REPORTE DE FIN DE AÑO RMRP 2023
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL RMRP 2023
PERSONAS ALCANZADAS
En 2023, los socios de R4V llegaron con algún tipo de asistencia a alrededor de 2,18 millones de personas, incluidas personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas en el marco del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP). Este logro se alcanzó gracias a la colaboración de 132 organizaciones socias y 408 socios implementadores, representando a agencias de la ONU, ONG, instituciones financieras internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil que operan en 17 países de América Latina y el Caribe (ALC).
Entre ellos se encontraban 43 organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes venezolanas. En general, el número de organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes que participan en la respuesta de R4V como socios solicitantes aumentó de 46 en el RMRP 2023 a 65 en la Actualización del RMRP 2024.
Haz clic en un país y/o sector en el mapa interactivo a continuación para ver la implementación de los socios del RMRP en 2023.
MONITOREO DEL RMRP 2023
FINANCIAMIENTO DEL RMRP 2023
GRUPOS DE TRABAJO Y TEMAS TRANSVERSALES
InformaCiÓn DE R4V, EL RMRP Y ORGANIZACIONES SOCIAS
¿QUÉ ES R4V?
En abril de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas encargó a la OIM y al ACNUR coordinar la respuesta regional a la situación de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Como resultado, se estableció la Plataforma de Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) como un foro para coordinar los esfuerzos de respuesta en 17 países de América Latina y el Caribe.
¿QUÉ ES EL RMRP?
El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) fue desarrollado por primera vez en 2018 como un plan estratégico de respuesta regional y una herramienta de defensa para apoyar las operaciones a nivel subregional y de país, y garantizar que se satisfagan las necesidades humanitarias de protección e integración más urgentes de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, así como de las comunidades de acogida.
En 2022, la Plataforma R4V dividió el RMRP en dos documentos fundamentales, cada uno con un enfoque distinto: el Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA), que destaca las necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en destino y en tránsito, utilizando la recopilación de datos primarios y el análisis de datos secundarios en toda la región; y el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP), que se centra en las prioridades de respuesta operativa, actividades y requisitos financieros relacionados con la respuesta. Además, en consulta con los gobiernos anfitriones, donantes, socios apelantes de la R4V y otras partes interesados, y considerando la necesidad de facilitar mejor las actividades de los socios de la R4V a través del Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz, la Plataforma R4V transformó el RMRP en un plan plurianual, que también incluyó actividades de respuesta para personas refugiadas y migrantes de otras nacionalidades (además de personas venezolanas) en cinco de los diecisiete países cubiertos (seis países a 2024). El RMRP 2023-2024 fue publicado en diciembre de 2022.
Posteriormente, se desarrolló y lanzó una actualización del RMRP el 6 de diciembre de 2023. La Actualización del RMRP 2024 acompaña y reemplaza la respuesta originalmente planificada para 2024 presentada en el RMRP plurianual 2023-2024. Es el resultado de consultas realizadas a 248 organizaciones socias del RMRP, así como a gobiernos de acogida, donantes, personas refugiadas y migrantes, y comunidades de acogida en toda la región; para actualizar los escenarios de planificación originalmente previstos para 2024 según los eventos actuales y los cambios en el contexto, y ajustar la respuesta para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas según lo identificado a través del RMNA 2023.
DESCARGAr resumen de LAS PLATAFORMAS NACIONALES/SUBREGIONALES
Descargar Resumen de los Sectores Regionales
ORGANIZACIONES SOCIAS DEL RMRP 2023
Panorama Regional
En 2023, los socios de R4V llegaron con algún tipo de asistencia a alrededor de 2,18 millones de personas, incluidas personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas en el marco del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP). Este logro se alcanzó gracias a la colaboración de 132 organizaciones socias y 408 socios implementadores, representando a agencias de la ONU, ONG, instituciones financieras internacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil que operan en 17 países de América Latina y el Caribe (ALC). Entre ellos se encontraban 43 organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes venezolanas. En general, el número de organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes que participan en la respuesta de R4V como socios solicitantes aumentó de 46 en el RMRP 2023 a 65 en la Actualización del RMRP 2024.
Cinco años después del primer Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela en 2019, 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran fuera de su país de origen, con un estimado de 6,5 millones en la región de ALC. Como se enfatizó en el Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) 2023, 4,42 millones de personas venezolanas en destino aún enfrentan desafíos de integración en sus países de acogida, así como para acceder a necesidades básicas y de protección. Los socios priorizaron la asistencia multisectorial bajo un nexo humanitario-desarrollo, para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de personas refugiadas y migrantes, ya sea que estuvieran en tránsito o en destino.
A pesar de que la gran mayoría de personas refugiadas y migrantes en la región se encuentran en una situación relativamente estable dentro de un país de acogida, el año 2023 fue testigo de un aumento sin precedentes en los movimientos irregulares y multidireccionales de tránsito y sucesivos, con más personas refugiadas y migrantes emprendiendo viajes peligrosos para alcanzar nuevos destinos con el fin de encontrar soluciones de integración más sostenibles. En respuesta a esto, la asistencia proporcionada por parte de los socios de R4V a aquellos en tránsito se duplicó, en comparación con el año anterior. Esto fue especialmente notable en Panamá, donde el número de personas refugiadas y migrantes (de diversas nacionalidades) en tránsito que recibieron algún tipo de asistencia se multiplicó por 20, pasando de 12,876 en 2022 a 258,426 en 2023. Reflejando las necesidades prioritarias de las poblaciones en tránsito identificadas en la subregión de Centroamérica y México, los socios de R4V priorizaron la asistencia alimentaria en especie, servicios de WASH y de salud.
Para abordar las barreras que enfrentan las niñas y niños refugiados y migrantes para acceder y permanecer en las escuelas, los socios del Sector de Educación los apoyaron en su inscripción, les proporcionaron útiles escolares y kits, así como uniformes, y brindaron apoyo financiero, incluyendo asistencia en efectivo y cupones (CVA). Unas 202 mil personas recibieron apoyo educativo.
En 2023, los socios de Seguridad Alimentaria brindaron asistencia a 1,24 millones de personas, marcando la cifra más alta de personas alcanzadas entre todos los sectores. La respuesta priorizó la asistencia alimentaria inmediata para personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida afectadas altamente vulnerables. Aunque la mayoría de las actividades estaban dirigidas a poblaciones en destino, la creciente necesidad de las personas refugiadas y migrantes en tránsito hizo que se enfatizara más la asistencia alimentaria en especie para quienes se embarcaban en movimientos sucesivos. Esto fue particularmente relevante a lo largo del Corredor Andino y en Panamá y Costa Rica, donde muchas personas refugiadas y migrantes recurrieron a puntos fronterizos irregulares y rutas de tránsito.
Los socios del Sector de Salud apoyaron el acceso a servicios de salud esenciales, llegando a un total de 707,6 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas. Además de los servicios de salud primaria, la asistencia incluyó servicios de apoyo en salud mental y psicosocial (MHPSS), así como servicios de salud sexual y reproductiva (SRH). Además, los socios contribuyeron al fortalecimiento de los sistemas de salud pública mediante el apoyo a campañas regulares de vacunación y la provisión de equipos médicos y materiales de laboratorio para pruebas diagnósticas a las instalaciones de salud nacionales.
Para facilitar el acceso seguro y digno a servicios como atención médica, asistencia legal y educación; el Sector de Transporte Humanitario proporcionó a las personas refugiadas y migrantes más vulnerables, que carecían de suficientes ingresos, transporte local a estos servicios esenciales dentro de áreas urbanas. Los socios también brindaron asistencia en algunos casos de transporte de larga distancia, cuando se cumplían los criterios necesarios. En total, se llegó a 95,1 mil personas en 2023.
Para estabilizar y apoyar la integración local de las personas refugiadas y migrantes en sus comunidades de acogida, a través de un mejor acceso a oportunidades de generación de ingresos, el Sector de Integración llegó a 230,8 mil personas con apoyo directo relacionado con capacitación vocacional, entrenamiento en idiomas, apoyo al emprendimiento y reconocimiento de habilidades. También se organizaron eventos socioculturales y otras actividades, como eventos culturales y deportivos, para fortalecer la cohesión social entre personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida.
Para mejorar el acceso a los servicios de nutrición, los socios del Sector de Nutrición identificaron y respondieron a las necesidades urgentes de nutrición de las poblaciones vulnerables. Se proporcionó asistencia directa de suplementación con micronutrientes a mujeres embarazadas y lactantes, así como a niñas y niños menores de 5 años. Los socios también ofrecieron asesoramiento sobre la nutrición y alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños, para mujeres embarazadas, lactantes y para los cuidadores principales de niñas y niños menores de 2 años. En total, el Sector de Nutrición llegó a 68,9 mil personas.
En 2023, los socios del Sector de Protección llegaron a 985,0 mil personas con asistencia de protección especializada. Para promover un acceso efectivo a los procedimientos de asilo, iniciativas de regularización y estancias regulares, los socios proporcionaron asistencia técnica a los gobiernos y apoyo directo a personas refugiadas y migrantes, incluyendo asistencia legal e información sobre los procedimientos. En respuesta a la gran cantidad de personas que transitan irregularmente por rutas peligrosas, los socios implementaron campañas de información sobre los riesgos de tomar rutas irregulares y con orientación precisa sobre las vías regulares y los requisitos de entrada existentes. Los socios en los Subsectores de Protección de la Niñez, Violencia Basada en Género (GBV) y Trata y Tráfico de Personas se concentraron en ofrecer servicios especializados de asistencia en protección y en fortalecer las capacidades de respuesta, incluyendo la capacitación de socios y el apoyo a las autoridades pertinentes en las respectivas áreas temáticas. Los Subsectores alcanzaron a 105,8 mil, 138,1 mil y 26,2 mil personas respectivamente.
Para responder a las necesidades inmediatas, el Sector de Alojamiento facilitó el acceso a alojamientos de corto y largo plazo, llegando a 240,9 mil personas refugiadas y migrantes. La asistencia abarcó apoyo al alquiler y/o acceso a alojamientos temporales, como hostales. Además, el Sector abogó por el acceso de personas refugiadas y migrantes a una vivienda adecuada, mediante la actualización y adaptación de herramientas para que siguieran siendo adecuadas para su propósito.
El Sector de WASH facilitó el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene en puntos clave de convergencia para personas refugiadas y migrantes en tránsito y en destino, beneficiando a un total de 299,3 mil personas. Los socios de WASH también construyeron y mejoraron instalaciones de saneamiento en escuelas, centros de atención médica, alojamientos y asentamientos para mantener los estándares mínimos de WASH.
La respuesta global en 2023 se implementó en un 30% a través de asistencia en efectivo y cupones, una disminución comparada al 40% de CVA en 2022. Además, más de 257 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas recibieron asistencia en efectivo multipropósito (MPC), lo que les permitió abordar necesidades básicas y servicios, con cierta flexibilidad, promoviendo la autonomía para priorizar sus necesidades.
Se integraron diversos temas y prioridades transversales en la respuesta. La Comunidad de Práctica de PEAS apoyó a los socios en la adopción de medidas sólidas de PEAS en la respuesta mediante la consolidación de una red de puntos focales en la Plataforma, responsables de promover medidas colectivas de PEAS dentro de sus respectivas Plataformas. Para fortalecer los esfuerzos de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP) y Comunicación con las Comunidades (CwC) dentro de la Plataforma R4V, el Grupo de Trabajo de AAP/CwC realizó capacitaciones para proporcionarles habilidades y conocimientos a los socios, sobre la participación efectiva con las poblaciones afectadas y cómo integrar los principios de AAP en sus actividades de respuesta. Junto con los sectores de R4V se desarrollaron mensajes clave regionales, para apoyar una mensajería consistente y proporcionar información precisa sobre los riesgos asociados con las rutas irregulares e información sobre las rutas regulares.
Además de las principales iniciativas emblemáticas de la Plataforma R4V, como el RMNA 2023 y la Actualización del RMRP 2024, los equipos de la Plataforma aseguraron un monitoreo y reporte consistentes y sistemáticos de la respuesta a lo largo del año. Esto implicó la generación regular de informes sobre actualizaciones contextuales, como los cambios en los movimientos de población y los desarrollos que afectan a las personas refugiadas y migrantes en toda la región (por ejemplo, los Reportes Sobre Movimientos trimestrales). Los datos sobre las personas alcanzadas y los fondos recibidos bajo el RMRP se pueden visualizar en el Panel de Monitoreo de R4V y el Panel de Financiamiento, con opciones para filtrar los datos por sector y/o país. Todos los demás productos informativos y de reporte de R4V están disponibles en R4V.info y se comparten a través de otras plataformas, como X y YouTube.
El RMRP 2023 contó con un apoyo financiero de USD 387,2 millones, lo que representa el 22,6% de los requisitos totales (USD 1,72 mil millones) del plan. Esta es una disminución significativa en comparación con los planes de respuesta de años recientes, representando casi un 50% menos que el RMRP 2022 (USD 667 millones).
Pese a enfrentar limitaciones de financiamiento, los socios de R4V asistieron con éxito a más de 2,18 millones de personas refugiadas y migrantes vulnerables y miembros de las comunidades de acogida afectadas, complementando el apoyo de los gobiernos de acogida en la región, los principales respondedores. Este logro fue posible gracias al apoyo de los gobiernos de acogida, los donantes, las organizaciones solicitantes involucradas en la respuesta y la resiliencia y cooperación de las propias personas refugiadas y migrantes.
EDUCACIÓN
Situación
Las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes en la región, continúan enfrentando desafíos para acceder a servicios educativos y para atender sus necesidades en diversos sectores, que mitigarían las brechas de aprendizaje. El RMNA 2023 destacó que los principales obstáculos para tener acceso a las escuelas y, por lo tanto, la retención escolar son la falta de estatus regular y la falta de documentación de las personas refugiadas y migrantes. Otro desafío importante que afectó la asistencia escolar en varios países bajo la respuesta de R4V, fue la falta de recursos de las familias, para pagar las tarifas de matrícula (cuando corresponde) y para la compra de suministros escolares esenciales, que no están cubiertos por los países de acogida; como materiales, transporte y uniformes. En países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la escasez de cupos de inscripción disponibles también constituyó un desafío importante para el acceso a la educación de personas refugiadas y migrantes. En países como Brasil, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, y Guyana, las barreras de idioma a menudo le dificultan el acceso y/o la asistencia eficaz a niñas y niños refugiados y migrantes de habla hispana. El gobierno de Trinidad y Tobago identificó a 170 estudiantes venezolanos para un programa piloto, a través del cual se prevé que se les otorgará acceso a educación en el transcurso de 2024.
A pesar de los múltiples desafíos, el 2023 también vio algunas mejoras en el campo del acceso a la educación de personas refugiadas y migrantes. Por ejemplo, en escuelas en Colombia, la matrícula de niñas y niños refugiados y migrantes de Venezuela aumentó de aproximadamente 488,5 mil (2022) a 606,5 mil (2023), con niñas y niños de Venezuela representando el 6% de todas las niñas y niños matriculados a nivel nacional.
Respuesta
Los esfuerzos de los socios de Educación de R4V ayudaron a niñas y niños refugiados y migrantes a satisfacer sus necesidades educativas, llegando a unas 202 mil personas en toda la región en 2023, lo que representa el 28,2% de la población meta del Sector.
Para mejorar el acceso a la educación de niñas y niños refugiados y migrantes, los socios de R4V llevaron a cabo una serie de actividades en 2023, como; la asistencia directa, el desarrollo de capacidades, la incidencia y el apoyo a los gobiernos en la aplicación de políticas nacionales de educación que incluyan a las personas refugiadas y migrantes. Mediante la distribución de dinero en efectivo y cupones (CVA), los socios abordaron barreras que impiden la asistencia a la escuela, como lo es la falta de medios financieros para cubrir los costos relacionados con la matrícula, los suministros esenciales, materiales educativos y uniformes escolares. Además, las iniciativas de los socios incluyeron esfuerzos para identificar a niñas y niños no escolarizados, como se vio en Brasil y Ecuador. Los esfuerzos de colaboración con los Ministerios de Educación incluyeron campañas conjuntas de comunicación (Perú), suministro de material educativo (Colombia), creación de un grupo de trabajo especial (Bolivia) y talleres conjuntos (Chile) destinados a integrar a niñas y niños refugiados y migrantes en el sistema educativo.
Para garantizar la permanencia en el sistema educativo, el Sector de Educación llevó a cabo actividades de nivelación académica en Ecuador. En Perú, las iniciativas de promoción de la igualdad y prevención de la xenofobia incluyeron la formación de personal escolar en prevención de la xenofobia y en Argentina, Paraguay y Uruguay, en enfoques interculturales para fomentar la permanencia escolar.
En la subregión de Caribe, las iniciativas educativas incluyeron apoyo lingüístico y clases extraescolares adaptadas a niñas y niños refugiados y migrantes de Venezuela en Aruba, Curazao, Guyana y Trinidad y Tobago. Además, las niñas y niños indígenas en Guyana, quienes se encontraban a la espera de su escolarización, recibieron clases de inglés. En Trinidad y Tobago también se ofreció educación alternativa a quienes no tenían acceso a los sistemas educativos nacionales.
Los socios también apoyaron políticas de educación inclusiva en varios países. Por ejemplo, en Ecuador, los socios de R4V apoyaron la aplicación del Acuerdo Ministerial 26 A y los programas de Búsqueda Activa, que incluían el apoyo a campañas de comunicación dirigidas a personas refugiadas y migrantes, así como la asistencia a casos individuales de niñas y niños en su matriculación en las escuelas.
Por último, los socios de Educación llegaron a unos 2,3 mil profesores a través del curso en línea “Creando Aula”, destinado a mejorar la continuidad de la educación en contextos de situaciones de emergencia. En relación con el creciente número de niñas y niños refugiados y migrantes en tránsito, la campaña “Educación sin límites: Aprendo aquí o allá” sensibilizó sobre la crisis educativa que sufren estas niñas y niños.
Lecciones Aprendidas
En 2023, se identificaron varios desafíos tanto a nivel regional como nacional. Por ejemplo, la escasa armonización de los marcos normativos, entre los países de la región, en materia de acceso y permanencia a los servicios educativos. Si bien se dieron pasos importantes a través de iniciativas como la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello (CAB), los diversos requisitos específicos de documentos de cada país siguen siendo un desafío para el reconocimiento y acceso al aprendizaje.
Otro reto fue la aplicación de políticas públicas a nivel local, ya que a menudo una nueva política federal no se traduce automáticamente en la eliminación de las barreras educativas. Por este motivo, el Sector de Educación seguirá centrándose en apoyar a los gobiernos, también a nivel local, para garantizar que las políticas y leyes federales se traduzcan en un mayor acceso a la educación para niñas y niños refugiados y migrantes en todo el país, especialmente en las zonas remotas.
Foto de Portada: Eugenia Paz/OIM
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Situación
La seguridad alimentaria de las personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe (ALC) representa un reto importante, tanto para aquellos en destino como en tránsito. Según el RMNA, 3,18 millones de personas refugiadas y migrantes en destino se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria en 2023. Las causas de esta inseguridad alimentaria suelen ser las mismas que impulsan los movimientos de población; como la desigualdad, la pobreza estructural, las crisis económicas, el aumento de los precios y los fenómenos climáticos extremos. La inseguridad y la violencia también pueden elevar la inseguridad alimentaria a niveles catastróficos.
Además, como se menciona en el RMNA, las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a mayores problemas de seguridad alimentaria cuando están en tránsito, en alojamientos temporales o en hogares con mujeres embarazadas y lactantes y niñas y niños menores de cinco años. En Colombia, por ejemplo, se calcula que el 83,2% de la población en tránsito tiene dificultades para acceder a alimentos. Según un informe de un socio de R4V, el 85% de las personas refugiadas y migrantes en tránsito por Centroamérica y México tuvo dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias y recurría a mecanismos de afrontamiento negativos para acceder a los alimentos. Estos mecanismos de afrontamiento negativos incluían saltarse comidas, comer menos o pasar días enteros sin comer.
