorar la coordinación, garantizar la continuidad de la atención para personas en movimiento y continuar abogando por la integración de personas refugiadas y migrantes en los sistemas nacionales de salud. 

Situación 

En 2024, las personas migrantes y refugiadas enfrentaron importantes desafíos para acceder al transporte humanitario para facilitar servicios esenciales y que salvan vidas, como son asistencia legal, educación, empleo y atención médica. Según el RMNA 2024, los riesgos de protección representaron amenazas para su seguridad y su salud, exponiéndolas a la trata de personas, el tráfico ilícito y la violencia basada en género, especialmente en el caso de mujeres y niñas. El aumento de los costos de transporte, particularmente en zonas urbanas como Lima, Perú, limitó el acceso a servicios como el trabajo y la educación. La falta de documentación válida y de estatus migratorio regular agravó estos problemas, lo que resultó en la negación del servicio de transporte y el cobro de precios más altos en lugares como México y Curazao. Adicionalmente, los recursos limitados y la escaza información sobre rutas seguras, condiciones climáticas, peligros potenciales, horarios y servicios humanitarios dificultaron los desplazamientos seguros y esenciales. 

Respuesta  

En 2024, 18 socios de la Plataforma R4V llevaron a cabo actividades de transporte humanitario dentro de los países, en cumplimiento con las leyes nacionales, en 11 países. Más del 70% de estas actividades fueron lideradas por organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes, lo que resalta la importancia crítica de estos esfuerzos para las personas migrantes y refugiadas venezolanas. Estas iniciativas de transporte humanitario a nivel interno y de corta distancia, facilitaron el acceso a servicios esenciales como educación para niños y niñas, asistencia humanitaria, alojamiento, servicios de protección, reunificación familiar, así como apoyo a programas de regularización e integración. 

La respuesta en 2024 destacó la colaboración entre organizaciones asociadas, con más del 95% del total de actividades implementadas por ONG y organizaciones locales basadas en la fe. Esto también incluyó la provisión de apoyo técnico a las autoridades locales. Además, con el fin de mitigar los riesgos asociados a los movimientos irregulares y a la disponibilidad de servicios humanitarios y de protección, el sector desarrolló estrategias para difundir información esencial. El sector regional también se centró en el transporte humanitario de corta distancia y tiene previsto publicar una nota de orientación sobre este tema en 2025. 

Lecciones aprendidas 

Las estrictas regulaciones en muchos países de R4V implicaron que el acceso a opciones regulares de transporte dentro de los países dependiera de tener un estatus migratorio regular, lo que aumentó la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes frente a grupos criminales, incluyendo la trata y tráfico de personas, el robo, la explotación, el fraude y la violencia. 

Los esfuerzos en 2024 se centraron en la difusión de información sobre los riesgos de protección asociados con los viajes irregulares. Esto se realizó en coordinación con otros sectores, como el Sector de Protección y sus subsectores. Un desafío constante fue la necesidad de fortalecer las actividades de promoción para mejorar el acceso al transporte seguro y regular dentro de los países para personas migrantes y refugiadas, en coordinación con gobiernos locales, organizaciones donantes, medios de comunicación y otros actores clave, destacando el papel fundamental del transporte humanitario en la región. Por ello, en 2025, el sector regional se enfocará en la importancia de fortalecer las capacidades de los gobiernos y otras entidades para apoyar estos esfuerzos. 

Situación 

A lo largo de 2024, las personas refugiadas y migrantes que buscaban integración socioeconómica en América Latina y el Caribe enfrentaron desafíos significativos, especialmente en el acceso al empleo formal, servicios financieros y procesos de integración social. Tal como se destaca en el RMNA 2024, aunque muchas personas migrantes y refugiadas de Venezuela se benefician de políticas de regularización en Colombia, el 87% trabaja en el sector informal, un desafío que también afecta a más de la mitad de la población colombiana, lo que limita el acceso a la protección social y a la estabilidad económica. En Brasil se han observado avances en la cohesión social, con personas venezolanas que contribuyen a las economías locales, aunque muchas aún enfrentan discriminación en el mercado laboral. En toda la región, la exclusión financiera es generalizada, con un 41% de personas migrantes y refugiadas sin acceso a servicios bancarios. El aumento de la xenofobia en algunos países, como Chile, Trinidad y Tobago, Brasil y Perú, también obstaculiza la integración. Estas barreras empujan a muchas personas a continuar sus desplazamientos en busca de mejores oportunidades en otros países de acogida, a menudo a través de rutas irregulares. 

Respuesta 

En 2024, el Sector de Integración se centró en fortalecer la inclusión socioeconómica de personas refugiadas y migrantes mediante el acceso al empleo, el emprendimiento, la inclusión financiera y la cohesión social. Reconociendo que la regularización por sí sola no es suficiente para lograr la integración, los esfuerzos se dirigieron a la inserción laboral, la capacitación profesional, la validación de competencias y títulos, el apoyo al emprendimiento y las iniciativas contra la xenofobia. 

Las iniciativas clave incluyeron capacitación profesional en sectores de alta demanda como manufactura, turismo y las economías ecológica y digital. Los programas de intermediación laboral ayudaron a conectar a personas migrantes y refugiadas con empleos formales, brindando además apoyo en habilidades blandas, capacitación lingüística, reconocimiento de competencias y asistencia para la reubicación. Por ejemplo, en Perú, a través del programa “Integrando Talentos”, más de 200 personas refugiadas y migrantes (más de 55% mujeres) lograron  homologar sus títulos profesionales en 2024. Se prestó especial atención a mujeres y jóvenes, abordando barreras como el cuidado infantil y la discriminación en el lugar de trabajo. Además, se brindó asistencia técnica a los Ministerios de Trabajo y a los Servicios Públicos de Empleo para fortalecer la integración en el mercado laboral. 

El acceso a servicios financieros siguió siendo un desafío, aunque intervenciones específicas lograron mejorar el acceso bancario, la capacitación financiera y las oportunidades de crédito. El apoyo a personas refugiadas y migrantes emprendedoras incluyó asistencia financiera directa, apoyo en mercado digital y capital inicial. En Argentina y Guyana, los programas de inclusión financiera empoderaron a mujeres y emprendedores LGBTQI+, ayudándoles a expandir sus negocios. 

Para combatir la xenofobia, el sector de integración implementó actividades de consolidación con la comunidad, programas contra la discriminación en el lugar de trabajo y campañas de sensibilización. Campañas como “Somos Panas” en Colombia y la serie “Panas” en Ecuador promovieron la concientización y fomentaron una inclusión exitosa a lo largo del año. El sector de integración también colaboró con los sectores de Protección y Alojamiento para garantizar un apoyo integral; una iniciativa intersectorial clave proporcionó recomendaciones de política pública a las autoridades locales sobre la integración socioeconómica. 

Lecciones aprendidas  

El Sector de Integración enfrentó desafíos para apoyar a personas refugiadas y migrantes debido a vías de regularización restrictivas, lo que limitó su acceso al empleo y a los servicios financieros. La informalidad en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dificultó aún más la integración económica. Los procesos costosos y prolongados de validación de títulos en Colombia, República Dominicana y Uruguay restringieron el acceso de trabajadores profesionales a empleo formal. Estas barreras han afectado la calidad y el alcance de las respuestas de los socios, lo que ha llevado a un enfoque más centrado en la asistencia directa. Para promover soluciones sistémicas en 2025, los esfuerzos se enfocarán en fortalecer la colaboración intersectorial, involucrando a autoridades locales, sociedad civil y organizaciones lideradas por personas refugiadas y migrantes, así como en la estrecha colaboración con los gobiernos para mejorar y promover el reconocimiento de competencias, los programas de empleo y políticas de inclusión financiera. 

Situación 

Las mujeres embarazadas y lactantes, y niñas y niños menores de cinco años tienen necesidades nutricionales inherentemente mayores y corren un mayor riesgo de desnutrición que otros grupos poblacionales. Entre las personas migrantes y refugiadas, el acceso limitado a servicios de salud y nutrición, alimentos, agua potable segura y entornos insalubres incrementa aún más estos riesgos, tanto por una ingesta alimentaria reducida como por un mayor riesgo de infecciones. 

Según el RMNA 2024, la falta de acceso a un paquete de servicios de salud para prevenir la malnutrición durante la migración afectó entre el 12% y el 92% de las mujeres embarazadas y lactantes, entre el 65% y el 80% de los cuidadores de niños y niñas menores de seis meses, y entre el 25% y el 98% de los cuidadores de niños y niñas de 6 a 59 meses. Además, entre los lactantes menores de seis meses que no fueron alimentados exclusivamente con leche materna y recibieron fórmula infantil, agua simple o jugo, el porcentaje osciló entre el 59% y el 85%, mientras que entre los niños y niñas de 6 a 59 meses que enfrentaron pobreza alimentaria infantil, el rango fue del 8% al 68%. 