Respuesta
En 2023, 114 socios llevaron a cabo actividades de asistencia alimentaria en 16 países de ALC, como la distribución de kits de alimentos, comidas calientes y asistencia en efectivo y cupones (CVA) para posibilitar la seguridad alimentaria. El uso de CVA para apoyar a la seguridad alimentaria disminuyó del 53,1% en 2022 al 39,8% en 2023 y refleja las necesidades de asistencia en especie alteradas y aumentadas de las personas refugiadas y migrantes en tránsito. En 2023, los socios de R4V llegaron a 1,2 millones de personas con necesidades, incluidas personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida afectadas.
Los socios de Seguridad Alimentaria distribuyeron kits de alimentos y comidas calientes a través de cocinas comunitarias a personas refugiadas y migrantes en tránsito. Las estrategias de respuesta también incluyeron la difusión de mensajes clave relacionados con la nutrición, la protección y habilidades para la vida.
Cerca del 40% de la ayuda del Sector proporcionada a través de la asistencia de CVA, tenía por objetivo atender las necesidades de seguridad alimentaria inmediatas y a corto plazo de las personas refugiadas y migrantes, en particular, las necesidades de los que podían acceder a los mercados locales. Con vistas a reforzar el compromiso del Sector de hacer operativo el nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo, se vinculó la ayuda de emergencia inmediata con oportunidades de medios de vida sostenibles para mejorar la integración socioeconómica en las zonas urbanas y rurales.
Los socios del Sector también prestaron apoyo a las instituciones públicas mediante la mejora de las infraestructuras básicas, como las cocinas comunitarias, y el equipamiento para prestar mejores servicios de seguridad alimentaria.
Lecciones Aprendidas
Debido a los patrones fluctuantes de movimiento de la población en tránsito y a las necesidades cambiantes de las poblaciones en destino, el Sector aspira a aumentar el uso de CVA en 2024, facilitando así la flexibilidad y autonomía de los beneficiarios, al tiempo que se mejoran los resultados nutricionales y de seguridad alimentaria de las personas refugiadas y migrantes. El Sector también reforzará la coordinación intersectorial, en particular, con los sectores de Integración y Protección, para aumentar el impacto global, la integración socioeconómica y reforzar los sistemas nacionales de protección social y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes, como parte de una estrategia de integración inclusiva en los países de acogida.
Foto de Portada: R4V
SALUD
Situación
La salud de las personas refugiadas y migrantes en tránsito y en destino, así como la de las comunidades de acogida afectadas, fue motivo de preocupación en 2023. A pesar de que algunos países de la región avanzaron en la integración de las personas refugiadas y migrantes en sus sistemas nacionales de salud, y otros (como Brasil, Costa Rica y Ecuador) proporcionaron atención de salud universal para todos; las personas refugiadas y migrantes de toda la región siguen encontrando obstáculos para acceder a servicios de salud integrales. Como se señala en el RMNA 2023, estos retos incluyen; la falta de seguro médico, las dificultades para cubrir los costos de los servicios médicos, las barreras administrativas, lingüísticas y culturales, así como el hecho de encontrarse en situación irregular y el miedo al rechazo.
Los cambios en las dinámica de desplazamiento; con un aumento de la población en tránsito que a menudo incluye a familias enteras, mujeres, niñas, niños y adultos mayores; resaltan la necesidad de más servicios de salud especializados en las zonas rurales y semiurbanas, incluidos los de salud sexual y reproductiva, atención materna y neonatal, planificación familiar y anticoncepción, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas como el VIH/SIDA, la diabetes y la hipertensión, y servicios especializados de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS).
Lo anteriormente mencionado y el aumento de los desplazamientos en tránsito y movimientos sucesivos implican regularmente el uso de rutas peligrosas, con una notable exposición al abuso y la explotación, los socios de R4V han identificado una mayor atención a situaciones de salud mental y física. En el mismo contexto, las denuncias de violencia sexual evidenciaron una realidad frecuente y poco reportada a lo largo de las rutas de tránsito.
Respuesta
Los socios del Sector de Salud de R4V en toda la región, prestaron asistencia de salud a 707,6 mil personas, incluidas personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida afectadas, alcanzando al 36% de su población meta en 2023. Un total de 12,986 actividades de salud fueron realizadas por 65 socios solicitantes y 176 socios implementadores. El Sector recibió una financiación total de USD 31,62 millones, lo que representa el 16,8% de sus requerimientos.
Los socios del Sector de Salud dieron prioridad a la prestación de asistencia de salud directa a personas refugiadas y migrantes, incluidos servicios de salud primaria, salud sexual y reproductiva, MHPSS y salud materna. Los socios también contribuyeron a reforzar los sistemas de salud pública, como en Ecuador, donde apoyaron campañas periódicas de vacunación infantil.
Los socios de Salud también contribuyeron a la mejora de las instalaciones de salud, con equipos médicos, equipos de protección personal y pruebas diagnósticas de laboratorio, así como con la mejora de las infraestructuras. Además, los socios llevaron a cabo actividades de capacitación para el personal de salud que beneficiaron a 31,925 personas.
Para mejorar el acceso a la atención de salud y ampliar la cobertura del seguro médico, los socios de R4V emprendieron iniciativas de promoción en varios países. Por ejemplo, en Uruguay y Bolivia, los socios colaboraron con las autoridades de salud nacionales y locales para promover el reconocimiento de los documentos temporales y la asistencia directa para la afiliación. En Perú, los socios promovieron la inclusión de personas refugiadas y migrantes en el Seguro Integral de Salud (SIS).
Se reforzó la coordinación con otros mecanismos regionales, como el Proceso de Quito, de carácter intergubernamental, que incluye un Grupo de Trabajo sobre VIH/SIDA (País Campeón: Argentina) y un Grupo de Trabajo sobre Salud/COVID-19 (País Campeón: Perú), mediante la participación del Sector Regional de Salud en talleres técnicos con los gobiernos de la región, así como la defensa de un enfoque más holístico, que incluya otros temas de salud (aparte del COVID-19, la salud mental y el VIH/SIDA) en los debates del Proceso de Quito y en los talleres técnicos correspondientes.
Lecciones Aprendidas
Aunque en 2023 se registraron mejoras en el acceso a los servicios de salud, persisten ciertas limitaciones, y se requiere una coordinación y esfuerzos continuos para atender las necesidades de salud en medio de un aumento de los movimientos mixtos. Estas dificultades se ven exacerbadas por los problemas logísticos y de infraestructuras, especialmente en zonas remotas; así como por los continuos retos para garantizar que las políticas de salud nacionales sean accesibles a las personas refugiadas y migrantes. Por lo tanto, en 2024 el Sector de la Salud garantizará una mayor coordinación con los gobiernos, a nivel federal y local, para mejorar la prestación de servicios de salud.
En 2024, el Sector de Salud seguirá ajustando los programas a la evolución de las tendencias de los desplazamientos para ayudar a las personas refugiadas y migrantes a acceder a servicios vitales, independientemente de su situación (en destino o en tránsito), al tiempo que seguirá reforzando las capacidades nacionales y colaborando con los gobiernos para reducir las barreras que limitan el acceso a los servicios de salud.
Foto de Portada: Medical Teams / Lauren Odderstol
TRANSPORTE HUMANITARIO
Situación
En 2023, a pesar de los importantes esfuerzos y logros de los gobiernos de acogida para apoyar a las personas refugiadas y migrantes en sus esfuerzos de regularización, protección e integración; las personas refugiadas y migrantes en destino a menudo experimentaron dificultades para acceder a ingresos regulares en sus países de acogida, al mismo tiempo que se veían muy afectados por la crisis general del costo de vida. La falta de transporte fue uno de los principales obstáculos para acceder a servicios esenciales como la atención de salud, la educación, la protección o la regularización. La necesidad resultante y continua de servicios de transporte humanitario diarios o regulares sigue siendo una preocupación importante, especialmente para las mujeres que son cabeza de familia, están embarazadas o son lactantes (RMNA 2023).
Paralelamente, 2023 se caracterizó por un notable aumento en los movimientos sucesivos y de tránsito de personas refugiadas y migrantes, especialmente en Centroamérica y México. Más de medio millón de personas cruzaron de Colombia a Panamá a través del Darién en 2023, lo que representa casi un 50% más que en 2022. Además, continuaron los movimientos entre países de acogida y los movimientos pendulares en el Cono Sur y algunos países del Caribe.
Debido a la falta de documentación y de medios económicos para pagar un transporte seguro y digno, muchas personas refugiadas y migrantes viajan a pie por estas rutas, a menudo caminando durante semanas, entre 8 y 16 horas al día. Durante este tipo de viajes, se enfrentan a mayores riesgos que afectan a su salud, como la exposición a fenómenos climáticos y a la luz solar directa, accidentes en la carretera, acceso insuficiente a servicios sanitarios, así como riesgos de protección como; abusos, explotación, trata y tráfico, violencia de género, especialmente violencia sexual, acoso y reclutamiento de menores. Además, las personas refugiadas y migrantes siguen embarcándose en peligrosas travesías marítimas hacia Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, exponiéndose a riesgos como la trata y la explotación, así como a muertes en el mar.
Respuesta
En 2023, los socios de R4V llevaron a cabo 947 actividades de transporte humanitario ayudando a unas 95,1 mil personas, de las cuales 73,0 mil eran personas refugiadas y migrantes en destino; cumpliendo con el 59.9% de la población meta del Sector. Esto se logró gracias al apoyo de 13 socios solicitantes y 22 socios implementadores. Los socios del Sector de Transporte Humanitario recibieron un total de USD 4,84 millones en financiación. Más del 99% de la ayuda se proporcionó a través de actividades de asistencia directa.
Los esfuerzos regionales incluyeron la adaptación de la definición del transporte humanitario y su alcance, para alinearse con los cambios contextuales y las actividades actualizadas dentro del Sector, con el objetivo de mejorar la claridad en la ejecución. Por lo tanto, la mayoría de las actividades del sector reportadas en 2023 estuvieron relacionadas al transporte humanitario de larga distancia (528 actividades). Sobre la base de las recomendaciones y la información contenidas en los Lineamientos para el Transporte Humanitario de Larga Distancia 2022, el Sector Regional elaboró un documento con estudios de casos en el que se resumen diversas buenas prácticas, éxitos y retos en la aplicación del transporte de larga distancia.
Lecciones Aprendidas
El acceso a un transporte seguro sigue siendo un reto importante para las personas refugiadas y migrantes, en particular, para los que se encuentran en situación irregular, ya que la mayoría de los países R4V tienen normativas estrictas y el requisito de que el acceso a las opciones de transporte regular esté supeditado a tener un estatus regular. Esto aumenta la exposición de las personas refugiadas y migrantes a los grupos delictivos (incluidos la trata y tráfico de personas), a riesgos de robo, el deterioro de la salud, la explotación, el fraude y la violencia.
En 2024, los esfuerzos del Sector Regional continuarán dirigidos a la difusión de la información relacionada a los riesgos de protección asociados con los viajes irregulares y de maneras de reducir su exposición. Esto se hará en coordinación con otros sectores, como los Sectores de Protección e Integración y el Grupo de Trabajo CVA.
Teniendo en cuenta la estructura única del Sector de Transporte Humanitario, un reto constante sigue siendo la necesidad de reforzar los esfuerzos de promoción ante los gobiernos de acogida, las organizaciones donantes, los medios de comunicación y otros, sobre su esencial labor en la región. El Sector seguirá apoyando la labor de promoción y asesoramiento en la ejecución de actividades y el desarrollo de herramientas y capacidades en el transporte humanitario de corta distancia.
Foto de Portada: Milena Ayala/NRC
INTEGRACIÓN
Situación
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe se desaceleró en 2023. Las economías de América del Sur crecieron en un promedio de 1,5% (3,8% en 2022); las de América Central y México, un 3,5% (4,1% en 2022); y las del Caribe (excluida Guyana), un 3,4% (6,4% en 2022). En conjunto, el informe estima que el número de personas empleadas creció sólo un 1,4% en 2023 (5,4% en 2022). En un contexto de lento crecimiento económico, el acceso de las personas refugiadas y migrantes a oportunidades de generación de ingresos se ha visto especialmente afectado, y en un contexto en el que las personas refugiadas y migrantes son percibidas (más que antes) como competencia, por las pocas oportunidades que quedan; contribuyó a aumentar los niveles de inestabilidad social, discriminación y xenofobia, limitando aún más su integración.
La inestabilidad política, social y económica, como las observadas en Ecuador, Perú y Argentina, obstaculizaron las oportunidades de integración de las personas refugiadas y migrantes, contribuyendo a los movimientos de retorno. Por otro lado, países como Brasil y Uruguay mantuvieron un contexto económico y político favorable, y políticas de integración beneficiosas para las personas refugiadas y migrantes. En otros países como Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Perú, se ha avanzado hacia la regularización, lo que ha facilitado enormemente el acceso a mercados laborales regulares. A pesar de ello, persisten los retos, especialmente en el acceso al empleo y a los servicios financieros; en parte, debido a las limitaciones en las opciones de regularización existentes (como fechas límite para poder optar a ellas y los procedimientos administrativos extensos), a la dinámica de los mercados laborales regionales; ya que la tasa de desempleo de las personas refugiadas y migrantes supera el promedio nacional, como se observa en Ecuador y Chile; y a la falta de concienciación por parte de los empleadores y las instituciones financieras.
Respuesta
En 2023, los socios del Sector de Integración se vieron beneficiados por una contribución financiera de USD 48,85 millones (lo que representa el 14,3% de sus necesidades), con la que realizaron 6,855 actividades, proporcionado apoyo a la integración de 230,8 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas (el 23,3% de los destinatarios). Entre los beneficiarios, el 61% eran personas refugiadas y migrantes en destino, el 28% eran miembros de comunidades de acogida afectadas y el 11% restante eran personas en movimientos pendulares, de retorno y de tránsito. La mitad de los beneficiarios eran mujeres.
Para promover la integración a nivel nacional, los socios de integración apoyaron el espíritu emprendedor, mejoraron el acceso a la formación profesional y en idiomas, el reconocimiento de competencias, y promovieron eventos socioculturales a través de su trabajo con las autoridades, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. En Panamá, República Dominicana, Chile, Colombia, Costa Rica y Aruba, los socios destacaron las contribuciones de las personas refugiadas y migrantes al desarrollo local a través de estudios de impacto económico, los cuales han sido clave para cambiar la percepción y las narrativas sobre la migración.
En Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana y Panamá se reforzaron las capacidades de las autoridades locales para promover la participación inclusiva en el diseño y la aplicación de planes de acción para la integración socioeconómica. También se avanzó hacia la integración de las personas refugiadas y migrantes indígenas, especialmente en Trinidad y Tobago, Guyana y Brasil, donde se impartieron formaciones empresariales y de educación financiera en español y en lenguas indígenas. En Aruba, los socios colaboraron con el gobierno para modificar la política de permisos de trabajo. En Ecuador, se elaboraron manuales y guías mediante la coordinación entre diversas partes interesadas, incluida una Guía Técnica para el Apoyo al Emprendimiento.
En Brasil, los sectores de Integración y Transporte Humanitario colaboraron brindando apoyo a la Estrategia de Interiorización del gobierno; los sectores de Integración, Educación y el Grupo de Trabajo Nacional de Asuntos Indígenas colaboraron en iniciativas de capacitación para las personas refugiadas y migrantes indígenas de Venezuela.
A nivel regional, el Sector de Integración creó un Grupo de Trabajo sobre Iniciativa Empresarial y participó en la inauguración de un curso regional en línea sobre Iniciativa Empresarial para personas refugiadas y migrantes. Además, los Sectores de Integración y Alojamiento elaboraron un documento temático sobre Enfoques de Integración Basados en Áreas. El Sector también mejoró la comunicación y la coordinación con el mecanismo intergubernamental del Proceso de Quito a través de su Grupo de Trabajo de Inserción Socioeconómica (País Campeón: Colombia), y con el Clúster de Seguridad Alimentaria / Medios de Subsistencia del Equipo de Coordinación Humanitaria (HCT) de Venezuela a través del equipo de coordinación regional de R4V.
Lecciones Aprendidas
Obtener financiamiento sigue siendo un desafío significativo. Teniendo en cuenta que el Objetivo Estratégico de la respuesta R4V es estabilizar e integrar a las personas refugiadas y migrantes a sus comunidades de acogida (también con el fin de evitar movimientos sucesivos), conseguir un mayor apoyo de la comunidad internacional y de desarrollo sigue siendo el mayor reto del sector.
Otros desafíos relacionados al contexto económico y su efecto en los mercados laborales tuvieron un impacto en la implementación. Para avanzar en la integración, la falta de marcos legislativos que permitan a las personas refugiadas y migrantes acceder al mercado laboral regular y la ausencia o limitación de los procesos de regularización, plantearon importantes retos; al igual que los crecientes niveles de xenofobia y las barreras del idioma (especialmente en el Caribe y en Brasil).
Para abordar estas situaciones, en el 2024 el Sector de Integración seguirá intensificando sus esfuerzos de promoción para la adaptación de las políticas públicas para ser más inclusivas y prestará asistencia técnica a las autoridades nacionales. También adoptará medidas intersectoriales y reforzará la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, en particular, aquellas dirigidas por personas refugiadas y migrantes, utilizando enfoques basados en la comunidad.
Foto de Portada: R4V
NUTRICIÓN
Situación
En 2023, el aumento de los niveles de tránsito multidireccional, los movimientos de retorno de las personas refugiadas y migrantes, los impactos cada vez más visibles del cambio climático, la creciente inseguridad debido al crimen organizado y el aumento de los precios de la energía y alimentos en toda la región, exacerbaron la vulnerabilidad de los grupos de población más susceptibles a la desnutrición: las niñas y niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas y lactantes, aumentando el riesgo de desnutrición, enfermedad y muerte, especialmente entre los más jóvenes. En Colombia, el número de mujeres, observado entre las personas refugiadas y migrantes en tránsito desde Venezuela, aumentó un 143% en 2023, en comparación con 2022. Del mismo modo, el número de niñas y niños menores de 5 años aumentó un 177% durante el mismo periodo.
El aumento de personas refugiadas y migrantes en tránsito que emprenden estos viajes incluye a un gran número de mujeres embarazadas y niñas y niños menores de cinco años, quienes a lo largo de las ruta, tienen acceso limitado a servicios de salud, nutrición, WASH y alimentos, lo que contribuye a que exista una mayor vulnerabilidad a la malnutrición. Por ejemplo, en Panamá, el número de personas refugiadas y migrantes en tránsito por la selva del Darién alcanzó récords históricos en 2023, y el número de niñas y niños que cruzaron el Darién (113,2 mil) casi se triplicó en comparación con 2022 (40,438). El número de mujeres embarazadas en tránsito aumentó a más de 1.000 durante el año.
Los países de acogida identificaron varios tipos de desnutrición entre las personas refugiadas y migrantes. En Brasil, de los 6.138 exámenes nutricionales realizados a niñas y niños de 6 a 59 meses que vivían en alojamientos y asentamientos informales en Roraima, 1.256 (29,2%) mostraron algún nivel de emaciación, ya fuera moderada (22%) o grave (7,2%) y fueron admitidos para recibir tratamiento. En Bolivia, el 6% de las niñas y niños, en tránsito, de entre 2 y 59 meses presentaban emaciación, mientras que el 65% de las niñas y niños de entre 6 y 59 meses tenían anemia leve, moderada o grave. Al mismo tiempo, se identificó desnutrición (bajo peso) y anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes. En el Darién, Panamá, entre las personas refugiadas y migrantes en tránsito, 1 de cada 3 niñas y niños de entre 6 y 12 años y 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años fueron identificados con anemia.
Respuesta
La principal prioridad del Sector Regional de Nutrición fue garantizar el acceso a servicios de nutrición brindados por un personal calificado y capacitado. Esto incluyó identificar y abordar las necesidades nutricionales más urgentes de las poblaciones vulnerables, mediante intervenciones nutricionales para prevenir, identificar y tratar la malnutrición (emaciación, retraso del crecimiento y carencias de micronutrientes, como la anemia), asesoramiento nutricional y administración de suplementos de micronutrientes a mujeres embarazadas y lactantes y niñas y niños menores de 5 años, así como la identificación, derivación y tratamiento oportuno de niñas y niños menores de 5 años con emaciación.
En Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, un total de 46,0 mil cuidadores primarios de niñas y niños de entre 0 y 23 meses recibieron asesoramiento sobre la alimentación del lactante y de las niñas y niños pequeños. Además, en Bolivia, Colombia y la República Dominicana, más de 8,5 mil niñas y niños de entre 6 y 59 meses recibieron micronutrientes en polvo, para enriquecer su dieta con vitaminas y minerales esenciales, incluyendo el hierro.
En coordinación con socios gubernamentales en Colombia, República Dominicana y Brasil, 4,0 mil niñas y niños de entre 6 y 59 meses con una condición grave de emaciación, la forma de malnutrición que más vidas pone en peligro, fueron ingresados para recibir tratamiento y recibieron asistencia directa.
El desarrollo de capacidades de trabajadores de salud fue un componente clave de la respuesta del Sector de Nutrición, para llevar a cabo intervenciones nutricionales. En Brasil, junto al Sector de WASH, el Sector de Nutrición apoyó el desarrollo de capacidades de 367 trabajadores de salud comunitarios, centrándose en la salud y nutrición de los servicios locales de atención primaria, así como en el fortalecimiento de la sensibilidad cultural hacia las personas refugiadas y migrantes.
Lecciones Aprendidas
La escasez de fondos y, en algunos países, la limitada experiencia en nutrición a nivel nacional, siguen siendo retos importantes para la respuesta del Sector de Nutrición de R4V. Los niveles de financiamiento para actividades de nutrición variaron ampliamente en toda la región, con algunos países enfrentando escasez significativa mientras que otros cumplieron o superaron los requisitos financieros. La falta de alineación entre los datos sobre los niveles de financiamiento y los datos sobre las personas alcanzadas puede deberse a que algunas actividades no contribuyeron al número total de personas alcanzadas, especialmente las campañas de sensibilización o algunas actividades de capacitación, mientras que en otros casos los socios pueden no haber reportado las actividades o el financiamiento que recibieron. Aunque la mayoría de los países cuenta con cierto nivel de capacidad para llevar a cabo intervenciones nutricionales, éstas siguen siendo heterogéneas entre los 10 países con un Sector de Nutrición activo; como lo demuestran las limitadas coberturas de asesoramiento sobre la alimentación del lactante y niñas y niños pequeños (34%) y de administración de suplementos de micronutrientes (25%). La necesidad de una mayor visibilidad y experiencia en el campo de la nutrición sigue siendo primordial, ya que sólo la mitad de los países de R4V tienen capacidad para contribuir a las respuestas de los gobiernos en materia de nutrición,
Debido a la movilidad de la población y al escaso acceso a los servicios de salud, la trazabilidad y el seguimiento de los casos de desnutrición infantil entre personas refugiadas y migrantes en tránsito es un reto. El aumento del número de mujeres y niñas y niños en tránsito supuso un reto para la ya saturada capacidad en materia de nutrición.
Foto de Portada: Medical Teams / Lina Hernandez
PROTECCIÓN
Situación
En 2023, las personas refugiadas y migrantes continuaron participando en complejos movimientos sucesivos, a menudo de forma irregular y en circunstancias precarias, exponiéndose a peligros excesivos. Algunas personas sufrieron violencia, graves violaciones a sus derechos humanos, explotaciones y abusos. Cada vez más, personas refugiadas y migrantes de otras nacionalidades se unieron a estos movimientos en busca de un acceso seguro a otros territorios. También, numerosas personas refugiadas y migrantes de Venezuela, en países de acogida, continuaron sin regularizar su situación.
Respuesta
En 2023, los socios prestaron asistencia especializada en materia de protección a más de 985,7 mil personas refugiadas y migrantes, así como a miembros de las comunidades de acogida afectadas.
En coordinación con el grupo de trabajo AAP-CwC, los socios participaron en iniciativas de comunicación con las comunidades para promover el acceso seguro a territorios para que personas vulnerables pudiesen acceder a información precisa sobre las rutas regulares, los riesgos asociados a las rutas irregulares y sobre los procesos de entrada a los países de la región. Los socios elaboraron material informativo sobre los requisitos de entrada vigentes en Chile y Perú, mientras que, a escala regional, se elaboraron orientaciones sobre el cambio del marco jurídico de entrada a Estados Unidos de América para promover la colaboración de los socios con las personas vulnerables.
La asistencia jurídica fue una actividad clave para garantizar el acceso de personas refugiadas y migrantes a los sistemas de asilo y a los servicios de protección. En Trinidad y Tobago, Colombia y Panamá, los socios participaron en litigios estratégicos para promover el acceso seguro de los solicitantes de asilo a la protección internacional, mientras que en Perú se organizaron ferias de servicios jurídicos en distritos con alta concentración de personas venezolanas.
Los socios instaron a las autoridades gubernamentales a mejorar la protección, abordando tanto los acuerdos de estancia regular como iniciativas de regularización. Para apoyar los continuos esfuerzos de registro y regularización en Perú, Ecuador y Colombia, los socios ampliaron la asistencia técnica a los gobiernos y ofrecieron apoyo directo a personas refugiadas y migrantes; como asistencia jurídica, información sobre procedimientos y asistencia en efectivo y cupones (CVA). En el Cono Sur, la labor de incidencia ante los funcionarios del gobierno condujo a la creación de salvaguardias para la solicitud de asilo de personas con necesidades de protección internacional en las fronteras bolivianas. Los socios de Aruba colaboraron con el gobierno examinando el proceso de asilo del país, como parte de una iniciativa para garantizar procedimientos equitativos y eficientes que se adhieran a las normas internacionales. En Panamá, los socios apoyaron a las autoridades con la apertura de una Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) para recibir solicitudes de asilo de las personas que entran en el país.
Para reforzar los vínculos con los sistemas de protección social de los países de acogida y promover un entorno de protección favorable, se fomentaron las derivaciones a servicios especializados y las iniciativas de protección de base comunitaria. En Brasil y Guyana, los socios identificaron a las personas vulnerables, incluidas las del grupo étnico de los Warao, y las remitieron a los servicios de protección estatales. En Colombia, los socios capacitaron a las comunidades afectadas para reforzar su capacidad de prevención y respuesta ante las violaciones de derechos humanos y la violencia. En Chile, los socios apoyaron intervenciones de protección comunitaria para respaldar la cohesión social en respuesta al aumento del número de incidentes de xenofobia contra personas refugiadas y migrantes. En el Caribe, los socios trabajaron con comunidades indígenas y no indígenas para promover su acceso a los servicios de protección y el ejercicio de sus derechos.
Por último, el Sector también apoyó al mecanismo intergubernamental del Proceso de Quito y la defensa de la protección relacionada, garantizando consultas con actores regionales de protección, en la creación de mensajes clave de defensa y participó en el taller “Regularización y gestión integrada de fronteras” celebrado en octubre de 2023.
Lecciones Aprendidas
El creciente número de personas refugiadas y migrantes que participan en movimientos irregulares; las condiciones climáticas adversas en las fronteras entre Chile, Bolivia y Perú; la creciente tensión entre Venezuela y Guyana debido a disputas territoriales bilaterales; el aumento de los niveles de xenofobia y el enfoque militarizado hacia los movimientos mixtos en la región, presentaron desafíos para la implementación de actividades de protección, principalmente al obstaculizar la capacidad del Sector para satisfacer las necesidades significativas de protección, así como el acceso directo de los socios a las comunidades afectadas.
La limitación de fondos impactó la implementación en varios países de la región. Sin embargo, a pesar de enfrentar restricciones de financiamiento en Brasil, Colombia y la subregión de Centroamérica y México (CAM), los socios lograron alcanzar los objetivos de protección. Esto puede atribuirse en parte a la reorientación de la respuesta hacia la creciente población en tránsito, pero también como resultado de un mayor enfoque en actividades de desarrollo de capacidades. Además, las discrepancias entre los datos sobre financiamiento y personas alcanzadas también pueden deberse a que los socios no reportaron las contribuciones financieras recibidas.
Teniendo en cuenta la dinámica cambiante y los movimientos multidireccionales, el Sector reforzará la coordinación entre las Plataformas y los socios para definir y aplicar un enfoque de protección regional adecuado a los problemas de protección comunes.
Foto de Portada: Daniela Perez/ACNUR
ESPACIOS DE APOYO
Situación y respuesta
La iniciativa interagencial e intersectorial los Espacios de Apoyo proporciona información, orientación, identificación, derivación segura y servicios básicos a personas refugiadas y migrantes a través de una red coordinada en toda la región. Durante 2023, los Espacios de Apoyo se ubicaron en puntos estratégicos de atención y se adaptaron al contexto, teniendo en cuenta las nuevas tendencias y dinámicas de movimiento, incluyendo a personas que salen y regresan a su país de origen o residencia habitual.
Un total de 190 Espacios de Apoyo están activos en nueve países de la respuesta de R4V: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. El primer Espacio de Apoyo en el Caribe se estableció en Trinidad y Tobago en el primer semestre de 2023.
En 2023, la Iniciativa Espacios de Apoyo llevó a cabo 196 actividades a través de sus 17 socios, incluidas 3 organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes. La respuesta se centró en capacitaciones para conocer y usar las herramientas de los Espacios de Apoyo. También se concentraron los esfuerzos en adaptar el conjunto de herramientas a los distintos lugares y servicios prestados. Basándose en estas herramientas, las sesiones de desarrollo de capacidades abarcaron temas como networking y coordinación, principios humanitarios, protección, la implementación con un enfoque diferenciado y la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Estas sesiones se impartieron a 10 socios en Chile. También, se prestó apoyo para reforzar el Espacio de Apoyo en Trinidad y Tobago, con la capacitación de 30 personas.
La Iniciativa Espacios de Apoyo junto con el Grupo de Trabajo de AAP/CwC impartió una formación de dos días sobre AAP y sistemas de retroalimentación comunitaria dirigida a los socios que participan en los Espacios de Apoyo de la región. Además, para mejorar la colaboración con los gobiernos de acogida, la Iniciativa de Espacios de Apoyo participó activamente en el intergubernamental Proceso de Quito en el marco de su capítulo de Santiago. En julio se celebró un taller temático para reforzar las estructuras de apoyo de los Estados. El taller, realizado en estrecha colaboración con los Estados y los actores humanitarios, identificó varias prioridades. Entre ellas, la necesidad de elaborar protocolos de atención, producir y difundir material informativo, reforzar la colaboración con los gobiernos locales y consolidar la red de espacios de atención.
Por último, la Iniciativa Espacios de Apoyo mantuvo la coordinación con redes regionales como Red Clamor y la Red Regional para la Protección de las Personas LGBTQI+, entre otras, colaborando para reforzar la visibilidad y la difusión de información con materiales y capacitaciones.
Lecciones Aprendidas
Para adaptarse mejor a las tendencias y necesidades actuales y garantizar que los Espacios de Apoyo proporcionen apoyo especializado en múltiples ámbitos, la Iniciativa Espacio de Apoyo seguirá mejorando la coordinación con otros sectores en 2024.
En 2024, el objetivo será ampliar la red a otras zonas geográficas bajo el mandato de la respuesta de R4V, como Centroamérica y México. Para ello, es necesario seguir fortaleciendo la presencia de R4V en estos países y trabajar en coordinación con las estructuras existentes. Esto contribuirá a responder a las necesidades actuales y a generar estrategias para la sostenibilidad de los Espacios de Apoyo a nivel regional.
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
Situación
A lo largo de 2023, las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes se enfrentaron a dificultades para acceder a servicios y a ayudas esenciales, como la documentación, la protección, la regularización y el reconocimiento de la condición de refugiado, también a sus necesidades básicas como la alimentación, la educación y la atención de salud. La violencia sexual fue una de las formas más recurrentes de violencia que afectó a niñas y adolescentes refugiadas y migrantes en Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Curazao y Trinidad y Tobago. Esto incluye la violencia física y psicológica, así como la discriminación.
El RMNA resaltó los riesgos asociados con el trabajo infantil y los matrimonios tempranos que afectan a las niñas y niños refugiados y migrantes. En 2023 también se identificó un número significativo de niñas y niños no acompañados y/o separados (NNA), incluidos casos de separación voluntaria de padres y cuidadores que emprendían movimientos sucesivos o de tránsito, a menudo por rutas inseguras y expuestos a grupos delictivos, contrabandistas y traficantes. Las niñas y niños que viajaban por esas rutas irregulares o que viajaban sin documentación se enfrentaban con frecuencia a obstáculos para acceder a servicios básicos, como la atención de salud, la educación y el proceso de regularización. Brasil reportó un aumento considerable de NNA en el primer trimestre de 2023, con 1.108 casos identificados en Roraima, lo que representa un aumento del 55% con respecto al primer semestre de 2022. Otro hallazgo preocupante destacado en la RMNA fue que más del 12% de las niñas y niños de entre 13 y 17 años en Chile, estaban separados de sus padres o no se encontraban acompañados por ellos.
Respuesta
En el año 2023, los miembros del Subsector de Protección de la Niñez brindaron algún tipo de asistencia a un total de 105.8 mil beneficiarios, lo que representa el 37,3% de su población meta. Un total de 4,126 actividades fueron llevadas a cabo en toda la región, por 32 organizaciones solicitantes y 76 socios implementadores, incluidas 10 organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes.
El Subsector dio prioridad a la prestación de asistencia directa como: salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS), asesoramiento, apoyo jurídico y orientación, prevención y respuesta a la violencia, apoyo a los procesos de reunificación familiar, atención transitoria a los NNA, documentación y registro.
A nivel regional, en colaboración con el Sector de Integración y el Subsector de Trata y Tráfico de Personas, el Subsector publicó un informe sobre la Estado de Situación de Niñas, Niños y Adolescentes Refugiados y Migrantes de Venezuela y su Vínculo con el Trabajo Infantil en América Latina. Además, el Subsector realizó formaciones para 22 socios en Trinidad y Tobago sobre el Modelo de Atención Psicosocial Remota para las Niñas y las Adolescentes Refugiadas y Migrantes Sobrevivientes de Violencia Basada en Género. Además, el Subsector apoyó el desarrollo e implementación del Tercer Curso Regional: Fortaleciendo la Prevención de Riesgos de Protección de la Niñez a través de Enfoques Comunitarios y Familiares para la Niñez y la Adolescencia en las Acciones Humanitarias, capacitando a 120 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, representantes de ONG locales e internacionales y actores humanitarios de toda la región.
Por último, el Subsector mantuvo una estrecha coordinación con el Proceso de Quito, en particular con el Gobierno de Colombia, País Campeón del Grupo de Trabajo de Protección de la Niñez, para avanzar en los esfuerzos de incidencia en materia de protección de la niñez entre los Estados miembros de este foro intergubernamental. Esto incluyó la aprobación de la Guía Operativa para la Cooperación transnacional en la Protección especializada de la niñez en procesos de movilidad humana.
Lecciones Aprendidas
En algunos países de la región, la limitada financiación afectó la capacidad del Subsector para ofrecer servicios de protección a niñas y niños refugiados y migrantes, para fortalecer las políticas públicas, y para proveer servicios especializados de protección de la niñez, reunificación familiar y regularización de las niñas, niños y sus familias. En otras áreas, los flujos sin precedentes de movimientos sucesivos y de tránsito requirieron una adaptación de la respuesta de Protección de la niñez de R4V, superando las metas inicialmente planificadas. El apoyo a los NNA sigue siendo una prioridad, y se necesita una mayor inversión para identificar, negociar y crear mecanismos en todos los países para la identificación y atención del creciente número de casos de NNA y proporcionarles servicios de protección de la niñez, especialmente para aquellos en tránsito.
Foto de Portada: R4V
VBG
Situación
Las mujeres, niñas y personas LGBTQI+ refugiadas y migrantes siguen enfrentándose a graves riesgos de violencia basada en género en espacios públicos y privados. En 2023, las tendencias de movimientos de población a lo largo de rutas cada vez más controladas por grupos delictivos organizados, generaron riesgos adicionales de violencia basada en género y desafíos operativos para los encargados de responder a esta. Las personas refugiadas y migrantes, en su mayoría mujeres y niñas, fueron objeto de extorsión, agresión física, agresión sexual, de trata con fines de explotación sexual y de violaciones por parte de grupos armados y delictivos durante el peligroso viaje para llegar a los países de destino. En 2023, un agente de respuesta proporcionó tratamiento clínico en casos de violación a 676 personas que entraban en Panamá por la selva del Darién. También se denunció violencia sexual contra las personas en tránsito en rutas regulares e irregulares de Chile, Brasil, Perú y Colombia a manos de conductores, policías y agentes de control fronterizo.
Además, el crimen organizado, la minería ilegal y otras economías ilícitas en territorios remotos de Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Guyana y Perú se asociaron con feminicidios, violaciones y trata con fines de explotación sexual de personas refugiadas y migrantes.
El impacto de una situación económica difícil, los altos índices de delincuencia y la agitación política en algunos países de acogida también contribuyeron al aumento de la inseguridad, las dificultades económicas y la vulnerabilidad ante los riesgos de violencia basada en género, como el acoso sexual en espacios públicos y la explotación sexual, para personas refugiadas y migrantes.
Respuesta
En 2023, los socios del Subsector de Violencia Basada en Género (VBG) llegaron a 138,1 mil personas a través de una respuesta multisectorial que abarcaba programas de prevención de la VBG, de mitigación de riesgos (2,089 actividades), formación (1,330 actividades) y asistencia directa a la VBG (918). A nivel regional, el Subsector elaboró orientaciones técnicas sobre la prestación de servicios contra la violencia basada en género, dirigió cursos de formación regionales sobre directrices interagenciales para mejorar la calidad de los programas contra la violencia basada en género y colaboró con otros sectores para integrar la sensibilización sobre la violencia basada en género en sus planes de acción.
A nivel nacional, para la asistencia en efectivo en Colombia, el subsector nacional adaptó una herramienta interagencial de mitigación del riesgo de violencia basada en género y formó a los miembros del Grupo de Trabajo Nacional de Asistencia en Efectivo en el uso de esta herramienta y en la realización de derivaciones seguras y éticas de casos de violencia basada en género. En Colombia también se llevaron a cabo 381 actividades de capacitación y 1,2 mil sesiones de concienciación sobre la prevención de la violencia basada en género. En Perú, 60 socios recibieron formación sobre el uso de asistencia en efectivo en la respuesta a la violencia basada en género. En Roraima, Brasil; se finalizaron los Procedimientos Estándares de Operación Interagencial sobre la VBG y el Subsector organizó una convención de mujeres refugiadas y migrantes, durante la cual se presentó un documento a los líderes gubernamentales, destinado a mejorar las políticas de protección de personas refugiadas y migrantes. También se llevó a cabo una campaña de sensibilización a gran escala sobre la violencia basada en género que llegó a 5,0 mil personas. En Ecuador, el Subsector actualizó los protocolos de derivación y mejoró las prácticas de derivación entre los socios de R4V y los agentes sanitarios y jurídicos del Estado. En Guyana, el Subsector puso en marcha actividades de desarrollo de capacidades a ritmo propio para los socios.
Uno de los logros destacados del Subsector regional fue la organización de una mesa redonda sobre derivaciones seguras y una interacción apropiada con las sobrevivientes, dirigida específicamente a mujeres lideresas venezolanas. También dirigió iniciativas de fortalecimiento de capacidades en varios países, incluida una formación sobre estándares mínimos para la programación sobre la violencia basada en género para 38 organizaciones dirigidas por mujeres de siete países de acogida. El Subsector también formó a trabajadores sociales de cuatro países del Caribe en atención psicosocial para adolescentes sobrevivientes de la violencia basada en género. Además, se organizaron talleres presenciales y sesiones en línea en Perú, Trinidad y Tobago y Chile sobre temas de VBG como las normas, la coordinación, la mitigación de riesgos en los alojamientos, los conceptos básicos de la violencia basada en género y las derivaciones seguras.
Además, el Subsector de Violencia Basada en Género proporcionó orientación técnica y apoyo a los Subsectores Nacionales, incluido el apoyo a los procesos de planificación estratégica en cuatro países. Otros logros fueron la elaboración de una guía sobre inclusión social para adolescentes refugiados y migrantes y una guía sobre apoyo psicosocial para adolescentes LGBTQI+ de Venezuela.
Para mitigar los riesgos de violencia basada en género en los alojamientos temporales, el Subsector de VBG y el Sector de Alojamiento llevaron a cabo un programa de formación de formadores de tres días sobre mitigación de riesgos de violencia basada en género y derivaciones seguras para 17 gerentes de proyectos y de alojamientos de siete países.