Respuesta 

El acceso a servicios de nutrición brindados por personal de salud calificado para identificar y tratar la desnutrición fue la principal prioridad del Sector de Nutrición en 2024. Entre las intervenciones nutricionales destinadas a prevenir la desnutrición, más de 20.000 cuidadores de bebés y niños y niñas de 0 a 23 meses recibieron asesoría calificada sobre alimentación adecuada, y casi 4.000 niños y niñas de 6 a 59 meses recibieron suplementos de micronutrientes para prevenir deficiencias de vitaminas y minerales. Además, más de 64.000 niños y niñas de 6 a 59 meses fueron evaluados nutricionalmente para identificar casos de desnutrición aguda. De estos, casi 3.000 niños y niñas con desnutrición aguda severa fueron admitidos para tratamiento (principalmente en Colombia y Brasil). 

Una segunda prioridad del Sector  fue la evaluación y el seguimiento de la situación nutricional de personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el Sector de Nutrición apoyó el desarrollo de un sistema digital diseñado para crear un registro personal de salud y nutrición que permita monitorear el estado nutricional de niños y niñas menores de cinco años, así como de mujeres embarazadas y lactantes, y hacer seguimiento a los servicios e intervenciones nutricionales que reciben en toda la región. El prototipo Contigo, que fue construido y probado en campo, se desarrolló con el objetivo de asegurar que el personal de salud de las unidades médicas móviles en todo el país pueda tanto acceder a la información de consultas anteriores  como actualizar los registros individuales. Tras la prueba piloto, se espera ampliar su uso a otros países de la región. El objetivo general es contar con un sistema de gestión de casos transfronterizo que permita a gobiernos y socios garantizar una atención nutricional continua a través de un historial dinámico y longitudinal de salud y nutrición, y asegurar un enfoque centrado en el paciente para la atención de niños y niñas migrantes y refugiados y sus familias. 

Como tercera y última prioridad del Sector de Nutrición fue la promoción para una mayor priorización de las intervenciones nutricionales como intervenciones que salvan vidas. Esta labor de incidencia se llevó a cabo mediante la creación y difusión de cuatro videos que destacaban los riesgos y necesidades nutricionales de los grupos vulnerables (niños y niñas pequeñas, mujeres embarazadas y lactantes, y adolescentes), así como la importancia e impacto vital de las intervenciones nutricionales. 

A nivel regional, el Sector de Nutrición también colaboró con el Clúster Global de Nutrición, para impartir una capacitación en línea de cuatro sesiones, con el objetivo de fortalecer la integración del enfoque de género en la respuesta nutricional, involucrando a 40 participantes. 

Lecciones aprendidas 

La capacidad limitada en nutrición a nivel país fue una de las principales razones detrás de los bajos niveles de personas alcanzadas. De los 17 países de la respuesta R4V, solo diez países cuentan con un Sector de Nutrición activo. Además, no todos los países con capacidad en nutrición pueden ofrecer la gama completa de intervenciones nutricionales. En algunos países, por ejemplo Colombia, la priorización de la identificación y atención de niños y niñas con desnutrición por parte de los socios en nutrición limita el enfoque en intervenciones preventivas, incluyendo una alimentación adecuada de lactantes y niños y niñas pequeños, como la lactancia materna, en un contexto de recursos limitados. 

Fortalecer la participación de organizaciones locales y gobiernos como actores clave en la planificación e implementación de la respuesta nutricional es fundamental para garantizar la respuesta a nivel nacional, su sostenibilidad y la integración de personas migrantes y refugiadas en el sistema nacional. 

Finalmente, la evaluación del estado nutricional, el monitoreo y la vigilancia de mujeres, niños y niñas en movimiento representan un desafío, ya que no se garantiza la continuidad de los servicios entre países. Asimismo, la trazabilidad y el seguimiento de los casos de desnutrición infantil entre países siguen siendo motivo de preocupación. El desarrollo continuo y la ampliación de la solución digital Contigo en 2025 tienen el potencial de abordar este desafío y permitir una atención nutricional continua a lo largo de las rutas. 

Situación 

A pesar de que 4 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas han obtenido un estatus migratorio regular en 17 países de América Latina y el Caribe, persisten desafíos en cuanto a la regularización e integración a largo plazo. Estos desafíos incluyen altos costos, requisitos de ingresos estrictos y cambios en las leyes y procedimientos de asilo. El acceso a la documentación fue otro reto, también debido a la suspensión de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y siete países de la región tras las elecciones de julio de 2024 en Venezuela. 

Los conflictos internos y otras situaciones de violencia, como las ocurridas en Colombia y Ecuador, junto con eventos climáticos repentinos, como las inundaciones en Brasil y los incendios forestales en Chile, agravaron la situación de protección para las personas migrantes y refugiadas. Además, las dificultades para acceder a derechos se convirtieron en un factor de expulsión en la búsqueda de seguridad y oportunidades en otros lugares. El endurecimiento de los controles fronterizos y el aumento de los obstáculos administrativos y procedimentales para ingresar de manera regular a estos países obligaron a muchas personas vulnerables que necesitan protección a recurrir a soluciones riesgosas, viéndose frecuentemente obligadas a depender de traficantes o grupos delictivos organizados para continuar su viaje. 

Respuesta 

En 2024, 121 socios del Sector de Protección beneficiaron a más de 701.000 personas refugiadas y migrantes. Para facilitar el acceso a servicios de protección, vías de regularización y sistemas de asilo para quienes necesitan protección internacional, los socios priorizaron la asistencia legal y la orientación. La asistencia legal también contribuyó a prevenir la devolución y apoyó a personas detenidas arbitrariamente. Adicionalmente, los socios brindaron apoyo técnico a las autoridades gubernamentales para fortalecer los sistemas nacionales de asilo, como en Chile, donde se proporcionó asistencia técnica al proceso de determinación de la condición de refugiado y se contribuyó al análisis de casos durante las sesiones de la Comisión Nacional para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Los socios del sector de protección también impulsaron acciones de incidencia para  la adopción significativa y efectiva de políticas públicas orientadas a garantizar que las personas refugiadas y migrantes tengan acceso a vías de regularización en las comunidades de acogida. 

Se llevaron a cabo actividades de protección comunitaria para abordar y generar concientización sobre los riesgos de protección. Por ejemplo, en Bolivia se implementaron actividades para promover la coexistencia pacífica entre comunidades; en Trinidad y Tobago y Brasil, las actividades se centraron en fortalecer la resiliencia general de las personas refugiadas y migrantes. En Perú, los socios capacitaron a personas refugiadas, migrantes y la comunidad de acogida en primeros auxilios psicológicos, así como en la identificación, la referenciación y seguimiento de casos de protección comunitaria. 

Se fortalecieron los servicios especializados de protección, incluyendo la gestión de casos y la referenciación, para apoyar a personas con mayor riesgo. En Colombia, los socios reforzaron los protocolos intersectoriales para la gestión de casos y referenciación. Las iniciativas de fortalecimiento de capacitaciones con las contrapartes gubernamentales en Panamá y Costa Rica, así como con comunidades afectadas, promovieron la adhesión a los principios de protección internacional y mejoraron la prevención y respuesta ante riesgos de protección. 

Los socios continuaron con los esfuerzos de actividades de promoción a nivel regional y nacional para promover la adopción e implementación de procedimientos simplificados de asilo, con el objetivo de garantizar un acceso rápido y justo a la protección para solicitantes de asilo y personas refugiadas. 

A nivel regional, el sector de Protección armonizó indicadores y preguntas para los ejercicios de monitoreo de protección implementados por los socios, lo que mejoró el intercambio de información y contribuyó a un análisis regional de protección más coherente y completo. En 2024, la participación en procesos multilaterales regionales, como el Proceso de Quito, y la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reforzaron los mensajes comunes de protección en estos espacios más amplios. 

Lecciones aprendidas 

La suspensión de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y países de la región dificultó gravemente la implementación de actividades clave de protección, incluyendo la asistencia legal y la orientación para el acceso a documentación, procesos de regularización y reunificación familiar. El fortalecimiento de medidas de control fronterizo, incluyendo el aumento de presencia de fuerzas militares, requisitos de entrada más estrictos y cambios en las leyes y procedimientos de asilo, como en Argentina y Chile,  limitó el acceso y la capacidad de los socios para brindar asistencia a personas vulnerables. Además, el surgimiento de situaciones de emergencia que provocaron nuevos movimientos migratorios y desplazamientos —como los eventos climáticos extremos en Brasil y Chile— afectó gravemente tanto a personas refugiadas, migrantes como a miembros de las comunidades de acogida, así como la capacidad operativa de los socios para responder. Es necesario reforzar una respuesta coordinada que garantice que la protección siga siendo el eje central de todas las actividades de los socios. 

Situación 
En 2024, estuvieron activos 210 Espacios de Apoyo en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Estos espacios brindaron información, orientación, servicios básicos y derivaciones seguras para personas refugiadas y migrantes. Coordinados a través de una red regional, los Espacios de Apoyo están ubicados en zonas clave para estas poblaciones y adaptados a los contextos locales para ofrecer el mejor acompañamiento posible. 

Respuesta 
Durante 2024, la Iniciativa de Espacios de Apoyo implementó 231 actividades a través de 11 organizaciones socias, incluidas tres lideradas por personas refugiadas y migrantes, que participaron en 77 actividades en tres países. Estos espacios ofrecen orientación e información sobre derechos y servicios disponibles, identificación de casos de protección y derivaciones seguras, así como una gama de servicios multisectoriales orientados a promover la dignidad, el bienestar y la protección de las personas refugiadas y migrantes. 

A lo largo del año, la Iniciativa continuó coordinándose con redes regionales, como Red Clamor y la Red Regional de Protección para personas LGBTQI+. En junio, se llevaron a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades para organizaciones socias de la Red LGBTQI+, reforzando un enfoque diferenciado y diverso. 

Durante el segundo semestre, tras la sesión sobre rutas seguras del Proceso de Quito, actores estatales de Costa Rica, Colombia y Uruguay presentaron buenas prácticas en la implementación de Espacios de Apoyo. Esta sesión, centrada en promover respuestas de protección coordinadas y eficaces a lo largo de las rutas migratorias, ofreció una plataforma para que los Estados compartieran experiencias concretas y lecciones aprendidas en la prestación de servicios clave a personas refugiadas y migrantes. Se destacó la importancia de institucionalizar mecanismos de atención, información y derivación, así como de fomentar el diálogo sobre la implementación de los estándares mínimos establecidos en la Caja de Herramientas sobre Espacios de Apoyo. Como resultado, se reforzó el compromiso de los Estados para mantener y ampliar las estructuras de atención e información para poblaciones en situación de movilidad humana. La coordinación regional con el Proceso de Quito también contribuye a promover esfuerzos sostenibles y coordinados entre actores estatales y no estatales. 

Lecciones Aprendidas 

Ante las tendencias cambiantes de movilidad y la necesidad de estrategias más sostenibles para los Espacios de Apoyo, es esencial identificar sinergias con actores estatales para coordinar respuestas y armonizar los principios de atención, orientación, información y derivación segura. Al alinear esfuerzos y recursos, garantizar que los mecanismos estén en consonancia con principios humanitarios compartidos y trabajar estrechamente con los gobiernos, la respuesta puede adaptarse mejor a los flujos migratorios dinámicos, institucionalizar medidas de protección y crear marcos duraderos que fortalezcan las capacidades locales y el sentido de apropiación, promoviendo así sistemas de apoyo más resilientes y sostenibles para personas refugiadas y migrantes. 

En 2024, los Espacios de Apoyo se fortalecieron mediante marcos regionales como el Proceso de Quito y se profundizaron sinergias con otras iniciativas regionales, incluyendo el intercambio de buenas prácticas, capacitaciones basadas en la Caja de Herramientas sobre Espacios de Apoyo y una mejor articulación entre actores estatales y no estatales. Además, las alianzas con Red Clamor y la Red Regional LGBTQI+ facilitaron la alineación de estándares de protección, el fortalecimiento de mecanismos de derivación y la garantía de servicios de apoyo más sostenibles y basados en derechos en toda la región. 

La Iniciativa de Espacios de Apoyo planea, mirando hacia 2025, desarrollar una guía comunitaria centrada en la integración, así como una revisión integral de la propia Iniciativa. 

Situación 

En 2024, tal como se destaca en el RMNA 2024, las niñas y niños refugiados y migrantes continuaron enfrentándose a graves desafíos de protección, incluyendo violencia, abuso, explotación, trata, separación familiar y falta de documentación. Los niños y niñas no acompañados o separados son particularmente vulnerables debido a la ausencia de cuidadores y a las dificultades para acceder a servicios esenciales de protección. 

Se reportaron cifras significativas de NNA en varios países de América Latina y el Caribe, especialmente entre quienes se encuentran en tránsito, muchos de los cuales pasaban la noche en espacios públicos o al aire libre, expuestos a múltiples riesgos de protección (como cruces fronterizos peligrosos, trabajo infantil y encuentros con grupos armados), a menudo sin poder acceder a servicios esenciales. Por ejemplo, en Panamá, casi 4.500 NNA cruzaron la selva del Darién hasta noviembre de 2024. En Brasil, el RMNA 2024 identificó que aproximadamente el 8% de todos los niños y niñas que ingresaron por Roraima estaban no acompañados o separados, y en Ecuador, el 16% de los hogares de personas refugiadas y migrantes venezolanas tenían niñas o niños en esta situación. 

Persistió la necesidad de que niñas yniños migrantes y refugiados accedan a procesos de regularización, asilo y documentación para garantizar su protección, integración y acceso a servicios esenciales como la educación y la salud. Sin embargo, los altos costos, los retrasos en los trámites consulares y la falta de priorización fueron identificados como obstáculos para este proceso. Como resultado, muchos niños y niñas permanecen en situación irregular, indocumentación y/o en riesgo de apatridia. 

Respuesta 

En 2024, el Subsector de Protección de la Niñez alcanzó a 87.100 personas refugiadas y migrantes en 17 países, lo que representa el 33,6% de la población objetivo. Del total de actividades reportadas, el 84% se implementaron mediante asistencia directa por parte de 57 socios, incluyendo ocho organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes. Las intervenciones principales incluyeron apoyo y orientación jurídica, documentación y registro, prevención y respuesta a la violencia, apoyo a la reunificación familiar, apoyo a la salud mental y psicosocial (SMAPS), y cuidado transitorio para niñas y niños no acompañados y/o separados (NNA). 

Los socios también colaboran estrechamente con las autoridades nacionales para garantizar la identificación y referenciación de niños y niñas en situación de riesgo hacia servicios apropiados. En Ecuador, por ejemplo, más de 15.800 niños fueron remitidos a servicios de protección infantil y apoyo psicosocial, incluidos NNA no acompañados o separados afectados por el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos. En  República Dominicana, las consultas a través de espacios amigables permitieron a cuidadores, niños y niñas identificar los principales desafíos para acceder a los servicios de protección, mientras que en Trinidad y Tobago se brindó apoyo de interpretación para facilitar el acceso de niños y niñas venezolanos a los mecanismos nacionales de protección. 

A nivel regional, los socios del Subsector de Protección de la niñez realizaron un evento que aportó una perspectiva global a la región, sirviendo como un diálogo estratégico para abordar los riesgos y necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes en contextos humanitarios en América Latina y el Caribe. Este diálogo se llevó a cabo en el marco de la Reunión Anual 2024 sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en Acción Humanitaria. 

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, los socios apoyaron el desarrollo e implementación de la nueva versión del paquete de capacitación sobre los Estándares Mínimos de Protección Infantil, adaptándolo a la región de América Latina y el Caribe. Se impartió una capacitación en persona a socios del R4V, alcanzando a 40 personas de toda la región (ONG nacionales e internacionales y otros actores humanitarios). Además, los socios lanzaron el directorio regional de servicios de protección infantil para la atención de niños y niñas incluidas personas migrantes y refugiadas. 

Por último, el Subsector de Protección de la Niñez mantuvo una coordinación estrecha con el Proceso de Quito para avanzar en los esfuerzos de promoción en materia de protección infantil y reunificación familiar entre los Estados miembros de este foro intergubernamental. 

Lecciones aprendidas  

La coordinación regional, el uso de herramientas contextualizadas y la colaboración interinstitucional fortalecieron la protección infantil en 2024. Los espacios de diálogo fomentaron la acción conjunta entre actores humanitarios, mientras que la adaptación de estándares globales al contexto regional mejoró la implementación. La coordinación a través del Proceso de Quito impulsó prioridades clave en América Latina y el Caribe, como la protección de niños y niñas no acompañadas y la reunificación familiar.

Situación 

En 2024, las personas refugiadas y migrantes, especialmente mujeres y niñas, estuvieron en riesgo de sufrir violencia basada en género (VBG) tanto en espacios públicos como privados. Las rutas migratorias irregulares, cada vez más controladas por grupos delictivos organizado, junto con la persistente inestabilidad económica y política, incrementaron aún más los riesgos de VBG. 