Lecciones Aprendidas
La implementación de programas contra la violencia basada en género resultó desafiante en áreas de alta inseguridad o bajo el control de grupos armados, como en Ecuador, Colombia, Guyana y las zonas fronterizas con Bolivia. Para hacer frente a las interrupciones en el acceso humanitario, el personal dedicado a la respuesta contra la violencia basada en género utilizó brigadas y espacios seguros móviles para mujeres y niñas, modalidades remotas y colaboró con socios locales.
Para lograr una respuesta más sostenible en 2024, el Subsector de VBG se centrará en el fortalecimiento y la asociación con organizaciones dirigidas por mujeres para ofrecer respuestas comunitarias a la violencia basada en género debido a su acceso continuo, presencia sostenida y aceptación por parte de la comunidad.
Foto de Portada: Aldeas Infantiles SOS Colombia
TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Situación
En 2023, las personas refugiadas y migrantes estuvieron en alto riesgo de ser víctimas de trata y tráfico de personas en toda la región, y en casi todos los 17 países de la respuesta de R4V, personas venezolanas fueron identificados como víctimas de trata. Como se señala en el RMNA 2023, las personas más vulnerables a la trata son a menudo las personas refugiadas y migrantes en tránsito o en situación irregular; en particular las mujeres, niñas y niños no acompañados y/o separados, los pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadores sexuales y personas LGBTQI+. Sus conclusiones también muestran que las víctimas de trata son objeto de diversas formas de explotación, especialmente con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
La trata y tráfico de personas ha estado relacionada con el aumento en los movimientos de tránsito irregulares, impulsados por prácticas y políticas de acceso restrictivas, como la militarización de las fronteras y, en ocasiones, la imposición de visados prohibitivos. Estas medidas han empujado a que personas refugiadas y migrantes busquen rutas alternativas, recurriendo a traficantes, a menudo, acompañado de mayores riesgos.
Otros desafíos significativos incluyen la presencia de grupos delictivos organizados que controlan las rutas de tráfico y exponen a las poblaciones en tránsito a diversas amenazas. Se han observado actividades relacionadas con pandillas a lo largo de las fronteras en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú. En particular, la porosidad de las fronteras facilita el tráfico ilícito de personas, como se ha observado en Colombia, Brasil y Perú. En general, las personas refugiadas y migrantes que cruzan estas fronteras de forma irregular enfrentan a diversos riesgos, como la explotación laboral y sexual, condiciones de viaje peligrosas y la posibilidad de ser víctimas de la trata de personas. Esto subraya la importancia de una respuesta regional coordinada y bien informada para abordar este problema.
Respuesta
En 2023, el Subsector de Trata y Tráfico de Personas brindó asistencia a 26,2 mil personas refugiadas y migrantes, y miembros de la comunidad de acogida afectados, alcanzando el 78,8% de su meta a pesar de la limitada financiación. El 60% de la población meta recibió asistencia directa, incluida asistencia jurídica y apoyo psicosocial. Además, en países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay, las personas refugiadas y migrantes víctimas de trata o en riesgo de serlo también pudieron acceder a programas de formación profesional.
A nivel regional, se elaboraron directrices para mejorar la identificación temprana de perfiles relacionados con la trata y el tráfico de personas. Éstas se incluyeron en sesiones de formación para Perú y Ecuador y se presentaron en reuniones regionales. Además, el Mecanismo Regional de Asistencia proporcionó asistencia directa, como alojamiento, atención de salud y asistencia legal (en 38 casos) beneficiando, entre víctimas y personas en situación de riesgo, a un total de 83 personas en 2023; abordando así diversas formas de explotación en Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas se lanzó la campaña regional “Algo Anda Mal”.
El Subsector también apoyó el desarrollo de herramientas dentro del Proceso de Quito, específicamente en coordinación con el Grupo de Trabajo de Trata de Personas (Países Campeones: Chile y Ecuador), que incluyeron la Guía de Asistencia Consular y las Herramientas para la Identificación Temprana. La primera recopila sistemáticamente información de acuerdo con estándares internacionales, apoyando al personal consular en la identificación y asistencia a las víctimas de trata. El segundo establece criterios para la prevención y la identificación de las víctimas.
En resumen, el Subsector de Trata y Tráfico de Personas logró avances significativos a pesar de las limitaciones financieras. Sus esfuerzos abarcaron la asistencia directa, la colaboración regional, la capacitación y las campañas de sensibilización. El compromiso del Subsector de hacer frente a la trata y el tráfico de personas adopta un enfoque polifacético, que da prioridad al apoyo a las víctimas, la prevención y la cooperación entre las partes regionales interesadas.
Lecciones Aprendidas
Entre los desafíos enfrentados por el subsector en el 2023, figuran mantener el progreso, la adaptación a la evolución de los métodos de trata y la mejora del apoyo a las víctimas para su rehabilitación a largo plazo y su integración en la sociedad. Los logros resaltan la capacidad de resistencia y el compromiso, pero exigen innovación y colaboración continua.
Los niveles de financiamiento para actividades en el marco de la respuesta de R4V contra la trata y tráfico de personas variaron considerablemente en toda la región, con algunos países enfrentando escasez significativa mientras que otros se beneficiaron de un mayor apoyo financiero. La falta de alineación entre los datos sobre los niveles de financiamiento y los datos sobre las personas alcanzadas puede deberse a que algunas actividades no contribuyeron al número total de personas alcanzadas, especialmente las campañas de sensibilización o algunas actividades de capacitación, mientras que en otros casos los socios pueden no haber reportado actividades o el financiamiento recibido.
Foto de Portada: Miguel Arreategui/Save the Children
SHELTER
Situación
Debido a los efectos combinados de una situación económica tensa, altos niveles de inflación, niveles crecientes de xenofobia y riesgos de seguridad prevalentes, la situación de las personas refugiadas y migrantes en la región, en materia de alojamiento, siguió siendo difícil a lo largo de 2023. Como se destaca en el RMNA 2023, las personas refugiadas y migrantes se enfrentaron a crecientes dificultades para acceder a una vivienda asequible y adecuada, especialmente en las zonas urbanas, donde reside la mayoría. Debido a la inestabilidad económica y a los altos niveles de inflación en muchos de los países de la región, los costos de la vida, incluidos los precios de los alquileres, aumentaron notablemente en comparación con 2022. Muchas personas refugiadas y migrantes se vieron obligadas a vivir en asentamientos hacinados, informales o precarios. En algunos países, como Panamá, Costa Rica y la República Dominicana, las personas refugiadas y migrantes se enfrentaron a barreras legales y administrativas para acceder a una vivienda formal, entre ellas, la falta de documentación y de cuentas bancarias o garantes, ya que estos suelen ser necesarios para garantizar un contrato de alquiler formal.
El alojamiento sigue siendo una de las principales preocupaciones de las personas refugiadas y migrantes en tránsito quienes, durante su viaje, a menudo se encuentran durmiendo en la calle y en espacios públicos. Hasta el 76% de las personas refugiadas y migrantes encuestadas en Brasil, Colombia, México, Panamá y Costa Rica expresaron incertidumbre sobre dónde iban a pasar la noche siguiente.
Respuesta
El Sector respondió a las necesidades urgentes de alojamiento para personas refugiadas y migrantes, proporcionando ayuda a 240,9 mil personas que representan el 41% de la población meta. Esto se logró a través de 2,727 actividades ejecutadas por 73 socios, de los cuales 6 son organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes. Del total de actividades, el 16,3% se llevaron a cabo a través del CVA.
El apoyo al alquiler constituyó casi la mitad de las actividades llevadas a cabo por el Sector, llegando a más de 112,000 personas refugiadas y migrantes. Esto incluyó ayuda a corto plazo a través de hoteles (43% de la asistencia de alquiler en general), apoyo al alquiler a corto plazo de hasta 3 meses (30%) y apoyo a largo plazo de más de 3 meses (26%)[1]. Para acompañar estos esfuerzos, el Sector promovió herramientas técnicas como la herramienta de vivienda adecuada, que se publicó inicialmente en 2022 pero se adaptó y mejoró en 2023.
El Sector de Alojamiento se coordinó con otros sectores y socios para garantizar un enfoque global y holístico en las intervenciones en materia de alojamiento, apoyando al mismo tiempo la integración de personas refugiadas y migrantes, y promoviendo la autosuficiencia en las comunidades de acogida. Con este fin, el Sector colaboró con el Sector de Integración y los actores del Sector del Alojamiento para el desarrollo de herramientas y directrices que respalden el enfoque de asentamiento/enfoque por áreas en la región. Además, en 2023, el Sector publicó una guía para la armonización de kits de artículos domésticos. Por último, la labor del Sector de Alojamiento fue destacada como buena práctica en la Novena Edición de Proyectos de Alojamiento del Clúster Global de Alojamiento.
Lecciones Aprendidas
El aumento en los precios del alquiler, que suele ser el mayor gasto de una familia, llevó a las personas refugiadas y migrantes a trasladarse a opciones alejadas y poco adecuadas. Estos traslados, a su vez, repercuten negativamente en sus esfuerzos de integración. Como resultado, la respuesta de Alojamiento tuvo que adaptarse continuamente a las nuevas realidades del mercado del alquiler y actualizar sus herramientas y enfoques para hacerle frente a las necesidades cambiantes.
Otro desafío está vinculado al aumento del número de personas refugiadas y migrantes que participan en movimientos sucesivos multidireccionales y en tránsito a través de la región. Esto contribuye al agotamiento de las capacidades de respuesta existentes, especialmente en lo que respecta al alojamiento colectivo en zonas fronterizas y urbanas. Como resultado, las personas refugiadas y migrantes a menudo se ven obligadas a dormir a la intemperie, sin seguridad ni protección contra los elementos y expuestas a riesgos de abuso y explotación, entre otros.
[1] Los porcentajes se calculan en base al número total de actividades realizadas por los socios de R4V. El número total de personas refugiadas y migrantes a las que se ha prestado asistencia en materia de alquiler puede contener duplicaciones.
Foto de Portada: R4V
WASH
Situación
En el 2023, las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) de las personas refugiadas y migrantes continuaron en un estado crítico, como se evidenció en el RMNA. Las dificultades para acceder a los servicios esenciales de WASH persistieron, especialmente en un contexto de aumento en los movimientos sucesivos y en tránsito, lo cual ejerce presión sobre las infraestructuras locales a lo largo de las rutas de tránsito. Por ejemplo, el 100% de quienes atraviesan la selva de Darién en Panamá necesitan acceso a servicios esenciales de WASH, a pesar de la ubicación a menudo remota y de las capacidades abrumadas a lo largo de las rutas en Panamá, Costa Rica y Colombia. Como también se destacó en la RMNA, las mujeres y niñas en tránsito tuvieron dificultades para acceder a productos de higiene menstrual, tanto a lo largo de la ruta hacia el norte a través del Darién, como en los países de destino en el Cono Sur y el Caribe.
Las personas refugiadas y migrantes en destino enfrentaban frecuentemente un acceso inadecuado a los servicios de WASH, especialmente aquellos que residían en áreas urbanas o periurbanas caracterizadas por condiciones más precarias. Por ejemplo, en asentamientos informales en Colombia, donde el 58% de los hogares venezolanos carecen de acceso regular al agua, el 53% tienen baños fuera de sus hogares y el 39% reportaron prácticas de defecación al aire libre. Persistieron los obstáculos para acceder a los servicios de WASH, en parte debido a la alta demanda y la presión sobre los servicios de WASH disponibles en instalaciones públicas, que luchan por satisfacer las necesidades de las poblaciones en crecimiento. Además, las políticas y enfoques adoptados por las autoridades locales a veces no priorizaban los servicios de WASH en los asentamientos informales, exacerbando el problema. Los esfuerzos colaborativos y la participación de socios del sector público son cruciales para desarrollar la capacidad local y promover un enfoque de nexo.
Además, los eventos climáticos extremos, exacerbados por el cambio climático como; la emergencia por inundaciones en Perú, las sequías e incendios forestales en Chile, Colombia y Guyana; frecuentemente en áreas cercanas a zonas habitadas por comunidades de personas refugiadas y migrantes, contribuyeron a una mayor escasez de agua, afectando de manera desproporcionada tanto a personas refugiadas y migrantes, como a las comunidades de acogida afectadas, en el acceso a agua potable
Respuesta
La respuesta del sector WASH en 2023 llegó a 299,3 mil personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida afectadas, lo que representa el 50,6% de la población meta. Fue implementada por 38 socios en 17 países. Panamá reportó el mayor número de población alcanzada (264,1 mil, lo que representa el 259% de la meta nacional), seguido de Colombia (183,3 mil), Ecuador (62,8 mil), Brasil (34,6 mil), Perú (29,1 mil) y Guyana (7,2 mil). Debido a que los movimientos de tránsito a través de América Central fueron mayores de lo previsto, junto con una necesidad por encima del promedio, de asistencia de WASH por parte de prácticamente todos los que utilizan esta ruta; el número de personas refugiadas y migrantes en tránsito apoyados con asistencia WASH en Panamá (258,4 mil) fue mayor que cualquier otra asistencia sectorial proporcionada a las poblaciones en tránsito.
La respuesta en toda la región se implementó en gran medida a través de la asistencia directa de los socios sectoriales (81%), incluyendo intervenciones a mediano y largo plazo que beneficiaron a personas refugiadas y migrantes en tránsito y en destino. Entre los ejemplos cabe destacar la mejora de las instalaciones de saneamiento y agua potable en los alojamientos oficiales de Pacaraima y Boa Vista, así como la modernización y el mantenimiento de plantas de producción de agua potable para garantizar el acceso al agua en las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) y en las comunidades de acogida de la región panameña del Darién. El Sector WASH también proporcionó asistencia a través de servicios integrados, como puntos de asistencia WASH en Tumbes, Perú. Además, la distribución generalizada de suministros de higiene en especie fue una actividad importante, implementada a través de modalidades innovadoras de respuesta como el Rincón de la Higiene. En Necoclí, Colombia, a través de la distribución de artículos de higiene a personas refugiadas y migrantes en tránsito, por parte de los socios, se llegó a más de 5.2 mil personas en 2023.
A menor escala, pero con un impacto significativo, se llevaron a cabo actividades de desarrollo de capacidades para reforzar los esfuerzos de coordinación y respuesta (8,5%), incluyendo a funcionarios gubernamentales. Además, los socios realizaron campañas para promoción de la higiene (8,1%) destinadas a promover el cambio de comportamiento social. Por último, los socios también mejoraron las infraestructuras (1,6%), entre otras cosas, mediante proyectos de WASH en instituciones como escuelas y centros sanitarios a los que acuden con frecuencia personas refugiadas y migrantes. Estas intervenciones se coordinaron con los Sectores de Alojamiento, Protección, Educación y Salud.
Lecciones Aprendidas
En 2023, los 11,56 millones de USD asignados al Sector de WASH cubrieron sólo el 17,4% de las necesidades financieras de los socios para el año. En consecuencia, las actividades de respuesta fueron insuficientes para abordar de manera integral las necesidades urgentes relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene de las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades de acogida en toda la región. La escasez de fondos y el aumento sustancial del número de personas refugiadas y migrantes en tránsito hicieron que se les diera prioridad a las necesidades de WASH a corto plazo y de primera línea, lo que repercutió en la aplicación de soluciones a largo plazo.
Las tendencias y las dinámicas de los movimientos observados en 2023, en particular los que implican movimientos sucesivos multidireccionales y en tránsito, requieren un mayor apoyo en 2024; para mejorar las capacidades de respuesta, gestionar el aumento de los movimientos y proporcionar a los socios e instituciones el apoyo técnico y las herramientas necesarias. Para hacer frente a estos retos se requiere un enfoque coordinado y multisectorial, que incluya la creación de asociaciones, el refuerzo de la capacidad local y la garantía de mecanismos de financiación sostenibles.
Foto de Portada: Mendez/UNICEF
ASISTENCIA EN EFECTIVO
Situación
Después de seis años, la incapacidad de las personas refugiadas y migrantes de generar ingresos suficientes les impide satisfacer sus necesidades básicas, acceder a servicios y ejercer sus derechos fundamentales, lo que a su vez sigue socavando su integración socioeconómica. Aunque en algunos países se han logrado avances significativos en materia de regularización migratoria, reconocimiento de la condición de refugiado y oportunidades de integración (como en Colombia), esto aún no se ha traducido en un acceso integral a servicios y derechos para la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de la región. En particular, para los que se desplazan en movimientos sucesivos o de tránsito, quienes siguen dependiendo en gran medida de la ayuda humanitaria.
Para responder a las diversas necesidades, a lo largo de 2023, la asistencia en efectivo y cupones (CVA) fue la modalidad de asistencia preferida entre las personas refugiadas y migrantes tanto en tránsito como en destino, en particular, las transferencias de efectivo multipropósito. Como se señala en el RMNA 2023, el efectivo fue la modalidad de respuesta preferida del 61% de las personas refugiadas y migrantes que necesitaban alimentos y del 77% de los que necesitaban vivienda.
La gran mayoría de los programas de CVA aplicados en la región están dirigidos a personas refugiadas y migrantes en destino, que constituyen la inmensa mayoría de las personas refugiadas y migrantes de la región. En cuanto a los que están en tránsito, el RMNA 2023 mostró que el 88% de la población en tránsito en Colombia declaró no tener suficientes recursos para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, y solo el 2% declaró haber recibido asistencia en efectivo entre abril y mayo del mismo año.
Respuesta
La asistencia en efectivo y cupones ha sido una modalidad de respuesta clave para satisfacer las necesidades básicas de las personas refugiadas y migrantes en ALC. En 2023, alrededor del 30% de las personas a las que llegó la respuesta global de R4V, recibió ayuda en forma de efectivo o cupones. Además, 257,0 mil personas (el 40,7% de la población meta) se beneficiaron de transferencias monetarias multipropósito, el 74% de las cuales eran mujeres y niños. Sin embargo, esta cantidad quedó muy por debajo de la población meta debido a la falta de fondos para esta intervención (se recibió el 15,1% de los fondos necesarios).
En 2023, el Grupo de Trabajo Regional de Asistencia en Efectivo apoyó la coordinación regional de intervenciones en efectivo, el uso de efectivo multipropósito (MPC) vinculado con servicios sectoriales y el fortalecimiento de los vínculos entre la asistencia humanitaria y la protección social para integrar a las personas refugiadas y migrantes en los sistemas nacionales. Esto se logró mediante la colaboración con sectores regionales y partes interesadas clave, para promover el diálogo entre países, el intercambio de información, la recopilación y difusión de conocimientos regionales pertinentes, y la organización de cursos de formación y talleres de capacitación. Tres capacitaciones dignas de destacar son los «Principios Básicos de las Transferencias de Efectivo» y «Transferencias de Efectivo y Protección de la Niñez», en los que se formaron a unos 50 actores regionales y nacionales en Panamá y Bogotá, respectivamente; y el evento regional de aprendizaje virtual de tres días «Vinculación Entre el CVA y los Sistemas de Protección Social» en América Latina y el Caribe, el cual atrajo a un promedio de 90 asistentes por sesión y sus grabaciones obtuvieron más de 900 vistas.
Lecciones Aprendidas
La asistencia en efectivo y cupones se distribuyó de forma desigual entre los países; Colombia y Perú concentraron más del 87% del total. Una parte pequeña del CVA se proporcionó a las poblaciones en tránsito, que suelen tener más necesidad de alimentos y servicios básicos, a su vez están expuestas a riesgos de protección y seguridad. El Grupo de Trabajo de CVA seguirá coordinando y ofreciéndole asistencia técnica a los socios de otras plataformas nacionales de R4V, para evaluar la viabilidad de las metodologías de CVA fuera de las respuestas más amplias a lo largo del Corredor Andino.
Una de las sugerencias para mejorar la coordinación y la implementación de CVA en la región es apoyar el trabajo con un enfoque basado en rutas para el CVA en la región; y continuar fortaleciendo los vínculos entre la protección social y la asistencia humanitaria.
MEDIO AMBIENTE
Situación
En 2023, el fenómeno meteorológico de El Niño, unido a otros efectos del cambio climático y la degradación medioambiental, causó grandes daños en múltiples países de la región, afectando tanto a las comunidades de acogida como a las personas refugiadas y migrantes. Algunas zonas de Centroamérica, Bolivia y Colombia sufrieron sequías prolongadas y escasez de agua, mientras que, en las costas de Ecuador, Perú y el interior de Bolivia se registraron lluvias intensas e inundaciones. Entre abril y noviembre, un total de 803 mil personas que vivían en zonas rurales estuvieron expuestas a graves sequías en Bolivia, Colombia y Perú. Además, el ciclón Yaku provocó inundaciones y lluvias torrenciales en las regiones del norte de Perú, provocando un brote de dengue y devastando infraestructuras críticas como escuelas y viviendas.
En las zonas con acceso limitado al agua potable, las comunidades tuvieron que hacer frente a las repercusiones de las malas cosechas, las pérdidas de ganado y los daños en las infraestructuras. Por ejemplo, en Colombia, cerca del 63% de los casi 2 mil hogares encuestados declararon pérdidas de ingresos debido a los efectos de El Niño. En junio de 2023, las lluvias torrenciales y las inundaciones afectaron a más de 20 mil personas en el norte de Ecuador, mientras que en Bolivia se declaró estado de emergencia en 51 municipios por daños medioambientales, trastornos comunitarios y pérdidas económicas, con una estimación de 4,9 mil familias afectadas por los incendios.
Estos fenómenos meteorológicos extremos exacerbaron la dinámica de desplazamientos existente y llevaron a personas y comunidades vulnerables a abandonar sus hogares, lo que resultó en un aumento en el número de personas en alojamientos y en problemas de protección. Las condiciones excesivamente secas o húmedas agravan los riesgos de pérdida de tierras e ingresos, fomentando mecanismos de afrontamiento negativos, lo que se traduce en un aumento de los riesgos de violencia y explotación.
Mientras tanto, y como se destaca en el RMNA, el creciente número de personas refugiadas y migrantes que transitan por las zonas fronterizas y rurales ha contribuido a los impactos ambientales adversos. Las personas refugiadas y migrantes vulnerables, al no tener acceso a servicios regulares de WASH o alojamientos, recurren a espacios naturales inadecuados. Las comunidades indígenas de estas zonas se han visto afectadas, sufriendo la contaminación del agua como consecuencia del paso diario de miles de personas refugiadas y migrantes, y por la incapacidad de controlar la basura, los residuos sólidos y otras degradaciones medioambientales relacionadas con los movimientos sin precedentes.
Estas situaciones se ven agravadas por las condiciones a veces inadecuadas de algunas instalaciones de acogida y tránsito de la región, diseñadas para brindar una respuesta de emergencia al creciente número de movimientos de personas refugiadas y migrantes en tránsito. Aunque no están concebidas para satisfacer las necesidades a largo plazo ni para su ampliación, y no están adaptadas a fenómenos climáticos extremos, a veces sus instalaciones de alojamiento generan escombros de construcción, mientras que el suministro de comidas preparadas en envases no biodegradables a menudo va en contra de las Normas Esfera aplicables a la asistencia alimentaria, destinadas a reducir los residuos, reutilizar y reciclar.
Respuesta
En 2023, el Punto Focal de Medio Ambiente desarrolló una nueva estrategia integrada, subrayando el compromiso de R4V de hacer operativo el Nexo Humanitario-Desarrollo en sus actividades. Dados los efectos exacerbados del cambio climático y la degradación medioambiental y su efecto sobre las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida, las medidas de adaptación, como las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés), pretenden beneficiar a ambos, fomentando la integración y la protección al tiempo que aumentan la resiliencia climática de las comunidades. En contraste con el énfasis puesto anteriormente en los métodos de emergencia y prevención, la estrategia actualizada pretende llevar a cabo acciones concretas mediante la puesta en marcha de iniciativas y actividades a diferentes niveles operativos:
- A nivel regional, con la posibilidad de desarrollar un análisis regional centrado en la seguridad climática para comprender los efectos del cambio climático, la degradación medioambiental y la inseguridad en la región de ALC, como motores de los movimientos de población internos y externos. Cómo estos impactos empujan a las personas hacia prácticas de adaptación y estrategias de afrontamiento perjudiciales, exacerbando la violencia, la explotación y el abuso; y cómo estas presiones climáticas y medioambientales ponen en riesgo los medios de vida y el sistema de protección. En última instancia, aprovechar la contribución de este análisis para alinearlo e incluirlo en la política/agenda de los gobiernos de acogida.
- A escala nacional y local, mediante la integración de soluciones ecológicas duraderas en los sectores, la realización de actividades medioambientales con socios locales (OSC, ONG), que demuestren cómo pueden generar oportunidades de subsistencia para la población refugiada y migrante y las comunidades de acogida, mejorar sus condiciones de vida y el acceso a medios de subsistencia sostenibles; y mediante la integración de consideraciones medioambientales en la respuesta de los sectores para abordar la degradación medioambiental en la respuesta de R4V.
Se celebraron reuniones bilaterales con diversos sectores regionales de R4V para revisar el marco documental existente, recabar información sobre prioridades y retos específicos y esbozar acciones integrales en la Plataforma. Además, el Punto Focal de Medio Ambiente preparó sesiones de formación sobre herramientas ecológicas para la integración medioambiental, como NEAT+ (Nexus Environment Assessment Tool), con el fin de proporcionar a los sectores herramientas concretas para evaluar el impacto de sus planes y respuestas en el medio ambiente.
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES (PEAS)
Situación
La explotación y los abusos sexuales (EAS) cometidos por actores humanitarios y de desarrollo siguen siendo una preocupación importante para las personas a las que estas organizaciones sirven y protegen, incluyendo a las personas refugiadas y migrantes. El impacto de la explotación y los abusos sexuales es profundo para las víctimas, las comunidades y las organizaciones, y viola los derechos humanos fundamentales de las personas refugiadas y migrantes, perpetuando ciclos de trauma y vulnerabilidad. También es un problema de protección que erosiona la confianza de las comunidades afectadas y las poblaciones de acogida en quienes prestan asistencia.
El deterioro de la situación socioeconómica, política y de seguridad en varios países de acogida, la falta de acceso a las necesidades básicas, la ausencia de redes de apoyo, las dificultades para acceder a la regularización/reconocimiento como persona refugiada y el acceso limitado a los mecanismos de denuncia y a la justicia, han contribuido a crear un entorno en el que especialmente las mujeres, las niñas y personas LGBTQI+ corren un mayor riesgo de sufrir todo tipo de violencia. La violencia doméstica, las agresiones sexuales y el acoso son problemas generalizados a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes y que a menudo no se denuncian debido al miedo, la estigmatización y la falta de servicios de apoyo. Las barreras para acceder a los servicios de respuesta a la violencia basada en género que salvan vidas, el acceso limitado a la atención de la salud y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los obstáculos para garantizar una educación sexual integral agravan el riesgo de EAS y sus posibles consecuencias.
Aunque los socios de R4V han renovado su compromiso con la adopción de medidas sólidas de protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS), incluyendo la designación de puntos focales de PEAS en las Plataformas Nacionales/Subregionales, la capacidad para cumplir todas las normas exigidas sigue siendo un reto, y sigue existiendo una necesidad urgente de acción colectiva para garantizar que todas las organizaciones ofrezcan salvaguardias adecuadas y una respuesta apropiada en relación con la EAS que se ajuste a las normas mundiales[1].
Respuesta
A lo largo del 2023, la Comunidad de Práctica (COP) de la PEAS se centró en sus prioridades de apoyo a los socios para emprender medidas de PEAS en los países de la respuesta de R4V.
La COP, en colaboración con organismos de las Naciones Unidas, ONG y organizaciones de la sociedad civil, compartió conocimientos, experiencia y buenas prácticas a través de sesiones de aprendizaje a distancia y presenciales para las organizaciones socias de R4V, con un total de 190 participantes. La COP también apoyó una formación interagencial de la PEAS sobre asistencia a las víctimas y sobre evaluación interagencial de riesgos en Chile, a la que asistieron 24 funcionarios de las Naciones Unidas, principalmente coordinadores de la PEAS de diferentes organismos.
El 2023 fue testigo del visible y gran compromiso de los dirigentes de R4V con la PEAS. Durante la XXII reunión plenaria de la Plataforma Regional, los Directores Regionales reforzaron las normas de conducta esperadas de parte de cualquier persona asociada con la prestación asistencia dentro de la respuesta de R4V y expresaron un compromiso renovado con la PEAS, garantizando que el personal de sus agencias – incluyendo socios y proveedores de servicios – protegerá a los beneficiarios y las comunidades de una conducta sexual inapropiada, defenderá sus derechos y dará prioridad a su dignidad y bienestar, y se espera que todos los socios de R4V se unan a este compromiso.
Un logro clave de la COP fue la consolidación de una Red de Puntos Focales de Plataformas que, en virtud de sus mandatos, promueven medidas colectivas de la PEAS dentro de sus respectivas plataformas.
La COP amplió su apoyo al desarrollo y la aplicación de políticas y procedimientos sólidos para prevenir y responder a la EAS mediante un programa piloto de mentoría para los socios de R4V. Para ello, se revisaron y actualizaron las políticas y los códigos de conducta existentes en las organizaciones en materia de EAS, se establecieron sistemas de recursos humanos para prevenir la EAS, se introdujeron mecanismos de denuncia y se garantizó la asistencia a las víctimas y la realización de investigaciones. Cuatro OSC de Costa Rica, Colombia, Perú y Chile participaron en el programa piloto, que finalizará a mediados de 2024.
La COP trabajó en la adaptación de materiales de la PEAS basados en la campaña mundial «Juntas y Juntos Decimos No».
Por último, la COP participó activamente en la colaboración intersectorial para reforzar la PEAS en los sectores de Alojamiento, Transporte Humanitario, AAP y Violencia Basada en Género, con el fin de garantizar un enfoque coordinado e integrado. Esta colaboración facilitó el intercambio de información, la promoción conjunta y el desarrollo de iniciativas intersectoriales para abordar las causas subyacentes y los factores de riesgo de la EAS.
Lecciones Aprendidas
Garantizar que más de 200 socios de la mayor respuesta geográfica del mundo estén a la vanguardia de la protección y la respuesta a la EAS y sean capaces de mitigar los riesgos de la EAS a través de sus estructuras organizativas y operaciones, sigue siendo un reto. Además, existe la suposición común de que las medidas de la PEAS no requieren recursos adicionales, mientras que, en realidad, los recursos financieros y humanos dedicados son cruciales para los planes de implementación de la capacidad de la PEAS y la introducción de procesos y procedimientos que cumplan con las normas mundiales de la PEAS. Para hacer frente a este reto, la COP consiguió financiación inicial para los socios de R4V que participaron en el programa piloto antes mencionado, lo que les permitió financiar determinadas actividades organizativas, como la redacción de políticas de la PEAS, el desarrollo de cursos de formación para el personal y la revisión de los sistemas de RRHH.
En general, los mecanismos de retroalimentación y quejas en toda la región continúan careciendo de las medidas adecuadas para garantizar que sean canales de reporte seguros y accesibles para las víctimas de la EAS. Junto con el Grupo de Trabajo de AAP/CwC, la COP de la PEAS seguirá explorando posibles colaboraciones para el 2024 y reforzará sinergias.
Si bien realizar evaluaciones conjuntas de riesgos fue una de las prioridades para el 2023, la COP identificó dos desafíos importantes. El primero fue la falta de recursos financieros para implementarlas, y el segundo fue la falta de familiaridad con la evaluación de la respuesta de PEAS en un sitio determinado. La COP trabajó intensamente para cambiar esa percepción y asegurar que los socios comprendan que, a pesar de los mejores esfuerzos, la EAS es un riesgo presente en cualquier contexto donde se lleve a cabo una respuesta y operen organizaciones. La gestión efectiva del riesgo de la EAS comienza con la evaluación de los riesgos y la realización de acciones específicas para abordarlos.
En 2024, la COP fortalecerá el diálogo con las Plataformas Nacionales para asegurar que más países realicen evaluaciones de riesgos de sus respuestas.
[1] Para obtener más información sobre los estándares y principios de la PEAS, consulte: Básicos de PEAS del IASC, Principios Fundamentales de la PEAS del IASC, Normas Operativas Mínimas de la PEAS del IASC, Hoja informativa sobre las iniciativas del Secretario General para prevenir y responder al abuso y explotación sexual, Manual de referencia rápida de implementación de PEASH de CHS Alliance.
RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS POBLACIONES AFECTADAS/ COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES (AAP/CwC)
Situación
En cuanto a la Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP) y Comunicación con las Comunidades (CwC), la situación de las personas refugiadas y migrantes en América Latina en 2023 varió según las diferentes regiones y países. Se hicieron esfuerzos para incluir a personas refugiadas y migrantes en los procesos de toma de decisiones y amplificar sus voces a través del compromiso digital, como se observó en Brasil, Bolivia y Perú. También se llevaron a cabo sesiones rápidas de información comunitaria para personas refugiadas y migrantes en tránsito entre fronteras, como en Panamá-Colombia y Bolivia-Chile. Sin embargo, la implementación completa de los principios de AAP siguió siendo un desafío.
En algunos países, los gobiernos locales y nacionales, junto con los socios de R4V, trabajaron para involucrar directamente a las personas refugiadas y migrantes en discusiones sobre políticas y programas que los afectaban directamente. Esta participación varió desde reuniones comunitarias hasta procesos de consulta destinados a recopilar comentarios sobre los servicios y la asistencia proporcionada, como se demostró en la evaluación conjunta de necesidades en Ecuador, centrada en la integración de la población refugiada y migrante. El acceso limitado a la información, la desinformación en línea y las campañas de información errónea, las barreras del idioma y las diferencias en el acceso completo a los servicios entre grupos demográficos de la región obstaculizaron la participación comunitaria significativa.
Respuesta
A nivel regional, el Grupo de Trabajo AAP/CwC convocó una reunión con 13 puntos focales clave de AAP/CwC de los socios de R4V para determinar colectivamente los principales pilares de la respuesta AAP/CwC. Estos pilares incluyeron el fortalecimiento de capacidades, los mensajes clave y enfoques interagenciales armonizados, y se consolidaron en un plan de trabajo actualizado de AAP/CwC.
Se apoyaron iniciativas de fortalecimiento de capacidades en toda la región, incluyendo en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, para capacitar a los socios con las habilidades y conocimientos necesarios para interactuar de manera efectiva con las poblaciones afectadas e integrar los principios de AAP en sus actividades de respuesta. El Grupo de Trabajo AAP/CwC también desarrolló mensajes clave regionales en colaboración con el Grupo de Trabajo de Comunicaciones, el Sector de Protección y el Sector de Transporte Humanitario para optimizar los esfuerzos de comunicación mediante la creación de mensajes consistentes, proporcionando información precisa sobre los procedimientos de migración, los derechos y los servicios de apoyo disponibles. Para garantizar la inclusividad y relevancia de los mensajes clave finalizados en 2023, el grupo de trabajo planea implementar metodologías participativas que pueden incluir discusiones en grupos focales, consultas comunitarias y sesiones de retroalimentación con las poblaciones de personas refugiadas y migrantes. Estas ayudarían a recopilar información, perspectivas y sugerencias para mejorar los mensajes clave y garantizar que sean relevantes, impactantes y receptivos a las diversas necesidades.
Por último, el Grupo de Trabajo AAP/CwC estableció un marco regional armonizado interagencial de AAP para alinear metodologías, herramientas y mecanismos de reporte y garantizar coherencia y consistencia en los esfuerzos de AAP/CwC dentro de la Plataforma R4V.
Lecciones Aprendidas
A pesar de los esfuerzos para difundir información veraz a través de campañas en línea a personas refugiadas y migrantes, como iniciativas de los socios a través de Facebook y TikTok, persisten desafíos debido a la prevalencia de desinformación y campañas virales en las redes sociales impulsadas por traficantes y fuentes poco confiables. Esta desinformación influye significativamente en su proceso de toma de decisiones, llevándolos muy a menudo a elegir rutas peligrosas como la Selva del Darién en Panamá, lo que destaca la necesidad urgente de montar estrategias y recursos confiables en línea para garantizar su seguridad y bienestar.
Además, en respuesta a las nuevas políticas de migración promulgadas en los países de la región, hay una necesidad urgente de desarrollar o actualizar materiales informativos para guiar a las personas refugiadas y migrantes y asegurar que conozcan sus derechos, obligaciones y servicios disponibles. Sin información actualizada y precisa, las personas refugiadas y migrantes pueden tomar decisiones basadas en información desactualizada, lo que puede llevar a malentendidos sobre sus derechos o exponerlos a riesgos asociados con las rutas migratorias.
Un desafío adicional de AAP/CwC en 2023 fue la necesidad de mejorar los mecanismos de retroalimentación comunitaria interagenciales. La implementación de métodos innovadores para la recolección de retroalimentación comunitaria, como aplicaciones móviles o encuestas basadas en la comunidad, puede ayudar a abordar estos desafíos y garantizar que las respuestas dirigidas localmente sean moldeadas directamente por los aportes de la comunidad.
COMUNICACIONES
Situación
La falta de oportunidades de medios de vida, integración efectiva y regularización, así como la evolución de las regulaciones y dinámicas en algunos países de la región, llevaron a cientos de miles de personas refugiadas y migrantes en la región a participar de movimientos sucesivos. Teniendo en cuenta el contexto en el que viven las personas refugiadas y migrantes dentro de la región, donde la mayoría se considera en destino y busca integrarse en los países y comunidades de acogida, mientras que otros están en tránsito buscando un nuevo lugar al que llamar hogar, es imperativo que los medios de comunicación locales e internacionales, los tomadores de decisiones y el público en general (tanto en la región de América Latina y el Caribe como fuera de ella) comprendan mejor la situación actual. En este contexto, fue crucial mejorar los esfuerzos de abogacía, resaltar la relevancia de R4V en la respuesta a la situación y las actividades clave de los socios, y contribuir a proporcionar información clave a las personas refugiadas y migrantes.
Respuesta
En 2023, el Grupo de Trabajo Regional de Comunicaciones se centró en las siguientes áreas:
Crear conciencia sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes y mejorar la visibilidad de sus contribuciones a la sociedad para combatir la xenofobia y promover la cohesión social.
- Se realizaron misiones de campo en Chile, Argentina y Brasil para recopilar fotos y videos sobre historias de interés humano y la respuesta de R4V, utilizados para piezas de comunicación estratégica durante eventos clave y campañas a lo largo del año.
- El podcast “Cruzando Fronteras” fue producido en colaboración con la cadena de radio más grande de España, Cadena Ser.
- El lanzamiento del documental “El Viaje que no Tiene Fin” en el marco de la Conferencia de Solidaridad con Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela y los Países y Comunidades de Acogida en Bruselas. También se proyectó en el marco de festivales de cine nacionales y eventos en Panamá, Ecuador, Indonesia y Libia, con la asistencia de más de 600 personas. El documental también está incluido en el Festival de Cine de Migración Global, lo que permitirá su proyección en eventos relacionados con personas refugiadas y migrantes, comunidades de acogida y otras partes relevantes.
Mejorar la visibilidad de la Plataforma R4V, incluyendo las iniciativas lideradas por los Sectores, Plataformas Nacionales y Subregionales, y socios.
- Apoyando el lanzamiento y la difusión de documentos y proyectos, como la Actualización del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2024 (RMRP), el Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes 2023 (RMNA), la Conferencia de Solidaridad, el Reporte de Movimientos Trimestral, la 9ª Edición de Proyectos de Alojamiento y la 5ª Asamblea General de la Coalición por Venezuela, mediante el desarrollo de mensajes estratégicos, comunicados de prensa, contenido en redes sociales y videos; así como con la planificación e implementación de eventos presenciales de alto nivel.
- Alcanzando 360 mil impresiones en la cuenta de YouTube de R4V; más de 8 mil seguidores y 700 mil impresiones en la cuenta de X de R4V; más de 3 mil visualizaciones del boletín mensual de R4V; y más de 240 mil usuarios del sitio web y micrositios de R4V.
Difundiendo mensajes para reducir las brechas de información y apoyar la protección de las personas refugiadas y migrantes.
Junto con los Sectores, Grupos de Trabajo y socios, se desarrollaron y difundieron materiales audiovisuales y gráficos para las siguientes estrategias de comunicación:
- La Finalización del título 42: campaña informativa para comunicar a las personas refugiadas y migrantes sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno de los Estados Unidos tras la retirada de las regulaciones de COVID-19.