Según el RMNA 2024, en Ecuador, el 20% de las mujeres y niñas venezolanas que intentaban llegar a otro país reportaron sentirse inseguras en relación con los riesgos de VBG. En Colombia, este mismo porcentaje alcanzó el 35% para las venezolanas y el 33% para personas de otras nacionalidades. En Perú, mujeres y niñas en tránsito reportaron haber sido amenazadas y recibir propuestas sexuales a cambio de comida y transporte. 

Un estudio del Banco Mundial de 2024 informó que al menos dos de cada cinco mujeres han sido testigos de alguna forma de violencia basada en género (VBG) mientras se desplazaban por América Latina. El acceso a servicios de respuesta ante la VBG sigue siendo un desafío crítico para ellas. De hecho, el 41% de las personas encuestadas conocían a mujeres que habían experimentado violencia física, psicológica o sexual. Sin embargo, esta cifra probablemente subestima la prevalencia real debido al problema persistente de la falta de denuncias. 

Respuesta 

En 2024, el Subsector Regional de VBG supervisó la respuesta en varios países, brindó orientación técnica a los subsectores nacionales y apoyó sus esfuerzos de coordinación. También elaboró orientación técnica sobre mitigación de riesgos de VBG y lideró capacitaciones regionales sobre orientación interagencial para mejorar la programación en VBG. El Subsector trabajó además con otros sectores para incorporar la perspectiva de VBG en sus planes de acción a lo largo del año. En los países de R4V, los socios alcanzaron un total de 100.100 personas refugiadas, migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas, mediante una variedad de actividades de prevención, mitigación de riesgos y respuesta ante la VBG. Los esfuerzos se centraron en brindar servicios que salvan vidas, fortalecer la capacidad de los responsables de garantizar derechos para ofrecer atención centrada en las sobrevivientes, y avanzar en iniciativas clave de prevención y mitigación de riesgos. 

El Subsector Regional cofacilitó, junto con líderes del Subsector en Colombia y otros actores de Venezuela, una capacitación de formadoras en tres etapas para 24 organizaciones lideradas por mujeres sobre los Estándares Mínimos en Programación de VBG. Además, se lanzó un curso en línea sobre Gestión de Casos de VBG en Emergencias, al que asistieron 128 personas de 10 países. Otros logros incluyeron el apoyo al establecimiento de una red de 22 organizaciones de 10 países de acogida que trabajan en prevención y respuesta a la VBG. Estas organizaciones recibieron información sobre oportunidades de financiamiento, apoyo técnico entre pares para producir mensajes clave sobre protección frente a la VBG, estandarización de VBG para distintas operaciones en la región, y se facilitó una capacitación sobre Principios de orientación de VBG y referenciaciones seguras para 23 miembros de ONG en Perú, Colombia y Ecuador. Además, el Subsector de VBG participó en el Proceso de Quito y en las consultas de Cartagena+40 para abogar por la priorización de la respuesta y mitigación de riesgos de VBG en la agenda humanitaria, en acuerdos intergubernamentales sobre migración segura y por la participación significativa de organizaciones lideradas por mujeres. 

Los esfuerzos para la mitigación de riesgos de VBG incluyeron la colaboración con otros sectores. En este sentido, se llevó a cabo un taller regional sobre mitigación de riesgos de VBG en la asistencia en efectivo para Brasil, Perú y Ecuador, lo que dio como resultado que los socios de los Grupos de Trabajo de Asistencia en Efectivo (CVA) en estos países adoptaran herramientas de evaluación de riesgos de VBG en sus programas de asistencia en efectivo y se comprometieran a capacitar a los proveedores de asistencia en efectivo sobre los riesgos de VBG como parte de sus planes de trabajo. 

Lecciones aprendidas  

A lo largo del 2024, los programas de VBG enfrentaron obstáculos significativos en zonas afectadas por conflictos y en aquellas con amplia presencia, incluyendo áreas bajo control directo de grupos criminales organizados y grupos armados no estatales en partes de Ecuador, Colombia, el norte de Chile, Guyana y la frontera de Brasil con Venezuela. A pesar de estos desafíos, se lograron avances mediante la ampliación de servicios esenciales y actividades como espacios seguros móviles y brigadas, así como a través del fortalecimiento de alianzas sólidas con autoridades estatales, sociedad civil local y organizaciones comunitarias. 

En 2025, mantener las intervenciones contra la VBG requerirá un enfoque más fuerte en la localización de la prevención y respuesta, colocando a los actores locales, en particular a las organizaciones lideradas por mujeres, en el centro de las acciones, al mismo tiempo que se impulsa una mayor apropiación por parte de los gobiernos. Esto también implicará una inclusión más amplia y significativa de las organizaciones lideradas por mujeres en los espacios de toma de decisiones. Estos grupos son fundamentales para mantener el acceso continuo a personas refugiadas y migrantes, fomentar la apropiación local y asegurar una presencia territorial sostenida. Fortalecer estas alianzas es crucial para lograr un impacto duradero y la sostenibilidad de los programas de VBG. 

Situación 

Las personas refugiadas y migrantes continúan en riesgo de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en toda la región, con muchas personas venezolanas identificadas como víctimas de trata. De hecho, la trata de personas ha ido evolucionando constantemente y, en particular, ha aumentado entre la población refugiada y migrante, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. 

Según el Informe Global sobre la Trata de Personas de la UNODC, publicado en diciembre de 2024, en América Central y el Caribe, el 52% de todas las víctimas detectadas eran niñas y el 30% mujeres. Del total, el 62% fue víctima de trata con fines de explotación sexual, siendo las mujeres y niñas casi la totalidad del grupo: ligeramente más niñas (56%) que mujeres (41%). En América del Sur, las mujeres y niñas representaron el 62% de todas las víctimas de trata detectadas. 

En 2022, la forma más común de explotación en América del Sur fue la trata con fines de trabajo forzado (55%), seguida por la trata con fines de explotación sexual (40%). En cuanto al tráfico ilícito de personas, los riesgos en la región han aumentado significativamente para personas migrantes y refugiadas, especialmente a lo largo de las rutas más peligrosas como la selva del Darién y a través de América Central y México, debido principalmente a políticas migratorias cada vez más restrictivas. Según el Centro de Migraciones Mixtas, en 2024 alrededor del 30% de mujeres y hombres en tránsito utilizaron traficantes, especialmente para el cruce entre países (88%), tránsito dentro del país (64%), así como para obtener alimentos, agua y acceso a comunicación (30%). 

Tal como se indica en el RMNA 2024, los grupos más vulnerables frente a la trata incluyen a personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a otro país o que se encuentran en situación irregular, en particular mujeres, niños y niñas no acompañados o separados, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales y personas LGBTQI+. 

Respuesta 

En 2024, el Subsector de Trata y Tráfico de personas promovió respuestas integrales a ambos delitos mediante la participación de una amplia variedad de actores. La estrategia se centró en los “4P”: prevención, protección, acusación y alianza. En total, el subsector alcanzó a 10.500 personas a través de 10 organizaciones socias, tres de las cuales estaban lideradas por personas migrantes y refugiadas. 

La prevención y protección basadas en la comunidad siguieron siendo elementos centrales del trabajo del sector, apoyado por asistencia directa, colaboración regional y campañas de concientización. También se puso un fuerte énfasis en el fortalecimiento de capacidades institucionales para mejorar la apropiación gubernamental mediante redes de coordinación regional1. 

A lo largo de las principales rutas migratorias, los socios apoyaron una mayor colaboración para abordar la trata y tráfico de personas migrantes. Esto incluyó el lanzamiento del primer sistema digital de gestión de casos en el Caribe para víctimas de trata en Trinidad y Tobago, desarrollado junto con actores gubernamentales; el proceso de aprobación de una nueva ley contra la trata en Panamá; y el establecimiento de una herramienta de recolección de datos sobre trata de personas en Costa Rica. 

El Subsector también fortaleció la coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas del Proceso de Quito. Durante una sesión sobre rutas seguras y protección, se validó una Guía Consular para asistir en la reubicación de víctimas de trata hacia terceros países. Por primera vez, participaron ministerios de la mujer en la sesión, compartiendo buenas prácticas para abordar la trata desde una perspectiva de género e interseccional. Los ministerios de Perú, Chile y Costa Rica presentaron enfoques innovadores para adaptar las respuestas a las necesidades de mujeres refugiadas y migrantes que enfrentan situaciones de explotación. 

Además, el desarrollo de herramientas para la Identificación Temprana de la Trata de Personas del Proceso de Quito fue presentada en un taller de capacitación en Argentina, con el apoyo de socios del Subsector. Esto ayudó a fortalecer el vínculo entre desarrollo y paz, reforzando aún más el trabajo realizado en el marco del R4V. Los socios del Subsector construyeron alianzas con el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS) y redes especializadas de autoridades, como CORETT, REDTRAM y la Plataforma Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes. 