- “Pasa la Voz”: campaña de prevención creada para el Día Internacional contra la Trata y Tráfico de Personas.
- “Juntas y Juntos Decimos NO”: kit de herramientas para proporcionar información clave de PEAS al personal humanitario y de desarrollo.
Lecciones Aprendidas
El Grupo de Trabajo de Comunicaciones enfrentó desafíos como la necesidad de responder con prontitud a las políticas gubernamentales que cambian rápidamente y afectan a las personas refugiadas y migrantes; contrarrestar las narrativas negativas y falsas sobre las personas venezolanas en la región; y gestionar el impacto de los influencers de las redes sociales y los medios de comunicación que difunden desinformación con agendas específicas. Para abordar estos desafíos, en el 2024 el Grupo de Trabajo fortalecerá los esfuerzos en equipo con los sectores y los socios de comunicación en la región para trabajar de manera conjunta y contrarrestar la desinformación con campañas y mensajes clave que permitan respuestas rápidas a contextos cambiantes y adversos.
Brasil
Situación
La política de puertas abiertas del gobierno de Brasil y su enfoque orientado a la búsqueda de soluciones en el marco de la “Operación Acogida”, facilitó la recepción del flujo constante de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, que alcanzó unas 510,5 mil personas a finales de 2023. Similar a las tendencias de años anteriores, las entradas a Brasil superaron las salidas (en proporción de 3 a 1), y las personas refugiadas y migrantes llegaron en condiciones cada vez más vulnerables, como lo demuestra el número de evacuaciones médicas desde la frontera hasta la capital del estado de Roraima, que casi se duplicó de 2022 a 2023 (de 1,088 en 2022 a 1,966 en 2023, el 46% de ellos niñas, niños y adolescentes); lo que también resalta la crítica situación de salud de las personas refugiadas y migrantes recién llegadas, y el carácter limitado de las capacidades locales para hacer frente a este tipo de emergencias.
A diferencia de muchos países de la región, en Brasil la gran mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela tienen la intención de permanecer en el país (véanse los resultados del RMNA, según los cuales el 87,5% de las personas venezolanas tiene intención de permanecer en el país durante el próximo año, mientras que sólo el 4,4% considera la posibilidad de regresar a Venezuela y el 3,8% de trasladarse a un tercer país). Esto se puede atribuir a los amplios sistemas de apoyo disponibles para las personas refugiadas y migrantes, como el acceso gratuito a servicios de salud, educación, servicios sociales e incluso programas de transferencias monetarias. En particular, en 2023, como parte de la Operación Acogida, el gobierno estableció un grupo de trabajo en Roraima para inscribir a todas las personas venezolanas en el programa federal de transferencias monetarias, garantizando el acceso inmediato a esta asistencia al entrar a Brasil (289,9 mil personas venezolanas fueron inscritas hasta noviembre de 2023, 74 mil en Roraima). Además, las conclusiones de las ECNs indican que las personas refugiadas y migrantes que se reubican voluntariamente en otras partes de Brasil, en el marco del programa de “interiorización” del gobierno, experimentan sistemáticamente mejores condiciones que las de Roraima.
El Ministerio de Justicia comenzó la elaboración de una Política Nacional de Migración, Refugio y Apatridia que engloba a todas las nacionalidades. Aunque se espera que en 2024 la política nacional final sea publicada, en 2023, el gobierno inició un amplio proceso de consulta con múltiples sectores, incluidos los gobiernos locales, la sociedad civil (especialmente las organizaciones de personas refugiadas y migrantes), las partes interesadas y los organismos de las Naciones Unidas. Además, en 2023 se convocaron conferencias temáticas como espacios institucionales para la toma de decisiones participativa sobre políticas públicas generales (como salud, servicios sociales y juventud), ya que las personas refugiadas y migrantes, aunque no pueden votar en Brasil, contribuyen activamente en estas conferencias y pueden ser elegidos como delegados para representar sus intereses.
Respuesta
En 2023, las intervenciones de los socios de R4V en Brasil beneficiaron a unas 122,6 mil personas refugiadas y migrantes de Venezuela y a las comunidades de acogida afectadas, lo que representa el 79% de la población meta total. Además, gracias al apoyo y la asistencia de los socios de R4V, la “Operación Acogida” alcanzó el hito de haber reubicado voluntariamente a más de 122 mil personas (desde el inicio del programa de “interiorización” en 2019), contribuyendo a la integración socioeconómica de las personas venezolanas en el país.
Más de 1,200 niñas, niños y adolescentes de Venezuela recibieron apoyo para la escolarización en Roraima, la acción conjunta fue liderada por el Sector de Educación, con partes locales interesadas, para identificar a las niñas y niños no escolarizados en alojamientos y asentamientos espontáneos en Boa Vista y Pacaraima.
Los socios del Sector de Protección apoyaron la prestación de servicios de protección y asistencia integral a más de 96 mil personas, lo que representa el 96% de la población meta del sector. El Subsector Nacional de Violencia Basada en Género impartió cursos de formación en PEAS para los socios y el personal de la “Operación Acogida”, formando a 1,321 personas (984 militares y 337 civiles que trabajaban en sus instalaciones).
El Subsector de Protección de la Niñez publicó una guía para la protección de niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes no acompañados y/o separados (NNA) en Brasil. Estas directrices se elaboraron en colaboración con diversas partes locales interesadas, incluidas entidades gubernamentales, quienes establecieron un protocolo localizado.
El apoyo del Subsector de Trata y Tráfico de Personas posibilitó la formación de 370 funcionarios del sistema de justicia (incluyendo jueces federales y estatales) y otras partes interesadas del sistema de lucha contra la trata, para reforzar la capacidad local y se animó a los participantes a reproducir los conocimientos en sus respectivas redes.
El Sector de WASH celebró un taller en Boa Vista para facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y para discutir los principales desafíos para mejorar el acceso de las personas refugiadas y migrantes venezolanas a los servicios de WASH en Brasil. Se sostuvo un debate sobre el fortalecimiento de la gobernanza y las políticas públicas. Este taller se consideró crucial dados los cambios en el contexto operativo; con la contingencia militar cambiando cada 15 días y llegando con éxito a 34,6 mil personas a lo largo del año, lo que representó el 98% de su objetivo en 2023.
El Sector de Alojamiento prestó asistencia directa a 42,5 mil personas. Además, los centros para pasar la noche de Boa Vista y Pacaraima prestaron asistencia a un promedio de 900 y 400 personas al mes, respectivamente, centrándose específicamente en reducir el número de personas viviendo en la calle, lo que fue especialmente notable durante la oleada de llegadas de septiembre.
Por último, la Plataforma Nacional se centró en reforzar las capacidades de coordinación en múltiples niveles. Tras una evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidades de los socios que trabajan en terreno, el equipo de coordinación organizó un taller de coordinación interagencial para 22 socios de R4V en Roraima. Se centró en cómo apoyar un entorno integrador y fomentar una cooperación significativa entre los actores clave de una respuesta humanitaria.
Lecciones Aprendidas
Ante la escasez de fondos, los socios tuvieron que ajustar y dar prioridad a sus respuestas. Esto fue importante para los socios en alojamiento e integración. Por ejemplo, en Roraima, los socios tuvieron que reducir el número de alojamientos y ampliaron las instalaciones que quedaron, para poder mantener la capacidad global de los sitios de la Operación Acogida de manera más eficiente.
Lograr la participación de organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes plantea desafíos, ya que algunas necesitan ayuda para elaborar sus contribuciones al RMRP. Sin embargo, reconociendo la importancia de su participación, la Plataforma R4V de Brasil dedicó esfuerzos y recursos a brindar dicha asistencia. Como resultado, pasaron de tener una organización en 2023 a cinco en la actualización del RMRP 2024, con apoyo adicional para facilitar su participación significativa en los espacios de coordinación a todos los niveles.
Foto de Portada: Glenna Gordon/Save The Children
Chile
Situación
En 2023, en un contexto de difíciles condiciones socioeconómicas y repetidos intentos fallidos de aprobar una nueva constitución, Chile promulgó una agenda legislativa en torno a la seguridad nacional y la protección de infraestructuras críticas (que incluye las fronteras del Estado), introduciendo la Ley de Infraestructuras Críticas, la cual otorgó poderes adicionales a los militares para realizar controles de identidad, registrar pertenencias y vehículos y detener a las personas que entraran en el país de forma irregular. Esto afectó significativamente a las personas refugiadas y migrantes, especialmente a quienes no cumplían con los requisitos de visado del país y que, por ende, tuvieron que entrar o salir del país de forma irregular y por rutas remotas. Estas rutas se caracterizan por terrenos de gran altitud, duras condiciones meteorológicas y graves problemas de protección, como la trata y el tráfico de personas.
En paralelo, el Servicio Nacional de Migración implementó un proceso de registro biométrico que, si bien no es un proceso de regularización, facilitó la identificación de 182,1 mil personas (91% de las cuales eran personas refugiadas y migrantes de Venezuela) que residían en el país de manera irregular. Esta iniciativa refleja los esfuerzos de Chile por dar visibilidad a la población irregular en las estadísticas nacionales, permitiendo una mejor identificación y priorización de las necesidades y asistencia que requieren las personas refugiadas y migrantes.
Respuesta
En 2023, los socios de R4V en Chile proporcionaron algún tipo de asistencia a 62,5 mil personas refugiadas y migrantes de Venezuela y a miembros de la comunidad de acogida afectada. Un total de 38,4 mil personas recibieron asistencia y servicios de protección especializados, incluido asesoramiento jurídico u orientación sobre el acceso a sus derechos. Se llegó a unas 14,5 mil personas a través de campañas que promovían el acceso a la atención de la salud general, la salud sexual y reproductiva y a los servicios de apoyo psicosocial. Más de 8,7 mil personas recibieron ayuda alimentaria a través de kits de alimentos o CVA. Además, 3,4 mil personas participaron en iniciativas relacionadas con el apoyo a la iniciativa empresarial, el autoempleo y la integración en el mercado laboral, y unas 6 mil personas se beneficiaron de apoyo al alquiler y alojamiento de emergencia.
Fortalecer las relaciones con las autoridades e instituciones locales y nacionales para abordar la situación de las personas refugiadas y migrantes fue prioridad para la Plataforma Nacional. Gracias a los esfuerzos colectivos de los socios de R4V, la Plataforma Nacional en Chile llevó a cabo su primera evaluación conjunta de necesidades (ECN) en 2023, presentada en un acto copatrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chileno. La ECN se convirtió en una fuente de datos primaria para fortalecer el trabajo de la Plataforma e informar el RMNA 2023 y la planificación del RMRP 2024. Esta evaluación permitió a la Plataforma abogar por mejorar los programas, las políticas y el desarrollo de soluciones integrales para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Otro hito importante fue el trabajo conjunto con la Delegación Presidencial de Tarapacá para el desarrollo de una herramienta de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP), que se instalará en el Centro Transitorio Lobitos de Iquique. Este esfuerzo coordinado servirá para establecer un mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta y continuar fortaleciendo la asistencia humanitaria dentro del Centro Transitorio. Para lograrlo, los socios de R4V llevaron a cabo discusiones de grupos focales, entrevistas y esfuerzos de coordinación con las autoridades locales de la región de Tarapacá.
El Sector Nacional de Educación facilitó cuatro talleres con el Ministerio de Educación para formar a los socios de R4V en temas relacionados con el derecho a la educación de las niñas y niños refugiados y migrantes. Los talleres hicieron hincapié en 1) el Identificador Provisorio Escolar (IPE), que es un número único emitido por el Ministerio de Educación a las niñas y niños en edad escolar sin estatus regular; 2) los procesos de quejas asociados con el derecho a la educación; 3) la inscripción temprana y los procedimientos asociados para los padres y madres; y 4) la Plataforma del Sistema de Admisión Escolar (SAE), que es de particular relevancia para ayudar a las familias refugiadas y migrantes con niñas y niños en el proceso de admisión escolar chileno. Adicionalmente, se llegó a más de 5 mil niñas y niños venezolanos a través de programas de educación integral, donaciones de útiles escolares y actividades de educación no formal, con énfasis en niñas y niños recién llegados al país.
Por último, para mejorar la cohesión social y reducir las tensiones entre las comunidades de acogida y las personas refugiadas y migrantes, los socios de R4V adoptaron un enfoque basado en la comunidad que mejoró las infraestructuras comunitarias, especialmente en las regiones fronterizas a las que han llegado recientemente familias venezolanas, generando espacios para la coexistencia pacífica al atender las necesidades de las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida. Por ejemplo, en Arica (ciudad fronteriza con Tacna, Perú), en coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Educación, los socios de R4V apoyaron la remodelación de las instalaciones de la escuela América, dando a sus alumnos, de los cuales el 52% eran niñas y niños refugiados y migrantes, acceso a espacios recreativos mejorados.
Lecciones Aprendidas
Debido a los desafíos que los socios de R4V encontraron en la evaluación de los perfiles y necesidades de la población refugiada y migrante, así como en la creación de una mayor visibilidad y promoción de la situación en Chile, se determinó como prioridad mejorar la colaboración entre la Plataforma Nacional de R4V y las autoridades competentes responsables de las estadísticas oficiales sobre el número de personas refugiadas y migrantes en Chile. Al finalizar este informe, el Gobierno había actualizado las estadísticas oficiales por primera vez desde finales de 2021, lo que facilitará los esfuerzos de planificación e implementación de R4V en 2024.
Tras la aprobación de la Ley de Infraestructuras Críticas a principios de 2023 y los consiguientes retos operativos, en coordinación con los socios gubernamentales, los socios de R4V redujeron la presencia física diaria en Colchane, incluso en el Centro de Recepción. Los socios siguieron implementando actividades y realizando ejercicios de monitoreo.
Colombia
Situación
En 2023, los gobiernos de Colombia y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas y reabrieron completamente sus fronteras, lo que dio lugar a un aumento de los movimientos regulares entre ambos países. Mientras tanto, los movimientos irregulares y de tránsito a través de Colombia aumentaron con 520,1 mil personas refugiadas y migrantes (63% personas venezolanas) cruzando de Colombia a Panamá en 2023, en comparación con 248,3 mil en 2022. Este aumento podría atribuirse a las oportunidades percibidas en los Estados Unidos de América y en México, mientras que las difíciles condiciones económicas, las limitadas oportunidades de empleo regular y un clima político cada vez más reservado en Colombia afectaron negativamente a la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para integrarse y crear un futuro estable en el país.
La economía registró un modesto aumento del PIB del 0,6%, el más bajo en dos décadas (excluyendo el 2020 debido a COVID-19). El costo de la vida, cada vez más elevado, agravó la situación de las personas refugiadas y migrantes, que se enfrentaron a obstáculos persistentes para acceder al mercado laboral regular, como dificultades para validar sus credenciales educativas y profesionales, o la falta de regularización.
De las 2,8 millones de personas venezolanas residentes en Colombia, a finales de 2023, 1,9 millones habían recibido Permiso por Protección Temporal (PPT). Sin embargo, más de la mitad de los titulares de PPT reportaron dificultades para acceder a los servicios públicos y encontrar trabajo, citando como principales obstáculos los requisitos de documentación, la discriminación, los bajos salarios o las malas condiciones laborales.
La inseguridad es la tercera razón principal identificada en el RMNA por la cual las personas refugiadas y migrantes en Colombia se trasladen a otro país. A pesar de la disminución de algunos indicadores de violencia en 2023, las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a riesgos constantes; por ejemplo, hubo 1,574 muertes violentas de personas venezolanas en Colombia en 2023.
Respuesta
En respuesta a las principales prioridades identificadas en el RMNA 2022, que resaltaban una necesidad particular en temas de integración, alojamiento, salud y protección; a lo largo de 2023, 66 socios de R4V llegaron a más de 1,3 millones de personas en 32 departamentos de Colombia.
El Sector de Salud atendió a más de 574 mil personas en atención primaria, servicios complementarios y vigilancia epidemiológica. El Sector también activó un comité de salud para mejorar la coordinación entre Colombia y Panamá. En materia de salud sexual y reproductiva, los socios avanzaron en el monitoreo de la salud sexual y reproductiva, facilitando la generación de alertas de morbilidad y mortalidad para ser compartidas con la población refugiada y migrante.
El Sector de Seguridad Alimentaria llegó a más de 1,03 millones de personas, principalmente a través de asistencia alimentaria directa. Debido al elevado número de personas en tránsito, el Sector ajustó su respuesta y dio prioridad a las comidas preparadas y a las comidas calientes en instalaciones comunales. Mientras tanto, el Sector de Nutrición prestó asistencia a más de 35,3 mil personas refugiadas y migrantes, con especial atención a los suplementos nutricionales para niñas y niños de 6 a 59 meses, así como para mujeres embarazadas y lactantes.
Dado que el 29% de las niñas y niños refugiados y migrantes en destino con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años no están escolarizados (principalmente debido a limitaciones económicas), el Sector de Educación ayudó a más de 100,9 mil personas mediante suministros o servicios educativos como; kits escolares (60%), y asistencia relacionada con la inscripción en instituciones educativas formales o programas de educación no formal (38%).
El Sector de Integración ayudó a más de 72,9 mil personas con servicios de inclusión y educación financiera (41%) y apoyo a iniciativas de autoempleo o emprendimiento (29%). Además, el sector mejoró las respuestas institucionales nacionales y locales con programas de certificación de competencias y apoyo al emprendimiento.
El Sector de Alojamiento ayudó a 149,2 mil personas refugiadas y migrantes con soluciones de alojamiento a corto plazo (por ejemplo, habitaciones de hotel); así como con apoyo a mediano y largo plazo mediante programas que proporcionaban dinero para el alquiler, entre otros. El Sector de Transporte Humanitario prestó asistencia a 73,5 mil personas refugiadas y migrantes principalmente para el transporte dentro del país con el fin de que pudiesen acceder a servicios y oportunidades vitales de atención de salud, protección, regularización, educación y trabajo.
El sector de WASH proporcionó acceso a servicios a 183,3 mil personas, principalmente a través del suministro de artículos de higiene y campañas de comunicación sobre prácticas de higiene. También garantizó el acceso seguro a suficiente agua potable; por ejemplo, en Urabá se distribuyó agua embotellada y artículos de higiene.
El Sector de Protección llegó a 449,5 mil personas, priorizando el acceso a sus derechos, el apoyo al programa TPS y a los procedimientos de asilo. En respuesta al aumento de los casos de violencia basada en género entre las poblaciones de personas refugiadas y migrantes (como se destacó en la RMNA 2022), el Subsector de Violencia Basada en Género llegó a más de 75,5 mil personas a través de programas de prevención de la violencia basada en género (82%) y derivaciones para asistencia a supervivientes (18%). El Subsector de Protección de la Niñez asistió a 49,1 mil personas, a través de servicios especializados de protección de la niñez (69%), salud mental y apoyo psicosocial (31%). El subsector priorizó la atención de niñas y niños no acompañados o separados, para evitar su reclutamiento por grupos armados y delictivos.
Por último, 141,3 mil personas recibieron asistencia en efectivo y cupones en Colombia en 2023.
Lecciones Aprendidas
Los desafíos están principalmente relacionados con las limitadas perspectivas de integración y la gestión de los crecientes movimientos sucesivos y de tránsito de personas refugiadas y migrantes. Según los informes, entre el 2% y el 20% de las personas refugiadas y migrantes que se desplazan a través de Colombia han obtenido un estatus regular en el país (principalmente el PPT). Esto indica que, a pesar de los retos existentes, el PPT y el reconocimiento de la condición de refugiado contribuyen a estabilizar a una mayoría de personas refugiadas y migrantes en Colombia.
En 2023 dentro del gobierno se produjo un traspaso de responsabilidades en materia de personas refugiadas y migrantes. Por ejemplo, se creó un nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad que asumirá las competencias que antes tenía la Gerencia de Fronteras, y se espera que esté plenamente operativo en 2024.
Foto de Portada: Aldeas Infantiles SOS
Ecuador
Situación
En 2023, Ecuador se enfrentaba a una inestabilidad sociopolítica y a un aumento de la violencia, así como a catástrofes naturales, todo ello en medio de una economía que aún se recuperaba de la pandemia de COVID-19. Esto planteó retos para la integración y protección de las casi 500 mil personas refugiadas y migrantes en el país y creó obstáculos operativos para los actores de la respuesta.