El Subsector también colaboró con otros sectores y subsectores del R4V, incluyendo Transporte Humanitario, Integración, Protección de la niñez y VBG, para abordar de manera más eficaz el creciente riesgo de violencia basada en género —incluida la trata y tráfico de personas— a lo largo de las rutas. 

Lecciones aprendidas  

Los desafíos en 2024 incluyeron adaptar la respuesta a dinámicas en evolución vinculadas al crimen organizado, incluyendo nuevas rutas de trata, movimientos inversos de norte a sur y un aumento en los riesgos de protección. La orientación técnica especializada en puntos fronterizos y una mayor colaboración con otras redes regionales mejoraron significativamente la capacidad de las autoridades de primera línea para detectar, identificar y derivar casos de trata y tráfico. 

Las capacitaciones especializadas, herramientas y protocolos alineados con estándares internacionales fortalecieron la preparación operativa y fomentaron sinergias más sólidas entre las unidades fronterizas y las autoridades centrales, garantizando respuestas nacionales más coherentes y eficaces. 

Situación 

En 2024, el acceso a alojamiento siguió siendo una de las principales prioridades para las personas refugiadas y migrantes en la región. Las barreras sociales y físicas han agravado problemas como la falta de vivienda, los desalojos, el hacinamiento o la vivienda inadecuada, así como la reubicación en zonas periféricas o asentamientos informales. Muchas personas migrantes y refugiadas enfrentaron desafíos agravados debido a la inseguridad, la violencia y los impactos de eventos ambientales y climáticos en los territorios de acogida. 

Como se destaca en el RMNA 2024, aproximadamente el 73% reside en viviendas alquiladas, con tasas más altas observadas en Argentina, Ecuador y Panamá. Los estrictos requisitos de alquiler, los altos costos, las restricciones financieras y la falta de subsidios para el alquiler han contribuido a condiciones de vida precarias. Se informa que alrededor del 20% de los hogares están en riesgo de desalojo o ya han sido desalojados. 

Mientras tanto, las soluciones de emergencia, como las opciones de alojamiento colectivo temporal, se consideraron insuficientes, ya que los alojamientos de emergencia a menudo no lograban satisfacer la demanda debido a cierres o a una infraestructura inadecuada. 

Respuesta 

En 2024, el Sector de Alojamiento alcanzó a un total de 128.400 personas en 17 países, lo que representa el 27% de la población objetivo. Del total de actividades, el 83% se implementó a través de asistencia directa por parte de 59 organizaciones, incluyendo nueve organizaciones lideradas por personas refugiadas y migrantes,y el resto estuvo relacionado con el fortalecimiento de capacidades. 

La mitad de las actividades implementadas correspondieron a soluciones de alojamiento individuales, principalmente programas de alquiler como el apoyo en Vivienda, Tierra y Propiedad (HLP por sus siglas en inglés), para minimizar el riesgo de desalojo, prevenir el hacinamiento y promover la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendadores. Estas actividades fueron seguidas por soluciones de alojamiento colectivo, en las que los  socios se enfocaron en mejorar la infraestructura de los alojamientos y brindar apoyo en la  gestión mediante asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. 

Por ejemplo, tras una tormenta en Roraima, Brasil, los socios de R4V, junto con el gobierno y el ejército, formaron un grupo de trabajo para proveer colchones secos, restablecer 650 estructuras, aislar áreas y gestionar el flujo de personas. 

Otras actividades incluyeron la entrega de artículos no alimentarios (NFI por sus siglas en inglés), con la distribución de artículos para realizar tareas diarias, como ropa, artículos para dormir y de cocina. También se implementaron actividades relacionadas con infraestructura comunitaria, mediante intervenciones basadas en áreas, como en asentamientos, que desempeñaron un papel fundamental en la promoción de la integración social y cultural, así como en el fortalecimiento de las autoridades locales. 

Los socios del Sector de Alojamiento continuaron coordinando actividades con varios sectores, con el objetivo de ofrecer soluciones integradas. Los Sectores de Alojamiento e Integración publicaron las directrices “Fortalecimiento del enfoque territorial para la integración”, que reforzaron estos esfuerzos. 

Se fortaleció la coordinación con el Grupo de apoyo de Medio Ambiente de R4V, capacitando a socios del sector de alojamiento en el uso de las herramientas del Asesor Virtual Medioambiental y Humanitario y la herramienta de Evaluación Ambiental Nexus, para incorporar consideraciones ambientales en la respuesta de alojamiento. Estas capacitaciones se llevaron a cabo junto con REDLAC y el Clúster Global de Alojamiento, allanando el camino para una mayor alineación de la arquitectura humanitaria en 2025. 

Además, se iniciaron esfuerzos con el Subsector de VBG y el Sector de WASH, con planes para publicar nuevas orientaciones a lo largo del año. 

Lecciones aprendidas 

A pesar de los importantes desafíos que enfrentan las personas refugiadas y migrantes para acceder a alojamiento, incluidos los altos costos de alquiler, las limitaciones financieras, los estrictos requisitos de arrendamiento y el acceso limitado a subsidios de alquiler, lo que a menudo resulta en condiciones de vida precarias, se han logrado avances importantes en el fortalecimiento del compromiso y la capacidad de respuesta de los gobiernos. Estos avances han permitido establecer vínculos programáticos más sólidos con esquemas de protección social e iniciativas de desarrollo más amplias, promoviendo así la inclusión y permanencia de las personas migrantes y refugiadas dentro de las políticas públicas. 

Por ejemplo, en Uruguay, los socios de R4V trabajaron junto con el Gobierno en la implementación del “Programa de Apoyo a la Integración Socio Urbana de la Población Migrante”, que tiene como objetivo promover la integración social y urbana de personas refugiadas y migrantes. 

Existe un reconocimiento cada vez mayor  de la necesidad de soluciones más sostenibles que no solo estén integradas en los marcos de políticas públicas, sino que también estén impulsadas por esfuerzos de localización y se fortalezcan mediante una mayor participación del sector privado.

Situación 

El RMNA 2024 demostró que los servicios de WASH que salvan vidas, en particular, el acceso al agua, siguen siendo una de las principales necesidades para las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a otro país. Cuatro países (Colombia, Ecuador, Perú y Panamá) mostraron tasas alarmantes de instalaciones y servicios de WASH limitados o inexistentes, lo que resultó en prácticas inseguras como la defecación al aire libre y otros riesgos para la salud, como la deshidratación y enfermedades gastrointestinales entre esta población. 

Para las personas migrantes y refugiadas en destino, los desafíos para acceder a servicios de WASH continuaron durante 2024. Aunque los hogares venezolanos tienen acceso a infraestructura mejorada de agua, el suministro suele ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas, como se evidenció en Argentina, Ecuador y Perú. Esto llevó a muchas familias a depender de fuentes de agua más costosas y menos confiables. Además, las instalaciones de saneamiento suelen ser compartidas con otros hogares o personas desconocidas, lo que compromete la seguridad y la dignidad, mientras que el acceso a artículos de higiene sigue siendo limitado debido a restricciones financieras o de suministro. 

Las áreas con mayores necesidades, como los asentamientos informales —a menudo desatendidos por las autoridades locales debido a condiciones regulatorias— enfrentan importantes desafíos para acceder a servicios de WASH adecuados, lo que agrava las condiciones de vida de las personas refugiadas y migrantes que allí residen. Adicionalmente, los efectos del cambio climático intensifican cada año la escasez de agua en la región de América Latina y el Caribe, afectando de manera desproporcionada a las comunidades de personas migrantes y refugiadas, que con frecuencia se asientan en zonas propensas a inundaciones o con escasez de agua. 

Respuesta 

En 2024, los socios del sector de WASH continuaron respondiendo a las necesidades críticas de WASH de las personas refugiadas y migrantes. El sector alcanzó a más de 152.000 personas mediante 1.390 actividades llevadas a cabo por 42 organizaciones socias. Parte de la población atendida incluyó a personas migrantes y refugiadas en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria en Panamá y en la Estación Migratoria del Sur en Costa Rica, donde se brindaron servicios de WASH que salvan vidas a quienes se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad, como mujeres y niños y niñas. 

La respuesta en toda la región se implementó en gran medida a través de asistencia directa (91%), que abarcó la provisión de agua potable, saneamiento, instalaciones de lavado y artículos de higiene, incluyendo higiene menstrual. En los puntos fronterizos entre Perú/Bolivia y Bolivia/Chile, estos servicios se prestaron en ambos lados de la frontera en los Puntos de Atención y Orientación (PAO). En Brasil, los socios del R4V trabajaron en iniciativas conjuntas con el gobierno, invirtiendo en infraestructura clave, incluida la instalación de letrinas semipermanentes y la mejora del acceso al agua en los alojamientos oficiales. 