En mayo, el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones, celebradas en octubre. Tras una campaña presidencial empañada por altos niveles de violencia (incluido el asesinato de uno de los principales candidatos), el recién elegido presidente Daniel Noboa dio prioridad a responder a la creciente inseguridad en el país. Ecuador fue uno de los países más violentos de América Latina durante 2023, registrando más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un aumento de aproximadamente el 64,9% en comparación con 2022. El aumento de la inestabilidad también se tradujo en mayores niveles de xenofobia contra las poblaciones de personas refugiadas y migrantes.
Este contexto provocó movimientos internos de personas refugiadas y migrantes, así como un aumento de las salidas del país, particularmente hacia el norte, en dirección a Estados Unidos. Los movimientos de población reflejaron las tendencias observadas desde 2022, con crecientes movimientos hacia el norte (incluyendo una disminución de las entradas desde Colombia; un aumento de las entradas desde Perú; una disminución de las salidas hacia el sur; y un aumento de las salidas hacia el norte).
El Proceso de Registro y Regularización nacional para la población venezolana en situación irregular iniciado en 2022, continuó en 2023: al finalizar el año, más de 201,7 mil personas habían recibido un certificado de permanencia temporal, 87,7 mil una Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE) y 72,3 mil un documento nacional de identidad.
Respuesta
Más de 80 socios prestaron asistencia a 270,6 mil personas en necesidad en 122 municipios del país, principalmente en Quito, Guayaquil y Manta, así como en zonas fronterizas como Tulcán, Huaquillas y Sucumbíos. Los sectores de Seguridad Alimentaria (158 mil personas atendidas), Protección (incluyendo Protección de la Niñez y Violencia Basada en Género, con 150,1 mil personas atendidas) y WASH (62,8 mil) atendieron al mayor número de personas refugiadas y migrantes a lo largo del año.
Las actividades de Protección incluyeron apoyo para aumentar las capacidades del gobierno para implementar el Proceso de Registro y Regularización de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela elegibles y ampliar su acceso. Los socios de la Plataforma Nacional R4V en Ecuador (GTRM) movilizaron brigadas para ofrecer asesoramiento legal y administrativo y proporcionaron CVA para cubrir los costos de la documentación para el proceso de registro con el fin de obtener un certificado de estancia temporal, un visado VIRTE y documento de identidad (proceso que finalizará en abril de 2024). Se reforzaron los mecanismos de protección basados en la comunidad, especialmente en respuesta a la situación de seguridad, donde los socios ajustaron los protocolos de seguridad para mejorar la protección proporcionada a los líderes locales. Del mismo modo, los socios de Protección de la Niñez se coordinaron con las autoridades gubernamentales para aplicar un Protocolo Especial de Registro y Regularización de Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados, que identificó a más de mil niñas y niños no acompañados y/o separados, 730 de los cuales obtuvieron un visado VIRTE. Se realizaron acciones para prevenir la violencia basada en género y la trata y tráfico de personas como proporcionar asistencia caso por caso y se reforzaron 14 espacios seguros para supervivientes de la violencia basada en género. Se formó a un total de 3,009 funcionarios públicos en la identificación y persecución de la violencia basada en género y la trata y tráfico de personas.
La respuesta del Sector de Salud llegó a 33,5 mil personas con medicamentos, apoyo a intervenciones de salud, acceso a anticonceptivos y salud mental, sexual y reproductiva. Los socios reforzaron el sistema de salud pública apoyando campañas periódicas de vacunación infantil y abordando el COVID-19.
Unas 41,3 mil personas refugiadas y migrantes recibieron apoyo educativo durante 2023. Los socios reforzaron las capacidades del Ministerio de Educación Nacional con iniciativas que promovieron el acceso al sistema escolar como la búsqueda activa de niñas y niños no escolarizados; y con actividades de nivelación académica y de promoción de la educación integral, que aumentaron la permanencia escolar.
El Sector Integración desarrolló y lanzó una Guía Técnica para el Apoyo al Emprendimiento, para ayudar a las organizaciones que crean, desarrollan, fortalecen y financian iniciativas empresariales de la población refugiada y migrante en Ecuador. La metodología incorpora un enfoque de mercado para personas en situación de pobreza y personas refugiadas y migrantes, y adopta un enfoque interseccional de género, impacto ambiental y movilidad humana.
Las actividades WASH y Alojamiento articularon una respuesta estratégica para las personas refugiadas y migrantes y para personas afectadas por catástrofes naturales, con acciones coordinadas a través del marco GTRM/R4V y el Equipo Nacional de la ONU. Los socios proporcionaron apoyo técnico a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mediante cursos de formación para funcionarios, así como planes de contingencia a nivel nacional y local.
Por último, el Sector de Seguridad Alimentaria prestó asistencia a más de 158 mil personas, mientras que el Grupo de Trabajo de Efectivo elaboró procedimientos de seguimiento del mercado, una encuesta sobre los criterios de selección y un protocolo de seguridad indicativo para la entrega de CVA (que fue una modalidad clave de asistencia para la seguridad alimentaria y varias otras respuestas sectoriales).
Además, el GTRM nacional promovió la localización de la respuesta mediante cursos de formación en movilización de recursos para la sociedad civil, organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes y ONG locales, que llegaron a 24 socios, y elaboró una guía práctica para la diversificación de las fuentes de financiación.
Lecciones Aprendidas
Los socios de los GTRM se enfrentaron a un entorno operativo cada vez más difícil en 2023, caracterizado por un contexto de seguridad complejo; en respuesta, cuatro de cada diez GTRM locales generaron planes de contingencia junto con los gobiernos locales, una buena práctica que se seguirá repitiendo en 2024. Los impactos del fenómeno meteorológico El Niño subrayaron la necesidad de colaboración interinstitucional a través de otros mecanismos de coordinación, para responder tanto a movimientos mixtos como a emergencias ambientales.
Foto de Portada: Diana Diaz/ACNUR
Perú
El Gobierno de Perú inició un nuevo proceso de regularización en 2023. Como resultado, 214,633 personas solicitaron regularizar su situación migratoria a lo largo del año. Paralelamente, más de 140,000 personas refugiadas y migrantes en situación irregular fueron otorgados amnistía en multas que se habían acumulado durante meses y años. Sin embargo, muchas permanecen en situación irregular, debido a sus limitados recursos económicos y acceso a información, entre otros.
La inestabilidad política de Perú, la agitación social y los recientes factores relacionados con el medio ambiente (incluidas las inundaciones y el consiguiente brote de dengue) contribuyeron al aumento de los precios, la interrupción del transporte y otros servicios, daños a las viviendas y al deterioro de las condiciones de salud. Las poblaciones vulnerables, incluidas las personas refugiadas y migrantes, se vieron afectadas por estos acontecimientos, lo que dificultó su capacidad para satisfacer las necesidades básicas.
Se declararon múltiples estados de emergencia en las zonas fronterizas, que sirvieron para reforzar el orden interno y la seguridad pública. Como resultado, a principios de 2023, a lo largo de la frontera con Chile, cientos de personas refugiadas y migrantes quedaron varadas en Tacna, muchas de las cuales recurrieron a cruces irregulares más remotos, asociados a mayores riesgos de protección.
El gobierno estableció un procedimiento para la expulsión de personas extranjeras condenadas por delitos penales, mientras que la reentrada irregular al país sería punible. Además, las nuevas disposiciones de la Ley de Migración prevén un proceso acelerado para las expulsiones. El Código Penal se modificó para ampliar el tiempo de retención de 4 a 12 horas, a efectos de control y verificación de las identidades de los individuales.
Respuesta
En 2023 los socios de la Plataforma Nacional R4V apoyaron a 513,6 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas. Un logro importante fue brindar apoyo a los esfuerzos de regularización del gobierno mediante apoyo financiero, asesoramiento jurídico, la creación de oficinas descentralizadas y ferias, así como con materiales de comunicación para fomentar la inscripción y el intercambio de información sobre el proceso.
El Sector de Protección llegó a 305,5 mil personas refugiadas y migrantes, principalmente a través de actividades como la preparación y difusión de materiales de comunicación, la prestación de orientación y asesoramiento jurídico, así como la asistencia en efectivo y cupones (CVA) para cubrir los costes procesales de la regularización. Además, los socios de R4V emprendieron campañas de abogacía para mejorar la protección, proporcionaron gestión de casos y formaron a las autoridades públicas sobre la respuesta basada en los derechos, en cuestiones relacionadas con la protección de la niñez, la violencia basada en género y el tráfico de personas. Los socios también actualizaron los procedimientos operativos estándar para prestar asistencia oportuna a las víctimas de la trata.
Para cubrir las necesidades básicas de las personas refugiadas y migrantes y de comunidades de acogida afectadas, los socios de R4V se centraron en mejorar el acceso a los servicios esenciales y a planes de protección social; proporcionaron ayuda humanitaria, como kits de higiene y cestas de alimentos, donde eran inaccesibles. Los socios del Sector de Seguridad Alimentaria nacional ayudaron a 190,6 mil personas mediante ayuda en especie, kits de alimentos y raciones, y CVA sectorial. Por otra parte, 69,8 mil personas refugiadas y migrantes y miembros vulnerables de las comunidades de acogida recibieron transferencias monetarias multipropósito para cubrir necesidades básicas, como alimentos y alojamiento. Los socios nacionales del Sector de Alojamiento llegaron a 29,4 mil personas refugiadas y migrantes; a 11,6 mil con alojamiento temporal de las que 9,1 mil estaban en Tacna, donde los socios ampliaron rápidamente la ayuda para cubrir las necesidades urgentes de los varados en la frontera con Chile. Los socios nacionales del sector de WASH, ayudaron a reducir el riesgo de enfermedades infecciosas mediante formaciones en la gestión de residuos y la rehabilitación de los servicios de saneamiento en espacios públicos, entre otros.
Los socios de R4V del Sector Nacional de Salud llegaron a 127 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de la comunidad de acogida afectada, a través de una doble estrategia: la promoción de la inclusión de personas refugiadas y migrantes en el Seguro Integral de Salud (SIS) y con la asistencia médica directa (incluida la atención de la salud sexual y reproductiva).
Una de las prioridades del RMRP en Perú es promover la integración, reduciendo la discriminación y fomentando actividades generadoras de ingresos dignos. Para ello, los socios de R4V abogaron por la adopción de una estrategia nacional para la integración socioeconómica por parte del gobierno de Perú, proporcionaron estrategias de promoción para combatir la xenofobia y dictaron capacitaciones sobre la integración socioeconómica inclusiva, acompañado de apoyo técnico y financiero. Además, se ayudó a 27 mil personas refugiadas y migrantes a acceder a servicios financieros y 832 personas refugiadas y migrantes convalidaron sus títulos académicos para acceder al mercado laboral formal.
Promover el acceso, la permanencia y una educación de calidad son pasos clave para la integración de las niñas y niños refugiados y migrantes. Los socios de R4V facilitaron la matriculación de 1,618 personas refugiadas y migrantes, y capacitaron a 11,1 mil miembros del personal escolar en prevención de la xenofobia para mejorar la permanencia.
Además, 14 nuevos miembros se unieron al GTRM, aumentando el número de miembros a 113 en 2023. En consonancia con el compromiso del GTRM de integrar activamente a la comunidad de personas refugiadas y migrantes, 13 organizaciones venezolanas lideradas por personas refugiadas y migrantes desempeñaron un papel clave en la respuesta nacional y en la elaboración de la actualización del RMRP 2024.
Lecciones Aprendidas
A pesar de la escasez de fondos, los socios de R4V prestaron un apoyo sustancial. El breve plazo de 6 meses para el proceso de regularización supuso un reto tanto para las personas refugiadas y migrantes como para los socios de R4V. Para facilitar el proceso, los socios de R4V llevaron a cabo varias actividades conjuntas, como la creación de oficinas descentralizadas y la difusión de información sobre el procedimiento, para maximizar el alcance a personas refugiadas y migrantes.
Las personas refugiadas y migrantes se enfrentan a mayores riesgos debido a la dificultad para acceder al país de forma regular. Además, la falta de una vía de regularización para los llegados después de mayo de 2023 dificultó su integración. En 2024, los socios de R4V seguirán abogando por mecanismos que promuevan vías regulares.
Los discursos de discriminación y xenofobia siguen aumentando, creando un entorno hostil hacia la comunidad de personas refugiadas y migrantes. Los socios de R4V seguirán promoviendo y aplicando programas centrados en la integración, la coexistencia pacífica, el acceso a los derechos y medios de vida dignos.
Por último, los socios de R4V promoverán actividades de preparación ante catástrofes y una mayor coordinación con las partes clave.
Foto de Portada: Plan Internacional
Caribe
Situación
A pesar del crecimiento económico en los países de la subregión, las personas refugiadas y migrantes de Venezuela enfrentaron desafíos para satisfacer sus necesidades humanitarias de protección, integración, seguridad alimentaria, educación y salud, que continuaron elevadas debido al impacto adverso de las altas tasas de inflación y la consiguiente disminución del poder adquisitivo.
El acceso a los distintos territorios siguió siendo limitado debido a los estrictos requisitos de entrada y a las restricciones fronterizas, lo que hizo que se recurriera a rutas irregulares peligrosas con riesgos de protección. A lo largo del año se observaron llegadas irregulares en embarcaciones a Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, con informes de embarcaciones volcadas en rutas peligrosas que dieron lugar a casos de personas refugiadas y migrantes fallecidas o desaparecidas. Aunque la devolución de embarcaciones redujo el número de personas refugiadas y migrantes que llegaron a los países de la subregión, muchas de las que llegaron fueron detenidas, deportadas y devueltas. En este contexto, en 2023, el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago rechazó la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, debido a la ausencia de su incorporación a la legislación nacional, lo que intensificó la incertidumbre jurídica y social para muchas personas venezolanas. La decisión está siendo revisada por el Tribunal Superior de Apelación.
La falta de opciones para que las personas refugiadas y migrantes obtengan un estatus regular o soliciten asilo, junto con las oportunidades laborales restrictivas en varios países de la subregión, aumentan aún más los riesgos de explotación y abuso, y crean situaciones en las que no pueden acceder a servicios esenciales, como la atención a la salud, la educación y el apoyo jurídico y de protección.
En República Dominicana a través de su Plan de Normalización para Personas Venezolanas (PNV), a diciembre de 2023, de las 43 mil personas venezolanas registradas, unas 25 mil personas que cumplían los requisitos recibieron tarjetas de residencia (incluidos 21,341 visados temporales de trabajo y 3,596 visados de estudiante), lo que facilitó su integración socioeconómica. Para quienes no pudieron registrarse al “Plan de Normalización” en 2021 por falta de recursos económicos (y para quienes llegaron después), el acceso al empleo formal y a los servicios sigue siendo difícil y con pocas perspectivas de mejora, ya que las autoridades no han anunciado intenciones de reabrir el “Plan de Normalización”.
En Guyana, aunque la salud y educación están al alcance de todos, los problemas burocráticos, la elevada inflación y el aumento en las tensiones derivadas de un conflicto fronterizo con Venezuela por la región de Esequibo, contribuyeron a crear un entorno aún más difícil para las personas venezolanas que luchan para acceder a permisos de trabajo; lo que a menudo conduce a la adopción de mecanismos de afrontamiento negativos, mayores riesgos de protección y falta de autosuficiencia. Para abordar las barreras lingüísticas a las que se enfrentan las y los estudiantes venezolanos en Guyana, las autoridades empezaron a proporcionar libros y a realizar exámenes nacionales en español, y anunciaron su intención de hacer el español una materia obligatoria en las escuelas para todas las niñas y niños. El gobierno de Trinidad y Tobago anunció planes para integrar a las niñas y niños refugiados y migrantes en las escuelas públicas. Aunque se establecieron criterios de admisión y se evaluó el dominio del inglés de los futuros estudiantes, siguen pendientes los detalles sobre la aplicación de este compromiso, que deja a las niñas y niños refugiados y migrantes venezolanos fuera de las escuelas públicas.
Respuesta
En 2023, los socios de R4V en el Caribe llegaron a 29,9 mil personas refugiadas y migrantes de Venezuela y miembros de las comunidades de acogida afectadas, con una serie de servicios de asistencia, que representan el 36,9% de la población objetivo.
Los socios de R4V mostraron una planificación estratégica y adaptativa a la hora de abordar las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes. Esto incluyó la incorporación de un enfoque basado en los derechos, la consideración de edad, género y diversidad, y la adopción de un enfoque basado en la comunidad, siempre que fuera posible. La integración y la protección siguieron siendo un objetivo primordial, como lo demuestran los cambios políticos y de incidencia política. En Aruba, los socios colaboraron con el gobierno para modificar sus políticas de concesión de permisos de trabajo, permitiendo a las organizaciones internacionales cubrir los costos de la solicitud (que antes le correspondía pagar a los empleadores) y permitiendo a las personas refugiadas y migrantes permanecer en la isla mientras se tramiten los permisos. Además, los socios arubeños trabajaron con el gobierno en la garantía de calidad, examinando exhaustivamente el proceso de asilo para asegurar procedimientos equitativos y eficientes que cumplan con las normas internacionales. Las medidas de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP, por sus siglas en inglés) aseguraron valiosas consultas con personas refugiadas y migrantes; se impartió una formación a 44 miembros de organizaciones socias y funcionarios del gobierno, sobre protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS). La serie de Desayunos Humanitarios de R4V en Trinidad y Tobago reunió a las principales partes interesadas, incluyendo donantes y representantes del gobierno, para debatir sobre las necesidades de las personas refugiadas y migrantes, centrándose en 2023 en temas referentes a la educación, la integración, la atención de salud, el apoyo jurídico y la violencia basada en género.
Se dio prioridad a los servicios de protección para hacer frente a las necesidades identificadas, centrándose en la orientación jurídica, el asesoramiento y la asistencia comunitaria para apoyar a las personas refugiadas y migrantes vulnerables, incluyendo a los sobrevivientes de la violencia basada en género y a las víctimas de la trata de personas. Los socios de Trinidad y Tobago también reforzaron la lucha contra la trata impartiendo una formación sobre ciberdelincuencia a 307 funcionarios públicos y otras partes interesadas. Para garantizar el acceso de las personas venezolanos a los derechos y servicios, los socios de todos los países de la subregión ofrecieron sesiones informativas, asesoramiento y asistencia cuando fuese necesario.
Las iniciativas de integración de R4V incluyeron formación empresarial, clases de idiomas y exposiciones culturales para unas 800 personas refugiadas y migrantes de toda la subregión. En Trinidad y Tobago, R4V organizó el Primer Foro de Pueblos Indígenas para dar seguimiento a los resultados de las mesas redondas de consulta nacional de 2021. El Foro contó con la participación de 200 representantes de la comunidad indígena venezolana Warao, comunidades locales (incluidos los Primeros Pueblos de Trinidad y Tobago), agencias de la ONU, ONG y funcionarios gubernamentales. Los participantes debatieron e identificaron oportunidades de colaboración para abordar colectivamente los retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas venezolanas, incluidas las oportunidades de integración cultural y económica con los Primeros Pueblos de Trinidad y Tobago. Un plan de acción respaldará el seguimiento de las acciones identificadas. Además, los socios de R4V trabajaron con el gobierno guyanés para mejorar la recopilación de datos y los esfuerzos de respuesta para los indígenas Warao de Venezuela, incluyendo la distribución de alimentos y kits de higiene que llegaron a 1,4 mil personas.
Una evaluación conjunta de los medios de subsistencia realizada por los socios de R4V junto al gobierno de Guyana examinó los retos de las personas venezolanas y sirvió de base para intervenciones de integración. Los socios de R4V en República Dominicana apoyaron una orquesta sinfónica dominico-venezolana, promoviendo la solidaridad a través del intercambio cultural. También apoyaron la aplicación del plan de normalización, llegando a 2,7 mil personas con apoyo a lo largo de las diversas fases del PNV, incluyendo programas de orientación y centros de información.