El modelo de “rincones de higiene” se amplió con éxito en la mayoría de los países del R4V: los rincones de higiene son espacios seguros donde las personas migrantes y refugiadas pueden elegir los artículos de higiene que mejor se adaptan a su situación (gestión menstrual, pañales para bebés, ropa interior, jabón para manos o para lavar ropa, entre otros). 

También se implementaron intervenciones WASH a más largo plazo. Por ejemplo, en Huaquillas, Ecuador, los socios de R4V rehabilitaron pozos y mejoraron el sistema de suministro de agua para las comunidades de acogida de personas  migrantes y refugiadas. En varios países de acogida, los socios también rehabilitaron centros de salud, escuelas y comedores comunitarios. Estos esfuerzos incluyeron la distribución de artículos de higiene, filtros y tanques de agua, junto con campañas de cambio de comportamiento social y promoción de la higiene, con el fin de mejorar el acceso y tratamiento seguro del agua en los hogares. 

Los esfuerzos de coordinación y respuesta se fortalecieron mediante actividades de fortalecimiento de capacidades para fortalecer la respuesta colaborativa en el sector de WASH. Por ejemplo, en Brasil se estableció un comité técnico de WASH con autoridades locales, y se creó un laboratorio para el monitoreo de la calidad del agua destinado tanto a comunidades de acogida como a personas migrantes y refugiadas, en coordinación con el municipio local. 

De manera similar, en Colombia, el sector desarrolló un Marco Operativo para la Promoción de la Higiene en Emergencias con el fin de estandarizar las prácticas y artículos de higiene para los socios, demostrando el compromiso del sector con el aprovechamiento de capacidades y conocimientos existentes para lograr una respuesta más coordinada y eficaz. 

Lecciones aprendidas  

A pesar de los desafíos relacionados con los costos y el mantenimiento de la infraestructura, los socios del sector de WASH continuaron brindando servicios esenciales que salvan vidas. En 2025, el sector priorizará soluciones duraderas en áreas de alta necesidad, como los asentamientos informales, que tienen menor probabilidad de recibir apoyo de las autoridades locales para garantizar el acceso a servicios de WASH. Las intervenciones efectivas a largo plazo contribuirán además a la integración de las comunidades locales, promoviendo la cohesión social y el desarrollo comunitario. 

Para mejorar la efectividad y sostenibilidad de los servicios de WASH, el sector continuará fortaleciendo los mecanismos locales de coordinación. Esto implica establecer líneas claras de comunicación, definir roles y responsabilidades, construir alianzas y promover la colaboración entre los actores de WASH, los sectores del R4V, las agencias gubernamentales y otras partes interesadas. 

Situación 

En 2024, el apoyo financiero continuó desempeñando un papel central en la asistencia a personas migrantes y refugiadas de Venezuela en América Latina y el Caribe. A pesar de los esfuerzos de los países de acogida, como Colombia y Ecuador, por ampliar el acceso a la regularización, la protección y la integración, muchas personas enfrentaron obstáculos significativos para satisfacer de manera constante sus necesidades básicas o acceder a servicios. Las personas refugiadas y migrantes en contextos de destino se vieron particularmente afectadas por las opciones limitadas de vivienda, medios de vida precarios y acceso restringido a los mecanismos nacionales de protección social. En muchas áreas urbanas, los sistemas de servicios, ya frágiles, enfrentaron una mayor demanda, lo que afectó tanto a las personas refugiadas y migrantes como a las comunidades de acogida. En este sentido, el apoyo financiero continuó desempeñando un papel fundamental para abordar estas brechas. 

Respuesta 

El apoyo financiero fue una herramienta clave utilizada por los socios en toda la región para ayudar a las personas refugiadas y migrantes más vulnerables a cubrir una serie de necesidades esenciales, incluyendo alimentación, alojamiento e higiene, al tiempo que contribuía a su inclusión más amplia dentro de las comunidades de acogida. A lo largo del año, se alcanzó a 179.000 personas, lo que representa el 38% de las 469.890 de población meta. La mayoría de las personas asistidas se encontraban principalmente en países de destino (106.000), seguidas por poblaciones pendulares (34.000), miembros de comunidades de acogida (31.000) y otras (8.000). 

A pesar de las limitaciones de financiamiento, solo se recibió el 11% de los 132,46 millones de USD requeridos, el apoyo financiero demostró ser altamente impactante. Al permitir que las familias eligieran cómo y dónde satisfacer sus necesidades, ayudó a salvaguardar la dignidad y autonomía, al tiempo que contribuyó a las economías locales mediante el gasto a nivel de hogar en tiendas, mercados y servicios locales. 

El apoyo financiero también desempeñó un papel estabilizador, ayudando a que las familias migrantes y refugiadas permanecieran de forma segura donde se encontraban, reduciendo su dependencia de mecanismos de afrontamiento negativos. Además, contribuyó a promover la convivencia pacífica al aliviar la demanda sobre los sistemas nacionales de asistencia y mejorar la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para contribuir a sus comunidades. 

Lecciones aprendidas 

La coordinación efectiva a través de los grupos de trabajo nacionales fue un factor clave para una implementación de calidad en 2024. Estas plataformas ofrecieron espacios estructurados para la colaboración, el intercambio de información, los esfuerzos de deduplicación y el desarrollo de enfoques coherentes entre los actores humanitarios dentro de respuestas multisectoriales. 

Situación 
El año 2024 estuvo marcado por una serie de eventos climáticos extremos en América Latina y el Caribe, que provocaron pérdidas humanas, desplazamientos, interrupciones en los medios de vida y daños extensos a infraestructuras críticas, afectando significativamente a las comunidades. El impacto climático del fenómeno de El Niño se evidenció en varios países de la región, con patrones de lluvia alterados que causaron sequías generalizadas, mientras que otras zonas experimentaron lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas económicas. Además, varias tormentas tropicales y huracanes causaron daños devastadores. 

La variabilidad climática y los eventos extremos ejercieron presión adicional sobre los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria, afectando a agricultores comunitarios, productores a pequeña escala y poblaciones vulnerables que ya enfrentaban pobreza, desigualdad o marginación, incluidas personas refugiadas y migrantes. Estos grupos son más vulnerables a los impactos climáticos, que agravan la pobreza, limitan el acceso al agua potable y aumentan la inseguridad alimentaria y la malnutrición, especialmente tras conflictos o desastres relacionados con el clima. 

Además, los movimientos masivos de personas migrantes y refugiadas, junto con las respuestas humanitarias a gran escala, contribuyeron a la presión ambiental en rutas clave y zonas de concentración. En la selva del Darién, por ejemplo, estos movimientos y respuestas han generado mayor deforestación, contaminación y presión sobre los ecosistemas locales y las comunidades indígenas. 

Respuesta 
Basándose en la estrategia integrada desarrollada en 2023, que reafirmó el compromiso de R4V con la operacionalización del nexo humanitario-desarrollo, los esfuerzos en 2024 incluyeron el fortalecimiento de capacidades para soluciones ambientalmente sostenibles, la sensibilización y la mejora de la resiliencia de las comunidades y del entorno frente a impactos y amenazas externas. 

Para alcanzar soluciones duraderas y reforzar el enfoque de “no causar daño”, se llevaron a cabo varias capacitaciones y entrenamientos regionales para socios de R4V. En julio, se realizó una capacitación con el Sector de Alojamiento para facilitar el uso de la herramienta Virtual Environmental and Humanitarian Adviser (VEHA). Tras esta capacitación, se desarrolló un nuevo paquete de la herramienta Nexus Environment Assessment Tool (NEAT+) adaptado a la región de ALC. En noviembre, se llevó a cabo otra capacitación conjunta con el Sector de Alojamiento de R4V, el Clúster Global de Alojamiento, la IFRC y la Unidad Conjunta de Medio Ambiente de UNEP-OCHA. Los participantes adquirieron conocimientos sobre la relevancia de NEAT+ para el análisis ambiental y comprensión práctica basada en estudios de caso reales. 

Finalmente, el Punto Focal de Medio Ambiente lideró la creación de un nuevo Marcador Ambiental, presentado durante el seminario web del proceso de presentación de actividades del RMRP 2025-2026 en agosto de 2024. Este marcador, como parte de la estrategia integrada, se centró en soluciones duraderas mediante el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y del entorno frente a impactos, a través de un enfoque de nexo humanitario, paz y desarrollo. Mide acciones que incluyen Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS) y restauración ambiental, con el objetivo de abordar las necesidades compuestas de personas migrantes y refugiadas afectadas por el cambio climático, la violencia y los conflictos. La encuesta a 261 organizaciones destacó el estado actual de la transversalización ambiental y su implementación estratégica. 

Situación 
En 2024, los riesgos de explotación y abuso sexual (EAS) continuaron siendo una preocupación crítica en toda la respuesta de R4V. La convergencia de necesidades humanitarias, acceso limitado a vías de protección y dinámicas de poder desiguales entre las poblaciones afectadas y quienes prestan servicios puede dar lugar a situaciones de SEA, que a menudo no se denuncian. Las personas en movimiento—especialmente mujeres, niñas, niños no acompañados o separados, y otros grupos vulnerables sin estatus regular—permanecieron en riesgo elevado, particularmente al navegar sistemas desconocidos, intentar llegar a otro país o depender de asistencia para cubrir necesidades básicas. 

Estos riesgos se ven agravados por la disponibilidad limitada de servicios, dificultades para acceder a procesos de regularización y escaso conocimiento sobre derechos y mecanismos de denuncia. Los hallazgos del RMNA 2024 y del informe del Secretario General de la ONU sobre PSEA 2024 señalan brechas sistémicas en la prevención y respuesta ante SEA. A pesar de los esfuerzos en curso, solo la mitad de los hogares que reciben asistencia en países R4V reportaron saber cómo presentar quejas o comentarios sobre organizaciones o personal, y esta cifra cae al 29% entre personas en tránsito. Además, más de 1 de cada 10 hogares encuestados desconocía que la asistencia humanitaria es gratuita, cifra que asciende al 32% entre personas en movimiento, lo que las expone a un riesgo significativo de explotación. El RMNA 2024 también indicó que la desinformación, la falta de canales seguros de denuncia y el escaso conocimiento sobre el comportamiento esperado del personal humanitario persisten en múltiples contextos, incluidas rutas de alto riesgo. 

Respuesta 
En 2024, la Comunidad de Práctica (COP) de PEAS de R4V priorizó el fortalecimiento de la protección contra la explotación y el abuso sexual mediante la identificación de riesgos, evaluaciones de capacidad de socios, planes de fortalecimiento adaptados y colaboración interinstitucional con equipos técnicos y liderazgos de los Equipos de País de las Naciones Unidas. 

Entre los logros clave destacan las alianzas entre la COP y cuatro organizaciones de la sociedad civil en Perú, Costa Rica, Ecuador y Chile, que transformaron la forma en que estos actores clave de R4V abordan la EAS. Estas alianzas permitieron el desarrollo de medidas organizacionales efectivas, como la elaboración de políticas internas, inclusión de cláusulas sobre EAS en contratos, capacitaciones obligatorias para el personal y procedimientos sistemáticos de verificación en procesos de contratación. Los socios también mapearon servicios de asistencia a víctimas, asegurando que las personas sobrevivientes puedan acceder a apoyo vital centrado en sus necesidades. 

Otro logro importante fue la Evaluación Interinstitucional de Riesgos de EAS realizada en Chile en noviembre de 2024, en colaboración con múltiples entidades de la ONU y el Comité Nacional de PEAS. Participaron más de 80 personas migrantes y refugiadas, 28 personas trabajadoras de primera línea y 16 representantes de diversas organizaciones. La evaluación identificó vulnerabilidades clave, riesgos relacionados con modalidades operativas de la respuesta y brechas en mecanismos de denuncia y sistemas de apoyo a sobrevivientes. Estos esfuerzos fortalecieron los marcos de PEAS y contribuyen a entornos más seguros para personas refugiadas y migrantes. 

La COP también adaptó y lanzó los materiales de la campaña “Juntas y Juntos Decimos No”, creando 15 piezas personalizadas. El lanzamiento regional se realizó a través del arte, en formato de teatro foro, destacando diversas manifestaciones de explotación, abuso y acoso sexual y discutiendo medidas preventivas con personal de varias organizaciones de R4V, incluidas personas directoras regionales. Este formato exitoso fue replicado en países como Ecuador y Perú con compañías teatrales nacionales. 

Lecciones Aprendidas 

En 2025, la implementación de prioridades estratégicas en PEAS se centrará en asegurar financiamiento y apoyo específicos para actividades de PEAS, y en abordar la participación desigual entre plataformas y países debido a brechas de capacidad dedicada. Las organizaciones locales presentan niveles variables de capacidad en PEAS; por ello, los esfuerzos se enfocarán en brindar apoyo técnico a socios más pequeños para adaptar sus sistemas internos. 

Una lección clave para mejorar la coordinación y maximizar recursos fue la agrupación de fondos pequeños entre socios de la COP, el Subsector de Violencia Basada en Género y sectores como Alojamiento y Transporte Humanitario. Este enfoque colaborativo de financiamiento apoyó varios programas de fortalecimiento de capacidades, mejoró los aportes técnicos y fortaleció alianzas, aprendizajes y sinergias entre socios de R4V. Implementar esta estrategia en el próximo año será esencial para continuar aplicando medidas de PEAS y garantizar una respuesta basada en la seguridad, la dignidad y la integridad. 

Situación 
Durante 2024, el contexto operativo en América Latina y el Caribe continuó evolucionando, impulsado por dinámicas cambiantes de movilidad, modificaciones en políticas públicas y un aumento en las medidas de control a lo largo de rutas principales. Estos desarrollos impactaron la forma en que se integraron la Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas (AAP) y la Comunicación con Comunidades (CwC) en la respuesta. Aunque se observó progreso en la institucionalización de mecanismos de participación y retroalimentación en algunos países, los esfuerzos para garantizar una participación significativa y constante en toda la región fueron desiguales. Muchas personas migrantes y refugiadas continuaron enfrentando barreras para acceder a información oportuna, precisa y útil. Factores como el idioma, la exclusión digital y el alcance limitado en zonas rurales y fronterizas contribuyeron a brechas persistentes en la comunicación bidireccional. Al mismo tiempo, la creciente dependencia de plataformas digitales para compartir información y acceder a servicios resaltó la urgencia de abordar la brecha digital, especialmente para personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas. Asegurar que las estrategias de comunicación sean inclusivas y que los mecanismos de retroalimentación informen la toma de decisiones sigue siendo un desafío clave y una prioridad estratégica para la región. 

Respuesta 
En línea con las prioridades del RMRP 2024, el Grupo de Trabajo AAP/CwC se centró en tres áreas clave: (1) el fortalecimiento de sistemas de retroalimentación localizados, (2) el reforzamiento de esfuerzos interinstitucionales para aplicar acciones mínimas de AAP y (3) la promoción de enfoques de comunicación inclusivos y accesibles. A lo largo del año, varias plataformas nacionales de R4V fortalecieron y adaptaron mecanismos de retroalimentación comunitaria existentes, alineándolos con estándares técnicos globales de AAP y ajustándolos a sus contextos operativos específicos y necesidades comunitarias. En Chile, una misión interagencial al centro temporal de Lobitos apoyó la implementación de un mecanismo de retroalimentación comunitaria diseñado para recoger y responder a opiniones, preguntas y sugerencias de personas migrantes y refugiadas, con participación activa de autoridades locales. La misión incluyó una capacitación sobre sistemas de retroalimentación para 58 socios y funcionarios públicos, junto con consultas directas con personas venezolanas usuarias del centro, asegurando un enfoque contextualizado e informado por la comunidad. En Bolivia, más de 300 personas utilizaron canales establecidos para compartir inquietudes y sugerencias, contribuyendo a decisiones programáticas más informadas. En Perú, Ecuador y Colombia, los socios trabajaron para conectar mejor la retroalimentación comunitaria con rutas de referencia y prestación de servicios, mejorando la confianza y la capacidad de respuesta en terreno. 

En Brasil, la herramienta interagencial U-Report Uniendo Voces continuó funcionando como un canal participativo, involucrando a un nuevo grupo de jóvenes venezolanos voluntarios. La plataforma facilitó el diálogo abierto sobre temas como salud mental y cambio climático, asegurando que las perspectivas comunitarias estuvieran al centro de la programación. 

A nivel regional, el Grupo de Trabajo AAP/CwC colaboró estrechamente con el Sector de Protección y el Grupo de Trabajo de Comunicaciones para codesarrollar mensajes armonizados sobre derechos, servicios y procedimientos. El fortalecimiento de capacidades fue un componente central de la respuesta, con sesiones informativas y capacitaciones conjuntas sobre cómo integrar efectivamente acciones mínimas de AAP en programas, dirigidas a socios en Trinidad y Tobago y al Sector de Alojamiento. 

También se llevaron a cabo intercambios adicionales en coordinación con socios de R4V y agencias de la ONU, con el objetivo de fortalecer enfoques comunes de rendición de cuentas y reforzar prácticas de participación comunitaria en toda la plataforma regional. 