Las iniciativas de educación de los socios de R4V en Aruba, Curazao, Guyana y Trinidad y Tobago proporcionaron apoyo lingüístico y clases extraescolares a 3,8 mil niñas, niños y adolescentes. Las niñas y niños indígenas pendientes de escolarización en Guyana recibieron clases de inglés a través de iniciativas comunitarias, que también ayudaron a las personas venezolanas adultas a integrarse en sus comunidades de acogida. La labor de promoción de los socios de R4V contribuyó a que Trinidad y Tobago se comprometiera a incluir gradualmente en las escuelas públicas a las niñas y niños refugiados y migrantes registrados y aunque se espera su aplicación, los socios prestaron apoyo para ayudar a facilitar su inclusión en las escuelas. Al mismo tiempo, los socios de R4V brindaron apoyo educativo a quienes no tenían acceso a las escuelas públicas.
Los socios de R4V también ayudaron a las personas refugiadas y migrantes a acceder a los servicios de WASH, especialmente en las zonas rurales de Trinidad y Tobago y de Guyana, y a servicios de atención primaria, incluidos los de salud mental y a través de consultas de telesalud. En los cinco países se llevaron a cabo iniciativas de Seguridad Alimentaria, como programas de distribución y asistencia con cupones, mientras que en la mayoría de los países los socios proporcionaron subsidios de alquiler, garantizando así el alojamiento de las personas refugiadas y migrantes vulnerables.
Lecciones Aprendidas
Debido a que solo se recibió el 13% de los 72,65 millones de dólares necesarios, los niveles de financiación insuficientes en la subregión del Caribe impidieron la ejecución de las actividades planificadas, incluida la continuación de los proyectos de asistencia, lo que afectó a las personas refugiadas y migrantes. Para 2024, los socios de R4V pretenden mejorar la coordinación, el intercambio de recursos y la eficiencia y participarán en la primera Evaluación Conjunta de Necesidades Regional (ECN), que facilitará la obtención de los datos necesarios para una planificación y ejecución más efectivas, así como la promoción. La Plataforma Subregional también dará prioridad a su colaboración con organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes (de las cuales 8 ya están incluidas como socios solicitantes en el RMRP 2024). Esto generará confianza y fomentará la cohesión de la comunidad. Los socios caribeños seguirán demostrando flexibilidad y adaptabilidad al abordar los desafíos específicos a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes en esta subregión, mientras que los sólidos mecanismos de seguimiento y evaluación facilitarán el aprendizaje continuo y el perfeccionamiento de los enfoques.
Foto de Portada: Gema Cortes/OIM
Centroamérica y México
Situación
A lo largo del 2023, la situación de las personas refugiadas y migrantes en la subregión de Centroamérica y México se caracterizó en gran medida por movimientos sucesivos y de tránsito sin precedentes, principalmente hacia el norte. En 2023, 520,085 personas refugiadas y migrantes cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá, incluidos 113,180 niñas y niños, más del doble que en 2022. El 63% de esta población procedía de Venezuela, seguida de Ecuador (11%), Haití (9%), China (5%) y Colombia (4%). El fin de una restricción de entrada a los Estados Unidos de América de la era COVID-19 en mayo de 2023 (conocida como Título 42), fue seguido por una disminución inicial de los movimientos irregulares hacia el norte durante unos meses, en gran parte debido a las incertidumbres en torno a los posibles impactos de este cambio de política, que incluiría medidas más estrictas de aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, estos movimientos aumentaron después, alcanzando en agosto un récord sin precedentes de 81,946 cruces. En la frontera suroeste de Estados Unidos con México se registraron 360,584 cruces irregulares de personas venezolanas en 2023. En Darién se registraron cientos de casos de violencia sexual, lo que evidencia las vulnerabilidades adicionales a las que se enfrentan principalmente las mujeres refugiadas y migrantes. Además, las autoridades panameñas registraron quince niños nacidos durante el tránsito en el Darién.
En respuesta a estos movimientos irregulares sin precedentes, en septiembre de 2023, el gobierno de Panamá anunció nuevas medidas coercitivas y el gobierno de Costa Rica declaró estado de emergencia. En octubre de 2023, estos gobiernos también acordaron permitir a empresas privadas de autobuses transportar a personas refugiadas y migrantes desde las estaciones de recepción temporal del Darién (Panamá) directamente a la estación migratoria de Paso Canoas (Costa Rica). Por el contrario, tras la Declaración suscrita en la Cumbre Migratoria en Palenque con líderes regionales latinoamericanos en octubre de 2023, los gobiernos de México y Venezuela anunciaron que reanudarían los vuelos de repatriación a Venezuela. A lo largo de la frontera norte con Estados Unidos, se reportó un aumento de los secuestros y extorsiones por parte de grupos delictivos organizados debido a un conflicto en curso entre facciones de actores no estatales.
Para apoyar la integración de las personas venezolanas en destino, los gobiernos de Costa Rica y Panamá iniciaron permisos temporales, que facilitaron el acceso al empleo formal, a servicios de salud y educación (a los que antes era difícil acceder), para quienes se encontrasen en situación irregular. En Costa Rica se aprobaron 6,268 solicitudes en 2023, entre ellas las de 2,546 personas venezolanas. En Panamá, se aprobaron más de 8,000 permisos temporales. Sin embargo, pocas personas venezolanas pudieron acceder a este permiso, en parte por los elevados costos de solicitud, que ascendían a aproximadamente 1.000 dólares estadounidenses por persona. Aunque estas medidas le facilitan el acceso a un estatus regular temporal, empleo y servicios a algunas personas venezolanas, aquellos que llegaron recientemente – y los recién llegados – no tendrán acceso a estos permisos. En México, 63,2 mil personas venezolanas tenían residencia permanente en 2023 (42 mil en 2022), mientras que 11.400 tenían residencia temporal (16,2 mil en 2022). Además, 431 nuevas solicitudes de naturalización fueron presentadas por personas venezolanas y se aprobaron 1,8 mil casos pendientes. Estos avances demuestran el progreso en el proceso de integración de las personas venezolanas en México.
Se observó un descenso en las nuevas solicitudes de asilo de personas venezolanas en comparación con 2022. En México, el número de solicitudes de asilo se redujo en un 63%, tras las decisiones tomadas en octubre de 2023 por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de suspender la emisión de citas para el registro de asilo y por el Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), ambas para evitar su uso por quienes pretenden transitar por el país. En 2023, hubo 5,5 mil solicitudes de asilo por parte de personas venezolanas (14,8 mil en 2022), con una tasa de aprobación del 82% (90% en 2022), lo que eleva a 24,3 mil el número de personas venezolanas reconocidas como refugiadas en México desde 2013. En Costa Rica, hubo 1,8 mil solicitudes de asilo de personas venezolanas (5,8 mil en 2022) y 293 solicitudes aprobadas, totalizando ahora 2,3 mil personas venezolanas reconocidas como refugiadas. En Panamá, 21 solicitudes de asilo fueron presentadas por personas venezolanas (114 en 2022), mientras que 23 fueron reconocidas como refugiadas, elevando a 71 el número de personas venezolanas reconocidas como refugiadas .
Respuesta
Para responder a las necesidades sin precedentes en 2023, los socios de R4V trabajaron con todos los niveles de gobierno para proporcionar asistencia a 300,8 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida en Costa Rica, Panamá y México, incluyendo a 258,4 mil personas refugiadas y migrantes en tránsito (en el caso de México, la respuesta se limitó a las personas venezolanas), lo que representa el 227% de la población objetivo. El número de personas atendidas superó las metas, principalmente en Protección de la Niñez (en un 367%), WASH (en un 259%), Seguridad Alimentaria (en un 166%) y Violencia Basada en Género (en un 150%). Esto puede atribuirse al inesperado aumento de los movimientos sucesivos y de tránsito, que obligó a los socios a ajustar las actividades previamente planificadas para responder a la nueva situación de emergencia.
Los socios facilitaron acceso al agua y artículos de higiene a más de 264,4 mil personas con necesidades; prestaron servicios de salud vitales, como consultas médicas, acceso a servicios médicos de urgencia, seguro médico y donación de medicamentos a 49 mil personas vulnerables; y asistencia para la protección de la niñez a más de 81,9 mil niñas y niños, en particular a través de espacios seguros para niñas y niños en las rutas de tránsito, lo que también facilitó la prestación de asistencia psicosocial y jurídica y la aplicación de medidas de atención a las niñas y niños no acompañados o separados de sus familias. Los socios también brindaron ayuda especializada y apoyo jurídico a cientos de supervivientes de la violencia basada en género y víctimas de la trata, especialmente mujeres, llegando a 52 mil personas con necesidades en el Subsector de Violencia Basada en Género. Al mismo tiempo, los socios trabajaron con los gobiernos para comunicar a las personas refugiadas y migrantes los riesgos asociados a las rutas irregulares.
Para apoyar la protección e integración de las personas refugiadas y migrantes en destino en la subregión, los socios de R4V les ayudaron a obtener estatus regular, incluyendo permisos temporales. En México, también se brindó apoyo en el proceso de naturalización de 175 personas venezolanas. Los socios colaboraron estrechamente con los gobiernos para mejorar los sistemas de asilo y tramitar las solicitudes. En Panamá, los socios apoyaron al gobierno con la apertura de una Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) en Metetí para recibir las solicitudes de asilo de las personas que entran en Panamá.
Las actividades de integración socioeconómica en la subregión beneficiaron a 719 personas refugiadas y migrantes a través de programas de emprendimiento y empleo, acceso a centros comunitarios y actividades de cohesión social como campañas y talleres creativos para que las familias mejoren espacios públicos, por ejemplo, con murales comunitarios.
En México, los socios ayudaron a 408 personas venezolanas a acceder a la educación, entre otras cosas mediante becas para facilitar su acceso a la educación terciaria y la certificación de estudios realizados fuera de México. En Costa Rica, se distribuyeron kits de aprendizaje para la primera infancia y material escolar para primaria y secundaria, que beneficiaron a 3,520 personas refugiadas y migrantes en destino. En Panamá, los socios impartieron talleres educativos centrados en competencias técnicas y sociales a 69 personas venezolanas.
Lecciones Aprendidas
Las necesidades de un número sin precedentes de personas refugiadas y migrantes que transitan por la subregión superan con creces las capacidades de respuesta de gobiernos y socios de todos los sectores. Las organizaciones venezolanas lideradas por personas refugiadas y migrantes desempeñaron un papel clave al identificar y llegar a las poblaciones más vulnerables. Además, al compartir los retos a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes, permitieron a los socios de R4V adaptarse al contexto de esta subregión. No obstante, la limitada financiación de las actividades del RMRP sigue siendo un problema que afecta a la capacidad de respuesta de los gobiernos y los socios, especialmente de las organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes.
En 2024, los socios de a R4V aumentarán la visibilidad de las necesidades y las actividades de respuesta para movilizar recursos adicionales, y trabajarán para apoyar a las organizaciones dirigidas por personas refugiadas y migrantes, entre otras, mediante el desarrollo de capacidades y la recaudación de fondos. Seguirán abogando por el acceso al estatus regular, al asilo y por la extensión de los permisos temporales en Costa Rica y Panamá, a la vez, continuarán sensibilizando sobre los riesgos de las rutas irregulares y proporcionarán asistencia humanitaria. Las Plataformas R4V de Costa Rica y Panamá participarán en la primera evaluación conjunta de las necesidades regional de recopilación de datos cuantitativos primarios, que mejorará los datos sobre las personas refugiadas y migrantes venezolanas en estos países para permitir la planificación y ejecución de actividades basadas en pruebas.
Foto de Portada: R4V
Cono Sur
Situación
En 2023, la subregión fue testigo de dos dinámicas paralelas pero diferentes, en relación con la situación de las personas refugiadas y migrantes. Argentina, Paraguay y Uruguay sirvieron principalmente como países de destino, con personas refugiadas y migrantes enfocadas en su integración socioeconómica y en establecerse en viviendas a largo plazo. Bolivia, por otro lado, sigue sirviendo como país de tránsito, con personas refugiadas y migrantes que pasan por breves períodos, en ruta hacia otros destinos, ya sea hacia el sur o hacia el norte. Este tránsito suele estar marcado por graves necesidades humanitarias y de protección.
En 2023, los gobiernos de Argentina, Paraguay y Uruguay mantuvieron un entorno de protección favorable y vías de acceso a territorios relativamente abiertas, lo que se tradujo en bajos niveles de irregularidad de personas refugiadas y migrantes. Las políticas de apoyo a la integración en Uruguay se convirtieron en un atractivo para las personas refugiadas y migrantes, por lo tanto, se vio un crecimiento sostenido en esta población (+42,9% en comparación con finales de 2022). En un contexto político-socioeconómico difícil, Argentina experimentó una inflación extraordinariamente alta (que alcanzó el 254% interanual). Los correspondientes aumentos en los costos de los bienes y servicios básicos, el aumento en la informalidad laboral y el estancamiento de los salarios afectó profundamente a los ciudadanos argentinos, las perspectivas de integración de las personas refugiadas y migrantes se vieron afectadas, especialmente entre aquellos en condiciones más vulnerables (por ejemplo, hogares encabezados por mujeres, ancianos, etc.). En diciembre de 2023, asumió un nuevo gobierno en Argentina, que implementó nuevas medidas migratorias, cuyo impacto se observará en 2024. Entre ellas, la exigencia a los nacionales del MERCOSUR de una visa previa al ingreso al país para estudiar y/o trabajar, en lugar de la modalidad anterior que permitía obtener el permiso de residencia luego de ingresar al país.
En Bolivia, donde persisten los obstáculos para la regularización y el acceso al asilo, así como las dificultades para acceder a los servicios básicos y las escasas oportunidades para obtener ingresos estables en un mercado laboral informal; el entorno de protección para las personas refugiadas y migrantes no mejoró, pese a los esfuerzos de los socios de R4V.
Como resultado de los requisitos prohibitivos de visado y las dificultades para acceder al asilo, aproximadamente el 57% de las personas refugiadas y migrantes permanecen en situación irregular en Bolivia, lo que les expone a la explotación y el abuso por parte de la creciente red de bandas criminales organizadas. Como se destaca en el RMNA, la atención de salud ha sido calificada de inadecuada y costosa, y el acceso a la educación sigue siendo limitado a pesar de los avances del Ministerio de Educación para promover un marco normativo más inclusivo para las niñas y niños refugiados y migrantes (Resolución 1123/2023 del Ministerio de Educación). Además, los niveles de xenofobia y discriminación hacia las personas refugiadas y migrantes aumentaron en 2023.
Se observaron movimientos sucesivos y de tránsito entre países de la subregión predominantemente a través de Bolivia y sus países vecinos; y de Argentina a Uruguay y Chile – en gran parte dentro de un contexto regional más amplio de crecientes movimientos hacia el norte, a menudo debidos a que las personas refugiadas y migrantes son incapaces de integrarse en las comunidades de acogida de los países del Cono Sur.
Respuesta
En 2023, los socios de R4V llegaron a 55,3 mil personas en todo el Cono Sur con diversos tipos de asistencia en el marco del RMRP, lo que representa casi el 30% de la población meta. En consonancia con las necesidades del RMNA 2022, la respuesta priorizó las intervenciones de protección y fomentó la integración efectiva. Además, se dedicaron esfuerzos a proporcionar intervenciones humanitarias urgentes, con especial énfasis en los puntos fronterizos y en la creciente población en tránsito en Bolivia.
Los socios de protección prestaron asistencia a 15 mil personas refugiadas y migrantes y miembros de las comunidades de acogida afectadas; más de la mitad de la población meta de la subregión. Los socios se centraron en promover y apoyar el acceso a los territorios, las iniciativas de regularización, el acceso a la protección internacional y a la documentación. Los socios reforzaron el monitoreo de los movimientos de personas refugiadas y migrantes, especialmente en los pasos fronterizos de Bolivia, difundieron información importante sobre asuntos relacionados con la protección y ofrecieron asistencia y asesoramiento jurídicos a personas refugiadas y migrantes. Además, los socios siguieron ofreciendo sesiones de capacitación a los actores de la respuesta, incluyendo a socios de R4V y funcionarios del gobierno, para reforzar el enfoque basado en la protección y los derechos humanos, integrando consideraciones de género, edad y diversidad.
El Sector de Integración llegó a 6,9 mil personas refugiadas y migrantes y comunidades de acogida con servicios enfocados en fortalecer el autoempleo de las personas refugiadas y migrantes, campañas de sensibilización sobre los derechos laborales, así como la abogacía con actores gubernamentales y estrategias de inclusión financiera. En Argentina, hacia finales de 2023 y teniendo en cuenta la crisis económica, los socios del sector priorizaron el apoyo a oportunidades empresariales con perspectivas de empleo inmediato, incluyendo la provisión de capital inicial y la participación en ferias comerciales. En respuesta a los crecientes niveles de discriminación contra personas refugiadas y migrantes en la subregión (en Argentina, la percepción de discriminación contra personas refugiadas y migrantes venezolanas aumentó del 15% al 35% entre 2020 y 2023, según la Encuesta Nacional Migrante de Argentina 2023), los socios de R4V implementaron diversas actividades de cohesión social, como campañas contra la xenofobia.
Junto a las asociaciones de profesionales venezolanos en Argentina, Paraguay y Uruguay, el Sector de Integración abogó por el reconocimiento y la validación de títulos académicos y la certificación de habilidades y competencias laborales por parte de los centros educativos públicos, las universidades y los sindicatos.
En el Sector de Salud, los socios avanzaron en la cobertura del seguro médico en Uruguay y Bolivia mediante una defensa conjunta ante las autoridades de salud nacionales y locales para el reconocimiento de documentos temporales y la asistencia directa para la afiliación.
En Argentina, Paraguay y Uruguay, los socios del Sector de Educación capacitaron a profesores y miembros de la comunidad educativa en un enfoque intercultural para promover la integración y fomentar la permanencia en la escuela de las niñas y niños refugiados y migrantes. En Bolivia, los socios del Sector de Educación de R4V establecieron un grupo de trabajo con el Ministerio de Educación para promover la inclusión de las niñas y niños en el sistema educativo. Gracias a este mecanismo conjunto de promoción, en noviembre se logró revocar una resolución que establecía la necesidad de tener documentación del país de origen como requisito para matricularse. En su lugar, en 2024 entrará en vigor una nueva resolución que permitirá la inscripción de niñas y niños extranjeros utilizando un certificado de nacimiento o documentos expedidos por otro Estado receptor. En su defecto, bastará con una declaración jurada de un adulto responsable. Los socios de Educación esperan que estas medidas reduzcan la disparidad de criterios y la arbitrariedad en la admisión escolar, que se observó como una necesidad emergente atribuida al creciente número de personas con deseos de establecerse en el país y a la desinformación entre los funcionarios escolares.
Dadas las persistentes deficiencias en el acceso a un alojamiento o a una vivienda adecua, el Sector de Alojamiento dio prioridad a las soluciones de alojamiento temporal o a medio plazo en los cuatro países, llegando a 14,5 mil personas refugiadas y migrantes. El apoyo se prestó principalmente a través de la asistencia en efectivo y cupones (CVA). Esta modalidad se utilizó con frecuencia para atender también otras necesidades básicas como la seguridad alimentaria y artículos WASH.
Lecciones Aprendidas
La limitada financiación en toda la subregión supuso un reto importante para los socios de R4V (la subregión solo recibió el 9,6% de los fondos solicitados en el marco del RMRP 2023), lo que dificultó su capacidad para aplicar eficazmente programas de integración a mediano y largo plazo. Uno de los principales retos identificados por los socios fue la falta de una asociación sólida con el sector privado, lo que permitiría una abogacía más eficaz para la inclusión social y laboral de las personas refugiadas y migrantes.
Tras años de movimientos a gran escala de personas refugiadas y migrantes en la región, así como del establecimiento de diversos sistemas de documentación temporal y regularización, todavía persisten los problemas con el reconocimiento de la validez de estos documentos por parte de las autoridades locales del Cono Sur. Los socios de la Plataforma darán prioridad a la sensibilización para garantizar que las autoridades locales reconozcan estos documentos y que las personas refugiadas y migrantes puedan acceder a los servicios esenciales.
En 2023, la Plataforma Subregional del Cono Sur registró un aumento positivo en la participación de socios en foros de intercambio y talleres para la evaluación conjunta de necesidades (ECN), con la participación de 70 socios. En 2024, la Plataforma ampliará los talleres de ECN a los cuatro países de la subregión para permitir un análisis más exhaustivo de la situación. Además, en 2023, la Plataforma estableció a los sectores en la subregión, colocando a organizaciones cualificadas, incluidas las de la ONU, ONG y OSC, en puestos de liderazgo en sus áreas de especialización.