Lecciones Aprendidas 

En 2024, la integración y transversalización de AAP enfrentó desafíos en algunas respuestas nacionales, especialmente en contextos donde cambios rápidos en políticas migratorias y presiones operativas limitaron la capacidad de los socios para mantener una participación comunitaria estructurada. En varios contextos, las barreras digitales y lingüísticas, así como la limitada apropiación institucional de AAP, redujeron la efectividad de los canales de retroalimentación. Para 2025, el Grupo de Trabajo AAP/CwC se enfocará en reforzar la coordinación a nivel país, promover la inclusión de AAP en la planificación de preparación y respuesta, y ampliar el uso de soluciones apropiadas al contexto y de baja tecnología para consolidar y expandir el alcance y la rendición de cuentas en áreas volátiles y de difícil acceso. 

Situación 
En 2024, la propagación de desinformación perjudicial sobre personas migrantes y refugiadas se intensificó en medios de comunicación y redes sociales, afectando directamente sus vidas y socavando la credibilidad de las organizaciones que trabajan en su apoyo. Este aumento de la desinformación estuvo estrechamente vinculado a niveles elevados de xenofobia, lo que dificultó la integración de personas refugiadas y migrantes en los 17 países de R4V, generando prácticas discriminatorias en el empleo y barreras significativas para acceder a la vivienda, según lo reportado en el RMNA 2024. 

Al mismo tiempo, las personas migrantes y refugiadas continuaron enfrentando desafíos persistentes debido al acceso inconsistente y, a menudo, insuficiente a información confiable y oportuna. Contenidos falsos y engañosos se difundieron ampliamente en redes sociales comúnmente utilizadas por estas poblaciones, dejándolas vulnerables ante ofertas laborales fraudulentas, trata de personas y viajes peligrosos. 

Las personas migrantes y refugiadas necesitan información precisa para tomar decisiones informadas sobre su seguridad, regularización y acceso a servicios esenciales. Sin embargo, según el RMNA 2024, tres de cada cuatro personas refugiadas y migrantes en Ecuador reportaron no contar con la información y los recursos necesarios para transitar sus trayectos de manera segura. En Colombia, el 60% de las personas migrantes y refugiadas en movimiento indicaron no haber recibido información suficiente sobre sus derechos y los servicios disponibles. 

La proliferación de desinformación y la falta de información confiable y accesible continúan teniendo un impacto profundo en la protección, inclusión y bienestar de las personas refugiadas y migrantes en toda la región. 

Respuesta 
Ante este panorama desafiante, el Grupo de Trabajo Regional de Comunicaciones se centró en combatir la xenofobia y promover la cohesión social mediante la mejora de la comprensión pública sobre las realidades de las personas migrantes y refugiadas, destacando sus contribuciones a la sociedad. 

Un logro clave dentro de la estrategia general fue la campaña digital del documental de R4V El viaje que no tiene fin. Este documental destacó las experiencias de cuatro familias refugiadas y migrantes en Panamá, Ecuador y Perú. Ocho videos promocionales y mensajes dirigidos en redes sociales lograron un alcance global, generando cerca de 5 millones de visualizaciones, 18 millones de impresiones y casi 190.000 interacciones en ‘X’. En YouTube, la campaña alcanzó a casi 652.000 personas y atrajo a cerca de 400.000 nuevos visitantes al perfil de R4V. 

Para dar rostro humano a las experiencias de personas migrantes y refugiadas en la región, R4V produjo 12 historias en video que alcanzaron a más de 40.000 personas a través de sus perfiles en X y YouTube. Además, se realizaron misiones de contenido en Ecuador y Costa Rica para apoyar la difusión pública de historias de interés humano. 

El Grupo de Trabajo de Comunicaciones fortaleció el conocimiento sobre la misión de R4V mediante el desarrollo de estrategias para difundir y amplificar el impacto de conocimientos basados en evidencia sobre necesidades y prioridades regionales, al tiempo que se promovía la solidaridad global. Estos esfuerzos incluyeron planes de comunicación 360°, con alcance a medios, videos, contenido en redes sociales, mensajes clave, boletines informativos y cobertura en tiempo real de eventos de alto nivel. 

El Grupo de Trabajo de Comunicaciones también brindó apoyo a los sectores de R4V, plataformas nacionales y subregionales, y al equipo regional en la creación de productos para comunicar información e iniciativas clave de carácter contextual, operativo y estratégico. 

Asimismo, se prepararon mensajes de comunicación pública en coordinación con socios para abordar desarrollos políticos y sociales que impactan a personas refugiadas y migrantes, así como para contrarrestar la desinformación sobre la respuesta. La colaboración estrecha con el Grupo de Trabajo Regional de AAP/CwC fue fundamental para identificar necesidades de información, cerrar brechas y apoyar la protección de personas refugiadas y migrantes en contextos adversos. 

Lecciones Aprendidas 

El mayor desafío para el Grupo de Trabajo de Comunicaciones fue responder de manera efectiva a la desinformación mediática y a las narrativas falsas sobre personas migrantes y refugiadas que circulan en redes sociales. Abordar este problema requiere una coordinación más sólida con los equipos de comunicación en toda la región para anticipar emergencias y contrarrestar la desinformación con contenido positivo que destaque las contribuciones de las personas refugiadas y migrantes a las comunidades de acogida. 

En 2025, el Grupo de Trabajo continuará desarrollando contenido preciso y confiable para contrarrestar narrativas negativas y visibilizar tanto los desafíos como las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas, asegurando que los medios de comunicación, tomadores de decisiones y el público estén bien informados. Además, será crucial subrayar la importancia de la respuesta de R4V en el apoyo a las poblaciones más vulnerables y en la complementariedad de los esfuerzos de los gobiernos de la región. 

Situación 
En 2024, las desigualdades de género siguieron siendo una característica definitoria de la experiencia de personas refugiadas y migrantes en los 17 países de la Plataforma R4V. Según el RMNA 2024, mujeres, niñas y personas LGBTQI+ migrantes y refugiadas continuaron enfrentando barreras interseccionales que limitaron su acceso a derechos, servicios y oportunidades de integración. En toda la región, fueron desproporcionadamente afectadas por condiciones inadecuadas de alojamiento, servicios WASH deficientes y acceso limitado a salud, empleo, educación y protección. 

Las políticas migratorias cada vez más restrictivas y la xenofobia agravaron aún más estos desafíos, dificultando la integración social de estos grupos. Las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de trabajar en empleos informales y enfrentaban mayores barreras debido a responsabilidades de cuidado. En Colombia, el 79% de las mujeres refugiadas y migrantes estaban en empleo informal, y en Brasil, solo el 21% de las mujeres migrantes y refugiadas en edad laboral accedían a empleos formales, frente al 42% de los hombres. Estas disparidades reforzaron la feminización de la pobreza, la dependencia de parejas íntimas y la exposición a la explotación. Las personas indígenas, especialmente las mujeres, enfrentaron discriminación adicional por barreras lingüísticas y culturales. 

Las condiciones de alojamiento hacinadas e inseguras expusieron a mujeres, niñas y personas LGBTQI+ a mayores riesgos de protección. Continuaron enfrentando situaciones inseguras en espacios públicos y en actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo. Estos riesgos de género, agravados por la xenofobia y el estigma, marcaron las necesidades específicas de estos grupos durante el año. 

Respuesta 
Los socios de R4V incorporaron una perspectiva de género interseccional como prioridad en sus actividades para el RMRP 2025-2026 y en la preparación del RMNA 2024. Este enfoque consideró factores como edad, género, orientación sexual, etnicidad y discapacidad, entre otros, para cerrar brechas de género y empoderar a los grupos poblacionales más vulnerables—ya sea en tránsito, en movimientos pendulares o en destino. Las mujeres embarazadas, jefas de hogar, niñas, adolescentes, personas LGBTQI+ y personas con discapacidad estuvieron en el centro de la respuesta del RMRP. 

Como parte de estos esfuerzos, se realizaron capacitaciones sobre el Marcador de Género y Edad (GAM) con organizaciones socias para integrar aún más las perspectivas de género, edad y diversidad en las respuestas de R4V. Además, el uso del marcador de género y edad fue un requisito para todas las organizaciones socias al registrar actividades para el RMRP 2025-2026. 

Los esfuerzos de coordinación con el Grupo de Trabajo de Género del Proceso de Quito dieron lugar a una reunión sobre rutas de migración segura desde una perspectiva de género, marcando la primera participación de ministerios de la mujer de toda la región. Los ministerios de Perú, Chile y Costa Rica compartieron enfoques innovadores para adaptar las respuestas a las necesidades de mujeres refugiadas y migrantes en tránsito. 

Los socios de R4V también brindaron servicios vitales con enfoque de género. Albergues como la Casa de Acogida Esperanza en Uruguay desempeñaron un papel crucial en el apoyo a mujeres migrantes y refugiadas, incluidas aquellas de Venezuela. Estos espacios ofrecieron refugio, orientación legal, apoyo psicológico y asesoría laboral.